Luego de permanecer detenido una semana por los disturbios del 19 de junio pasado en Embarcación, el dirigente Jorge René Moya aseguró que persisten los actos de injusticia por parte del intendente Alfredo Llaya, al tiempo que anunció que presentará una denuncia contra del fiscal de Tartagal, Pablo Cabot, por no haber impulsado ninguna investigación en relación con el atentando con armas de fuego perpetrado contra su negocio al día siguiente de los hechos. Esto es lo que dijo en una entrevista con El Tribuno.
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Luego de permanecer detenido una semana por los disturbios del 19 de junio pasado en Embarcación, el dirigente Jorge René Moya aseguró que persisten los actos de injusticia por parte del intendente Alfredo Llaya, al tiempo que anunció que presentará una denuncia contra del fiscal de Tartagal, Pablo Cabot, por no haber impulsado ninguna investigación en relación con el atentando con armas de fuego perpetrado contra su negocio al día siguiente de los hechos. Esto es lo que dijo en una entrevista con El Tribuno.
¿Cuál es su análisis de los disturbios del 19 de junio y las detenciones que se produjeron?
El único análisis que puedo hacer es que el intendente Llaya mostró su verdadera cara. Es decir, gobernar para sí mismo, para llenarse los bolsillos, dándole la espalda a la gente. Los desocupados y los sin techo reaccionaron cansados de tanta desidia y eso no le gustó.
¿Qué lectura hace de las detenciones?
Es la respuesta de un hombre que se siente poderoso y ante el menor reclamo manda a presionar a la gente y la hace detener. Lo mío es un claro ejemplo. Yo estoy enfrentado políticamente con el intendente y como ese día salí a apoyar a los vecinos, me acusó de instigador y me hizo detener. Lo mismo pasó con María Zambrano, la dirigente de la comisión de los desocupados.
¿Y el caso de los otros detenidos?
Los hizo detener con la firme intención de que nunca más salgan a reclamar nada. Esto en buen lenguaje se llama intimidación. En otros lugares del país, los que participan de incidentes están detenidos horas, hablo de caso mucho más graves, en cambio aquí hay chicos que están privados de su libertad hace más de quince días.
¿Cuántos son los que permanecen en esa condición?
Hay cuatro en Padre Lozano y dos en Tartagal, entre ellos los dirigentes de la Comisión de Desocupados, María Zambrano y Ariel Gómez. Acompañé a los padres de los chicos para hablar con la juez Azucena Vázquez, en Tartagal, y se comprometió a liberarlos.
¿Qué pasa con los 200 puestos de trabajo que ofreció la empresa Contreras para la obra del gasoducto?
Todo lo está manejando Llaya a través de su principal testaferro, Martín Córdoba. Al grupo de lidera María Zambrano le ofrecieron cinco puestos. Esta es otra de las respuestas del intendente a quienes fueron a reclamarle por trabajo y a los que mandó preso.
¿La Comisión de Desocupados no habló con la empresa?
No los dejaron, porque Llaya con Córdoba a la cabeza coparon la parada. Los que están en contra del intendente no tienen cabida.
¿Cómo sabe esto?
Lo sé por la respuesta grosera que me dio ayer la gerenta de recursos humanos de la empresa, una tal Giuliana. Soy el presidente del Club Central Norte y como tal fui a presentar un proyecto para la construcción de unas canchas. Contreras, como grupo social empresario que viene a trabajar aquí, tiene la obligación de dejar algo para el pueblo. Esta mujer me trató de manera grosera y me dijo que a la empresa no le preocupan los desocupados que participaron de los incidentes del 19 de junio, porque Córdoba les aseguró que cuenta con doscientos piqueteros para garantizar el normal funcionamiento de los trabajos. Me pareció lamentable que una empleada de una empresa que va a venir a ganar plata aquí se dirija en esos términos hacia quienes hoy no tienen para darles de comer a sus hijos.
El atentado
¿Están investigando el atentado a su negocio?
La Justicia no movió un dedo y mucho menos la policía. Por impulso del intendente, a la Justicia lo único que le interesó fueron los ataque al negocio de Llaya. A mí me tirotearon el negocio y es como si hubieran tirado un cascote.
¿Y por qué no se hizo nada?
A mí me metieron preso y mi pobre madre tuvo que andar a las corridas, porque nadie le quería decir adónde me habían llevado. Pero yo creo que no hacía falta que nadie denuncie porque estamos hablando de un atentado con armas de fuego.
¿Quién es el responsable?
El principal responsable es el fiscal Pablo Cabot, quien estaba muy preocupado en pedir las detenciones de los manifestantes. Por eso lo voy a denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público.