Mariano Sitelli, el abogado del intendente Leopoldo Cuenca, promovió en Orán un proceso para desalojar a familias campesinas de Esquina Grande que se negaron a participar de sus maniobras para apoderarse de esa extensa finca de Rivadavia Banda Sur de 35.409 hectáreas.
En el expediente, la fiscal Virginia Nadra Chaud emitió un dictamen favorable a la solicitud de desalojo de la familia de Dora Torres de Puertas, del puesto Los Milicos, pese a que ese grupo criollo tiene antecedentes posesorios de más de 40 años y escrituras que lo acreditan como legítimo titular de las tierras que ocupa en la zona.
El pedido de desalojo fue presentado en el marco de una medida cautelar planteada contra Horacio Torres, otro de los propietarios de Esquina Grande, donde Cuenca y Sitelli afirman defender a familias campesinas cuando lapidaria documentación (ver en el Tribuno digital el acuerdo que hizo firmar a puesteros) prueba lo contrario.
El pedido de desalojo, que debe resolver el juez Raúl Fernando López, tiene antecedentes que soslayó la fiscal y que debería tener en cuenta el magistrado correccional de Orán antes de convalidar una aparente aberración jurídica.
Los antecedentes
El 16 de agosto de 2011, tras un trabajo de ablande realizado con su abogado, el intendente Leopoldo Cuenca hizo firmar a 15 puesteros de Esquina Grande un engañoso acuerdo para apoderarse de esas 35.409 hectáreas.
Por el convenio, que certificó en su momento la escribana María Alejandra Náser, los pastajeros asumieron el compromiso de cederle al intendente de Rivadavia Banda Sur derechos y acciones posesorias sobre la parte de la finca que va desde las márgenes del río Teuco hasta el límite sur.
En la cláusula tercera del polémico acuerdo, Cuenca estableció que dicha fracción de tierra representa aproximadamente un 70% de la finca. Serían, según esa cláusula, unas 30.000 hectáreas con las que se quedaría el intendente de Rivadavia Banda Sur luego de iniciar y costear los gastos de un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) contra los titulares registrales de Esquina Grande.
En realidad, la fracción con la que pretende quedarse el jefe comunal equivale al 85% de la vasta finca ubicada a 20 kilómetros de Santa Rosa.
Según el acuerdo, que fue incorporado como prueba en una de las tantas causas penales que duermen en Orán, el intendente repartiría el 15% restante de la finca entre los puesteros.
Extorsivo
El abogado Miguel Carreras, que es condómino de Esquina Grande y representa también a otros titulares de la finca, hizo notar el carácter extorsivo de la cláusula quinta del acuerdo, que expresa: "El incumplimiento de las obligaciones asumidas en este acto por los poseedores (los puesteros que firmaron) dará derecho al señor Leopoldo Cuenca a ejercer las acciones legales que correspondan".
No quedan dudas de que las intenciones del intendente, lejos de lo que aduce, no están dirigidas a proteger a los puesteros, sino a quedarse con las tierras.
Para ello hace pesar su cargo público e influencias políticas y judiciales, como lo vienen haciendo otros intendentes, legisladores, funcionarios y amigos del poder en diferentes rincones de la provincia, en desmedro de los derechos posesorios de familias campesinas que terminan expulsadas de las tierras donde viven desde dos, tres e incluso más generaciones precedentes.
Con escrituras
La familia de Dora Torres de Puertas es uno de los tres grupos campesinos que ya tienen regularizada la escrituración de sus puestos por un acuerdo que alcanzaron con condóminos de Esquina Grande en 2012.
En la cédula parcelaria de la matrícula 506, Dora Torres, esposa de Serafín Puertas, figura entre los titulares registrales de Esquina Grande.
¿La fiscal Chaud no constató los registros de la Dirección General de Inmuebles antes de emitir su dictamen a favor del desalojo que solicitó el abogado de Cuenca?
"Las demás familias ya tendrían también regularizada la titularidad de sus respectivos puestos, de no mediar las oscuras intenciones del intendente, quien bajo engaños lesionó sus derechos posesorios ", sostuvo Carreras.
El abogado ratificó la voluntad de concretar las cesiones de tierra pendientes ni bien la Justicia aclare y desactive la maniobra ilegal.
En el expediente, la fiscal Virginia Nadra Chaud emitió un dictamen favorable a la solicitud de desalojo de la familia de Dora Torres de Puertas, del puesto Los Milicos, pese a que ese grupo criollo tiene antecedentes posesorios de más de 40 años y escrituras que lo acreditan como legítimo titular de las tierras que ocupa en la zona.
El pedido de desalojo fue presentado en el marco de una medida cautelar planteada contra Horacio Torres, otro de los propietarios de Esquina Grande, donde Cuenca y Sitelli afirman defender a familias campesinas cuando lapidaria documentación (ver en el Tribuno digital el acuerdo que hizo firmar a puesteros) prueba lo contrario.
El pedido de desalojo, que debe resolver el juez Raúl Fernando López, tiene antecedentes que soslayó la fiscal y que debería tener en cuenta el magistrado correccional de Orán antes de convalidar una aparente aberración jurídica.
Los antecedentes
El 16 de agosto de 2011, tras un trabajo de ablande realizado con su abogado, el intendente Leopoldo Cuenca hizo firmar a 15 puesteros de Esquina Grande un engañoso acuerdo para apoderarse de esas 35.409 hectáreas.
