A través de la adhesión de la Provincia al artículo 34 de la ley nacional 23.737, combatirá el microtráfico de drogas para frenar las graves consecuencias que genera en los diversos sectores de la comunidad.
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A través de la adhesión de la Provincia al artículo 34 de la ley nacional 23.737, combatirá el microtráfico de drogas para frenar las graves consecuencias que genera en los diversos sectores de la comunidad.
Se trata de una herramienta para ser utilizada en contra del creciente y preocupante problema del narcotráfico y también del consumo, se resaltó durante el extenso debate realizado anoche en la Cámara baja.
La mayoría de los oradores remarcaron que el paso legislativo que se está dando permite vislumbrar un cambio en defensa de las personas, especialmente del sector infanto juvenil, el más necesitado de una efectiva protección y contención.
Pero hubo voces que advirtieron sobre eventuales problemas de competencias judiciales, tanto nacional como provincial e interjurisdiccional, asimismo de constitucionalidad.
También se observó que no debe implicar mayor saturación para el sistema judicial provincial y se pidió establecer una adecuada infraestructura judicial.
En este sentido, la ley autoriza al Ejecutivo provincial a adoptar medidas para realizar las creaciones necesarias, que se concreten las reformas administrativas y de estructuras y, esencialmente, asignaciones presupuestarias necesarias para el objetivo que se persigue.
También se remarcó que para una efectiva lucha contra el narcotráfico es necesario coordinar acciones con la jurisdicción nacional.
En este sentido se pidió gestionar para que la Nación se involucre, porque ahora, desde ese ámbito, poco y nada hace para combatir el problema en la frontera norte de la provincia. “Se trata de un reclamo de años y no se puede conseguir que se entienda lo que pasa en esa zona”, puntualizó el diputado Javier David (FS).
La mayoría de los diputados cuestionó que la ley comience a regir dentro de un año, desde la promulgación. Este plazo fue considerado excesivo y se pidió achicar el tiempo para que comiencen a funcionar los nuevos juzgados. Se consideró que debería regir desde el uno de enero del 2014.
La ley 23.737 del 2005, a través del artículo 34, prevé que las provincias puedan adherirse para luchar contra delitos relacionados con el comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes “fraccionados en dosis” destinadas al consumidor.
Los diputados abogaron por acciones destinadas a proteger a los jóvenes y en su conjunto al tejido social comunitario. “Debatir con terminología legislativa nos alegra, pero la realidad diaria por causa de las drogas no entristece”, dijo el diputado del PRS Valenzuela.
Tras pedir un fuerte compromiso del Estado, el diputado Marcelo Bernad (FD) hizo notar que eso no es posible cuando la Agencia Antidrogas no compra narcotest y en el 2012 solo obtuvo una donación de 50 ampollas. El diputado del PPS, Mario Abalos, consideró que los nuevos jueces y fiscales deberán trabajar con eficiencia para sancionar delitos referidos al microtráfico.
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