La Corte Suprema de Justicia escuchó hoy las opiniones de diez especialistas sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, cinco en representación del Estado y la otra mitad por el Grupo Clarín, en una audiencia de fuerte contenido político previa al fallo definitivo sobre la validez de la norma.
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La Corte Suprema de Justicia escuchó hoy las opiniones de diez especialistas sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, cinco en representación del Estado y la otra mitad por el Grupo Clarín, en una audiencia de fuerte contenido político previa al fallo definitivo sobre la validez de la norma.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales y por más de tres horas, los jueces de la Corte escucharon a los argumentos de los ‘amicus curiae‘ (amigos de la Corte), que fueron seguidos en la puerta del palacio por cientos de militantes de organizaciones afines a la postura del Gobierno.
Con la presencia al inicio de los siete jueces, ya que Eugenio Zaffaroni salió a poco de comenzar porque tenía un viaje programado a Alemania, expusieron 15 minutos cada uno los diez amicus y los tres independientes sobre los artículos 45, 48, 41 y 161 de la ley de medios, en tanto que este jueves será el turno del Grupo Clarín y del Estado.
Uno de los discursos más vitoreados y aplaudido en el recinto fue el del periodista Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien criticó a la Corte el haber subsumido la opinión de los ‘amicus‘ a favor de una u otra
parte, ya que -sostuvo- ello ‘aplana el debate popular‘, y recordó que ‘además de las partes hay un país afuera‘.
Verbitsky criticó la ‘escandalosa dilación judicial que ha paralizado durante cuatro años la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde‘ y subrayó que el CELS concurría a la audiencia ‘para contribuir a que la democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura militar‘.
‘Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte la Corte desmiente el pronunciamiento de su Presidente (Ricardo Lorenzetti) contra la politización de la Justicia y aplana a la mera cuestión de partes un debate vital‘, indicó poco antes de entregarle la palabra a Damián Loreti, abogado especializado en derecho de la comunicación, quien brindó la argumentación técnica a favor de la ley y puso numerosos ejemplos de la jurisprudencia internacional.
Asdrubal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, fue el primero en exponer a favor del grupo Clarín: se refirió a la idea de ‘libertad y diversidad informativa‘ y señaló que ‘la asignación de licencias tiene impacto directo sobre la libertad de expresión‘.
Le siguió el abogado Beinuz Smuckler, ‘amicus‘ a favor del Estado, que acusó a Clarín de ser un ‘monopolio informativo asociado a la red mundial de la desinformación‘ y pidió al máximo tribunal que ‘se permita la vigencia plena‘ de la norma.
‘Los que detentan el control monopólico (de medios) incurren en discriminación y ensanchan la desigualdad existente. No está en juego la libertad de prensa ni de expresión‘, apuntó, en alusión a los artículos cuestionados, que fijan límites a la concentración de licencias y establecen que en la propiedad de licencias no hay
derechos adquiridos.
Otro de los ‘amicus‘ a favor del Grupo Clarín fue Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, a quien también adhirió Luis Pardo de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) quien recordó el valor de la ‘autonomía financiera de los medios sin la cual la opinión no existe‘.
Además, el letrado advirtió al Tribunal de ‘efectos indeseables‘ que podría acarrear la norma, la que -a raíz de las demandas iniciadas por el Grupo Clarín- nunca llegó a aplicarse plenamente y está parcialmente declarada inconstitucional.
Por su parte, Carlos Ruta de la Universidad de San Martín pidió ‘democratizar la palabra ante la posibilidad que alguno quiera arrogársela para sí‘ y aseguró que ‘está en juego la democracia constitucional, ya que los poderes sin límites ni controles
tienden a concentrarse‘.
La misma postura expuso Víctor Abramovich, de la Universidad de Lanús, quien aseguró que ‘es un deber del Estado el garantizar el interés público por la pluralidad y diversidad de voces‘ y remarcó que ‘la restricción a la cantidad de licencias se funda en el objetivo de favorecer la competencia‘.
Otro de los ‘amicus‘ a favor del Gobierno fue el titular de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien en un discurso muy crítico y apasionado aseguró que ‘el pluralismo es necesidad de la democracia no del mercado‘.
‘¿Tenemos garantías cuando un grupo maneja la palabra?‘, cuestionó Villafañe, quien pidió a la Corte ‘poner las cosas en su lugar y subordinarse a la libertad de expresión para todos y no para algunos‘.
El abogado Lucas Sebastián Grossman, ‘amicus‘ de Clarín se manifestó en contra del fallo, lo que provocó el abucheo de la concentración ubicada durante toda la audiencia en Talcahuano 550, donde por la tarde se realizó un acto con participación de
agrupaciones políticas cercanas al Gobierno.
Cerraron la audiencia los ‘amicus‘ independientes: Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación; Cynthia Ottaviano de la Defensoría del Público y Juan Vicente Sola del Centro de Estudios en Derecho y Economía.
Gils Carbó advirtió sobre el ‘peligro de la concentración‘ y reclamó un ‘fallo histórico‘ a favor de la constitucionalidad, tal como ella misma dictaminó semanas atrás en la causa, que ahora deberá definir la Corte Suprema de Justicia.
La Procuradora recordó que como fiscal en lo comercial había impugnado la fusión Multicanal-Cablevisión, y criticó el rol del Grupo Clarín en plena dictadura militar y luego en Gobiernos democráticos con la ‘aquiescencia‘ de algunos dirigentes.
Ottaviano sostuvo por su parte que ‘la información pertenece al público, no a los periodistas ni a los medios‘, denunció que Clarín ‘es el mismo grupo que silenció un genocidio‘, y pidió que ‘por Dios‘ la Corte declare la constitucionalidad plena de la
norma.
Tras tres horas y veinte minutos de exposición, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, anunció un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando expondrán media hora cada uno el Grupo Clarín por un lado, y el Estado por el otro, antes de que el tribunal cierre el proceso de consultas para emitir su veredicto.