Rosana tomó una clase de folclore con sus hijos la que sería la última noche de su vida. De regreso, se había quedado cosiendo cuando los chicos se durmieron. Hacía poco que se había separado. Ya era de madrugada cuando su exesposo irrumpió en la casa del humilde asentamiento Martín Miguel de Güemes para matarla con un cuchillo de cocina a ella y a dos de sus hijos. En el juicio, él argumentaría que ella le había dicho “impotente”, versión que quedó desmentida pero que remite al mecanismo de justificación de la violencia que se multiplica en una provincia con más de 22.000 denuncias anuales por agresiones en la familia. Una investigación reveló que los razonamientos que aprueban los golpes de un hombre a su pareja son más comunes en el NOA que en el resto del país.
inicia sesión o regístrate.
Rosana tomó una clase de folclore con sus hijos la que sería la última noche de su vida. De regreso, se había quedado cosiendo cuando los chicos se durmieron. Hacía poco que se había separado. Ya era de madrugada cuando su exesposo irrumpió en la casa del humilde asentamiento Martín Miguel de Güemes para matarla con un cuchillo de cocina a ella y a dos de sus hijos. En el juicio, él argumentaría que ella le había dicho “impotente”, versión que quedó desmentida pero que remite al mecanismo de justificación de la violencia que se multiplica en una provincia con más de 22.000 denuncias anuales por agresiones en la familia. Una investigación reveló que los razonamientos que aprueban los golpes de un hombre a su pareja son más comunes en el NOA que en el resto del país.
“Quemar la comida”, “negarse a tener relaciones sexuales”, “salir sin avisar”, “discutir” o “descuidar a los chicos” son situaciones que hacen aceptable el maltrato a una mujer para el 10,4 por ciento de las habitantes de la región según una encuesta de Unicef y el Gobierno de la Nación. En el resto del país, baja a un 5,4 por ciento el promedio de las que creen que se puede dar un golpe en alguno de estos casos.
El relevamiento abarcó a ciudadanas de 15 a 49 años de toda la Argentina. La idea de que cada género debe respetar roles rígidos persiste en el NOA y eso podría ser parte de la explicación para Gabriela Gaspar, referente del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer).
“La violencia contra las mujeres obedece a patrones culturales fuertemente arraigados, fundados en el machismo, patriarcado y religión. Los varones reproducen estereotipos, tales como la rudeza, como sinónimo de comportamiento natural... En el norte, sigue muy arraigada dicha idea feudal que intenta justificar la relación de inferioridad en que se encuentran las mujeres...”, describió Gaspar.
La justificación de los golpes está más presente en los sectores con menor nivel educativo del país. El 7,4 por ciento de las mujeres con primaria incompleta consideró entendible la agresión física en escenarios como una discusión. Pero la proporción de encuestadas que piensa de la misma manera baja al 0,8 por ciento entre las que superaron la secundaria.
“Somos una provincia atravesada por una cultura machista, patriarcal y conservadora que sostiene los estereotipos en todos los sectores sociales... Se aprenden en la familia y en la escuela”, señaló a El Tribuno una de las encargadas de atender los casos judiciales de lesiones o amenazas que prefirió no ser identificada.
La falta de empleo y la pobreza en el NOA también podrían vincularse con el mayor nivel de naturalización de la violencia. La cantidad de mujeres que justifican que los hombres les peguen a sus parejas llega al 3,8 por ciento entre las encuestadas con menores recursos y desciende al 0,4 por ciento entre las que tienen la mejor posición económica en el país.
Al menos 40 denuncias diarias por maltrato en la familia ingresaron en los juzgados de Salta Capital y municipios cercanos en el primer trimestre de 2013. La contundencia de la cifra hace que organizaciones relacionadas con los derechos humanos estén pidiendo declarar una emergencia desde el año pasado.
Rosana Alderete y sus hijos de 8 y 6 años fueron asesinados el 28 de agosto de 2004. Ella había pedido ayuda cinco veces en una comisaría durante sus últimos meses de vida por las agresiones del que había sido su marido, pero no hubo una respuesta para esas advertencias.
La mayor de los tres hijos del matrimonio también fue herida pero sobrevivió. Tenía 12 años y hoy debe recibir una indemnización de al menos $700.000 por la negligencia del Estado según determinó la Justicia.
El asesino trató de explicar su reacción diciendo que su exesposa lo había ofendido, según se conoció en el juicio, aunque su hija contó que mentía. El caso se cita hoy como el peor antecedente cada vez que se debate lo que debe hacer el Gobierno frente al problema de la violencia de género.
Después del crimen, vendría una nueva ley para proteger a las víctimas que fue un avance para determinar las responsabilidades de la Policía y la Justicia. Pero la norma todavía no pudo contra una forma de pensar que sigue encontrando excusas para que un hombre ataque a una mujer.
“Políticas públicas en base a leyes
GABRIELA GASPAR. TITULAR EN SALTA DE CLADEM
Desde Cladem consideramos que las políticas públicas deberían adoptar leyes nacionales que contengan los estándares internacionales de derechos humanos, independientemente de que Argentina lo haya cumplido parcialmente.
