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La Corte Suprema emplazó a los jueces del fuero penal federal y de la Capital a que en el término de 90 días elaboren planes para acelerar los juicios y descomprimir el sistema judicial con acciones que ayuden a definir causas, algunas de las cuales esperan desde hace años.
Mediante una acordada que todos los jueces firmaron ayer, excepto Carmen Argibay, el máximo tribunal argentino reconoció que el Poder Judicial “necesita reformas para acercarlo a las necesidades de la población”, y entre ellas destacó la aceleración de los procesos penales.
“Es imprescindible acentuar los esfuerzos para tener una Justicia más rápida. Es indispensable que el sistema se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable, sin perder de vista la fortaleza en las decisiones que se adopten en cada caso”, dispusieron los jueces mediante la acordada 32/13 que vuelve a poner sobre el tapete uno de los reclamos de la sociedad: la necesidad de que la Justicia acelere sus tiempos.
La Corte detectó que las cuestiones “directamente vinculadas a la problemática penal” son las que “comprometen los valores esenciales de la persona y que son, a su vez, las que más preocupan al ciudadano común y a la sociedad en su conjunto”.
“La celeridad de los juicios en esta materia resulta una exigencia que debe ser atendida por todos los intervinientes en el ámbito propio de sus competencias”, añadieron.
En ese sentido, el tribunal decidió crear tres comisiones: la primera, con cinco integrantes designados por la Cámara Federal de Casación Penal; la segunda, por cinco designados por la Cámara del Crimen porteña y la tercera, por cinco de los tribunales orales federales y criminales.
“Dichas comisiones deberán elaborar propuestas con el fin de acelerar los juicios penales”, a través de reformas internas, elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental, información al público, transparencia de los procesos, reformas legislativas procesales y mejoras en el sistema de excarcelaciones.
Las propuestas “deberán ser enviadas a la Corte dentro de un plazo de 90 días”, según establecieron los jueces en la Acordada.