Tenemos el gobierno que merecemos, y se nos parece. Nadie, a esta altura de los tiempos, debe hacerse el desentendido. Llevamos treinta años eligiendo y, en los últimos diez, más que a los mismos, votamos a los que hacen más de lo mismo. Hemos retrocedido en casi todos los marcadores que indican progreso colectivo. La calidad institucional republicana, máxima garantía para el ejercicio de la libertad ciudadana, es lo que distingue a las sociedades civilizadas de las tribales.
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Tenemos el gobierno que merecemos, y se nos parece. Nadie, a esta altura de los tiempos, debe hacerse el desentendido. Llevamos treinta años eligiendo y, en los últimos diez, más que a los mismos, votamos a los que hacen más de lo mismo. Hemos retrocedido en casi todos los marcadores que indican progreso colectivo. La calidad institucional republicana, máxima garantía para el ejercicio de la libertad ciudadana, es lo que distingue a las sociedades civilizadas de las tribales.
En la república, el Estado es un mal necesario cuya existencia se justifica, únicamente, cuando actúa en resguardo de la libertad de los ciudadanos. No es un fin en sí mismo, sino un medio. En la tribu, en cambio, el Estado somos “todos” y “todo” a costa de la nada del individuo. El “somos todos” es un eufemismo que esconde que el Estado es del déspota de turno y el que la mayoría lo elija no mengua su naturaleza despótica. Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Hugo Chávez gozaban de la simpatía popular y fueron, objetivamente, asesinos y ladrones que se sirvieron del poder.
Si la opinión de la mayoría fuera garantía de infalibilidad tendríamos que aceptar que el sol gira alrededor de la tierra y la ciencia estaría demás. Además, propio de los totalitarios es el manejo corrupto del aparato del Estado clientelista para ganar elecciones y, luego, en nombre de la mayoría cometer cuanto abuso esté a su alcance. Para los totalitarios se está con ellos o contra ellos, no hay otra opción. Sin ser ni lo uno ni lo otro, por un lado, posan de pobres víctimas (cuando la prensa denuncia sus abusos y podredumbres) y, por el otro, de justicieros (cuando nos saquean con impuestos leoninos para sus “políticas sociales”).
Trabajando para los pobres amasan fortunas (que guardan en bóvedas). Ebrios de poder, no sólo violan las leyes sino que hacen bandera de ello en televisión. Así, por ejemplo, Cristina Kirchner, quien ante la denuncia de un fiscal de que al promocionar al candidato Insaurralde en actos políticos estaba violando la “ley de veda” electoral, replicó: “Será conveniente que venga esta mañana, me pregunté, no vaya a ser que mañana me denuncien por venir apoyar a los candidatos del Frente para la Victoria. La verdad que dudé, pero como no tengo miedo voy a seguir porque tengo mucho coraje”.
Esto mismo si hubiera ocurrido en un país “como la gente”, lo mínimo que le hubiera correspondido hubiese sido pedir disculpas. Decir algo así como: “se me chispotió”, “fue sin querer” o, fiel estilo comunicacional de Cristina: “se me escapó la tortuga” (en Japón, semejante falta al honor sólo puede ser enmendada por el Harakiri). La respuesta jocosa de la presidente fue que seguirá violando la ley “porque tengo mucho coraje” ¿Coraje? Eso es desfachatez más impunidad lisa y llana! En cantidad equivalente a la cobardía de los que le toleran y hasta festejan sus agravios a la república.
Entre ellos y en primer lugar los gobernadores aplaudidores; pero, también, los que los votan y la votan son cómplices. Como también son cómplices por omisión de la miserable represalia kirchnerista que, por la fuga de dos condenados por la justicia tuerta, ha desatado sobre más de mil presos políticos. Por lo visto, para los funcionarios de jugosos sueldos del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) los militares no son sujetos de derechos humanos.
Pero resulta que el encarcelamiento, la negación de asistencia médica y/ o la persecución sistemática desde el Estado a individuos por el simple hecho de pertenecer a grupo o colectivo profesional, según el Estatuto de Roma, es consumar delito de “lesa humanidad”. Castigar a los más de mil detenidos de las FFAA, como si todos hubieran estado complotados con la fuga es, objetivamente, un acto cobarde, deleznable, injusto y absolutamente reñido con los derechos humanos.
Mientras la injusticia campee desde el Estado, la presidente seguirá jactándose de su impunidad y exigiendo la “democratización” de la justicia. Los gobernadores, mientras tanto, haciendo lo suyo: aplaudiendo.
En fin...la culpa no es del chancho.