Ayer se realizó en Salta una audiencia conciliatoria en el Juzgado de Garantías de Primera Nominación a cargo de Héctor Martínez, para resolver la problemática relacionada con la comunidad diaguita de Las Pailas, que se agudizó por la colocación de un portón en un camino a la finca San Miguel, que podría cortar el paso a las familias de esa comunidad.
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Ayer se realizó en Salta una audiencia conciliatoria en el Juzgado de Garantías de Primera Nominación a cargo de Héctor Martínez, para resolver la problemática relacionada con la comunidad diaguita de Las Pailas, que se agudizó por la colocación de un portón en un camino a la finca San Miguel, que podría cortar el paso a las familias de esa comunidad.
En la oportunidad la Dra. Huber, representante legal de la comunidad, rechazó el acuerdo presentado por el Dr. Castañeda, abogado del titular registral de la finca San Miguel, Carlos Alberto Robles, representado en la audiencia por su hija Eleonora.
Este acuerdo proponía mantener abierto el portón de manera permanente, la donación de media hectárea al lado de la escuela de la comunidad -con la condición de que se traslade la biblioteca-, la donación de 500 libros, al tiempo que solicitaba permanecer con 40 hectáreas de tierra de cultivo incluidas en los catastros que se disputan.
Una vez escuchadas las partes, el juez solicitó que se manifiesten los representantes de los organismos públicos intervinientes. El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Martín García Caínzo, manifestó la necesidad de circunscribirse a la ley 26.160 mientras se efectúa el proceso de relevamiento que resuelva la problemática de fondo, con la finalidad de evitar que se produzca el despojo de las tierras relevadas. Asimismo solicitó retrotraer la situación a un estado anterior, solicitando la remoción del portón destacando que “demarca posiciones y límites que no contribuyen a la paz social”.
Por su parte, el director deneral de Pueblos Originarios del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, Agustín Fernández, dijo que “sólo el relevamiento nos va a decir dónde estamos parados”, frase que fue recogida posteriormente por el Juez para argumentar su resolución.
Tras la exposición de los organismos provinciales, tomó la palabra la representante de la Dirección de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ángela Jaramillo; el Delegado de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, y el representante del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Ramiro Fresneda, quienes coincidieron en la necesidad de esperar el relevamiento y retrotraerse a un estado anterior al 20 de enero de 2014, alegando que el interés particular no puede estar sobre el interés general, y solicitando la aplicación de la ley 26160 que regula la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
Luego de un cuarto intermedio, el Juez interviniente manifestó que “estamos en presencia de aquellas decisiones judiciales denominadas trágicas, en el sentido en que se disputan derechos de singular magnitud reconocidos en la Constitución Nacional” y que “ambas partes sostienen la existencia de derechos sobre un determinado espacio”. Asimismo destacó que no resolvería sobre el fondo sino sobre la contingencia que demanda celeridad en vistas de resguardar la integridad de las personas. Martínez remarcó que los derechos en disputa, en ambos casos, encuentran regulación en la Constitución Nacional en lo relativo a la posesión y propiedad comunitaria, como así también al ejercicio y derecho de la propiedad privada.
En ese contexto, para emitir su resolución, el Juez ha tenido en cuenta como informe verbal el criterio de los representantes de organismos públicos y expresó que “de dichos informes se desprende una innegable cuestión atinente a un estado de cosas, por lo cual la comunidad originaria cuenta con el reconocimiento de personería y que por tal motivo la regulación sería mínima hasta tanto se cuente con una resolución definitiva.
El Juez resolvió revocar el decisorio con fecha 3 de enero de 2014, que prohibía el ingreso al inmueble de Robles en cuanto se refiere a la totalidad de la extensión territorial en disputa, ordenar la remoción del portón en un plazo de dos días, intimar a los intervinientes a respetar los espacios de ocupación con los que cada uno cuenta en el inmueble, exhortar a las partes al resguardo de la integridad, prohibiendo cualquier tipo de violencia, como así también a mantener el estado de las cosas existentes y finalmente exhortar a los organismos con competencia, a la pronta definición de las actuaciones pendientes.
Participaron también de la audiencia el Delegado de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabela; el Delegado de la INADI, Nicolás Hirtz; la subsecretaria de Formación y Promoción del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, Rosario Gareca; el representante de la subsecretaría de Pueblos Originarios, Rubén Góngora, y el representante de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Ariel Sánchez, entre otros.