En una primera etapa, la mayoría de las leyes sancionadas en nuestra región eran normas de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, de lenguaje neutro, donde todos los miembros de la familia eran sujetos de protección.
Si bien este tipo de leyes es necesaria, quedaba pendiente el abordaje de la violencia de género, tanto al interior de la familia, fuera de ella o en las otras áreas donde tiene lugar: la comunidad y el Estado. Fue la sanción de la Ley Nacional 26485 la que vino a dar ese salto cualitativo. Y en ese proceso estamos inmersos ahora.
Este avance se debe a varios factores y uno de los elementos facilitadores a tener en cuenta lo constituye la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la “Convención de Belém do Pará”, de 1994.
Esta herramienta establece un marco de derechos humanos para tratar la violencia de género y fija obligaciones para los Estados o garantiza mecanismos de reclamo ante el incumplimiento. Pero si la violencia contra las mujeres es el resultado de una situación de inferioridad y un trato discriminatorio, de reproducción de estereotipos machistas y patriarcales, los cambios necesarios para erradicarla deben incluir planes y políticas de transformación social amplios, integrales y permanentes, con una asignación presupuestaria acorde y un gran compromiso político.
Otros retos importantes son la necesidad de establecer legislación y programas de reparación a las víctimas de la violencia. También se debe capacitar a funcionarios públicos e implementar sistemas de recolección de estadísticas.
No existe un sistema integrado de información estadística sobre violencia contra las mujeres, sino más bien esfuerzos aislados de parte de algunas instituciones para reportar estos casos.
Alicia Ramos. Titular de la Consavig*
“Hay mucha resistencia
de las instituciones”
¿Por qué creé que todavía sigue habiendo gente que justifica la violencia de género ante situaciones como “negarse a tener relaciones sexuales” o “salir sin avisar”? ¿Por qué puede ser que esto se profundice en el NOA?
Es una buena pregunta pero de compleja resolución. Como en todos los fenómenos sociales, se necesitan muchas variables para explicar por qué se sigue justificando la violencia de género y por qué es más acentuado en la región NOA.
Pero creo que hay que preguntarse:¿Qué implica que se naturalice la violencia? ¿Cómo ocurre? Persiste la idea de que estas cuestiones pertenecen al ámbito privado, a la privacidad “del hogar”.
En cuanto a la cuestión de la naturalización, hago hincapié en la socialización humana. Cada cultura le impone a los géneros valores positivos y negativos para asegurar su cumplimiento cotidiano.
Ser hombre o ser mujer no son fenómenos de la naturaleza. Es una producción social e histórica porque cada persona introyecta el contenido del género asignado al nacer, es decir, aprende a ser hombre o mujer mediante la socialización.
Allí nos confrontamos con una sociedad como realidad objetiva y la interiorizamos como realidad subjetiva. Pero no estamos pensando en cada cosa que hacemos como un acto social que construimos y reconstruimos cada vez.
Lo habitual se nos hace natural. Y allí, en ese pequeño pliegue, trabajamos tratando de visibilizar esa violencia y de lograr que un mandato social sea transformado, recreado, para una convivencia que garantice a las mujeres una vida libre de violencia.
Estos procesos sociales de desnaturalizar, develar, modificar, tienen en el NOA una dinámica de mucha resistencia por parte de instituciones y organizaciones que no aceptan que se trata de un orden social y no natural, seguramente porque lo natural es inmodificable y eso es lo que conviene a sus roles sociales.
¿Qué políticas se pueden aplicar para luchar contra la naturalización de la violencia de género?
El Estado debe tener un mensaje claro e inequívoco: matar mujeres, golpearlas, minar su autoestima o cosificarlas está mal y merece sanción, es un delito grave. Si persisten jueces y juezas que parten del supuesto de que mujeres y varones somos iguales, cuando se ha demostrado sobradamente la relación asimétrica de poder entre unas y otros, ante los conflictos, las medidas son solo penales.
Cuando se parte de la específica desigualdad de géneros, cuando se tiene en cuenta que hay un factor de riesgo o vulnerabilidad que es el hecho de ser mujer, entonces las medidas son también de protección, de prevención, de asistencia. Este ejemplo vale para todos los poderes del Estado.
La ley 7403 para la protección a las víctimas de violencia familiar en Salta se aprobó hace más de siete años ¿Qué balance puede hacer?
Que contribuyó a que la violencia familiar esté en la agenda pública en Salta. Que es una positiva herramienta de defensa para las víctimas en cuanto hace exigibles derechos básicos como la vida, y que es una muestra de que estos avances son logros de los movimientos de mujeres.
En cuanto a lo que falta, son muchas cosas. Pero con respecto a esa ley, falta considerar, como ya lo hace la ley nacional, la violencia de género.
Falta incorporar la mirada de género en la aplicación de la norma y la gestión ejecutiva que involucra. Basta de que todavía haya gente que considera a esta violencia una cuestión de puertas para adentro.
* Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. También es miembro de la Instersectorial de Mujeres.