Por el convenio, que certificó en su momento la escribana María Alejandra Náser, los pastajeros asumieron el compromiso de cederle al intendente de Rivadavia Banda Sur derechos y acciones posesorias sobre la parte de la finca que va desde las márgenes del río Teuco hasta el límite sur.
En la cláusula tercera del polémico acuerdo, Cuenca estableció que dicha fracción de tierra representa aproximadamente un 70% de la finca. Serían, según esa cláusula, unas 30.000 hectáreas con las que se quedaría el intendente de Rivadavia Banda Sur luego de iniciar y costear los gastos de un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) contra los titulares registrales de Esquina Grande.
En realidad, la fracción con la que pretende quedarse el jefe comunal equivale al 85% de la vasta finca ubicada a 20 kilómetros de Santa Rosa.
Según el acuerdo, que fue incorporado como prueba en una de las tantas causas penales que duermen en Orán, el intendente repartiría el 15% restante de la finca entre los puesteros.
Extorsivo
El abogado Miguel Carreras, que es condómino de Esquina Grande y representa también a otros titulares de la finca, hizo notar el carácter extorsivo de la cláusula quinta del acuerdo, que expresa: "El incumplimiento de las obligaciones asumidas en este acto por los poseedores (los puesteros que firmaron) dará derecho al señor Leopoldo Cuenca a ejercer las acciones legales que correspondan".
No quedan dudas de que las intenciones del intendente, lejos de lo que aduce, no están dirigidas a proteger a los puesteros, sino a quedarse con las tierras.
Para ello hace pesar su cargo público e influencias políticas y judiciales, como lo vienen haciendo otros intendentes, legisladores, funcionarios y amigos del poder en diferentes rincones de la provincia, en desmedro de los derechos posesorios de familias campesinas que terminan expulsadas de las tierras donde viven desde dos, tres e incluso más generaciones precedentes.
Con escrituras
La familia de Dora Torres de Puertas es uno de los tres grupos campesinos que ya tienen regularizada la escrituración de sus puestos por un acuerdo que alcanzaron con condóminos de Esquina Grande en 2012.
En la cédula parcelaria de la matrícula 506, Dora Torres, esposa de Serafín Puertas, figura entre los titulares registrales de Esquina Grande.
¿La fiscal Chaud no constató los registros de la Dirección General de Inmuebles antes de emitir su dictamen a favor del desalojo que solicitó el abogado de Cuenca?
"Las demás familias ya tendrían también regularizada la titularidad de sus respectivos puestos, de no mediar las oscuras intenciones del intendente, quien bajo engaños lesionó sus derechos posesorios ", sostuvo Carreras.
El abogado ratificó la voluntad de concretar las cesiones de tierra pendientes ni bien la Justicia aclare y desactive la maniobra ilegal.
Explota campos en La Estrella
En La Estrella, lugareños aseguraron que campos que figuran a nombre de la empresa La Gringa son explotados, en realidad, por el intendente Julio Jalit. Indicaron incluso que "no le fue bien con las últimas tres cosechas de poroto" por las condiciones climáticas.
Sobre el jefe comunal de Pichanal pesan denuncias por malversaciones de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y abuso de poder que están congeladas en los tribunales de Orán, mientras su patrimonio crece de manera exponencial.
En los últimos años Jalit amasó una incalculable fortuna en tierras. Hoy a su nombre tiene diez fincas en Orán y San Martín, una lujosa residencia en finca Las Canoas y otra propiedad en Pichanal. En una entrevista con este medio, Fabio Rodríguez, un referente guaraní de Pichanal, afirmó también tiene otra mansión en El Cadillal (Tucumán) y otro extenso campo con 4.000 cabezas de ganado en Santiago del Estero.
En Salta, Jalit también explota tierras ubicadas cerca del cruce de las rutas 5 y 13, que se corresponden con las matrículas 27.743, 27.744 y 27.745. Pertenecían al lote fiscal 12 de La Estrella y por un juicio de posesión veinteañal pasaron a ser de un puestero de la zona, Iván Oliva. Entre 2009 y 2011 terminaron en manos de La Gringa e Hijos de Salvador Muñoz. Videos que pueden verse en la web de El Tribuno prueban que allí se hicieron desmontes ilegales, antes de diciembre de 2011, violando la cautelar que mantuvo la Corte Suprema desde marzo de 2009.
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Mariano Sitelli, el abogado del intendente Leopoldo Cuenca, promovió en Orán un proceso para desalojar a familias campesinas de Esquina Grande que se negaron a participar de sus maniobras para apoderarse de esa extensa finca de Rivadavia Banda Sur de 35.409 hectáreas.
En el expediente, la fiscal Virginia Nadra Chaud emitió un dictamen favorable a la solicitud de desalojo de la familia de Dora Torres de Puertas, del puesto Los Milicos, pese a que ese grupo criollo tiene antecedentes posesorios de más de 40 años y escrituras que lo acreditan como legítimo titular de las tierras que ocupa en la zona.
El pedido de desalojo fue presentado en el marco de una medida cautelar planteada contra Horacio Torres, otro de los propietarios de Esquina Grande, donde Cuenca y Sitelli afirman defender a familias campesinas cuando lapidaria documentación (ver en el Tribuno digital el acuerdo que hizo firmar a puesteros) prueba lo contrario.
El pedido de desalojo, que debe resolver el juez Raúl Fernando López, tiene antecedentes que soslayó la fiscal y que debería tener en cuenta el magistrado correccional de Orán antes de convalidar una aparente aberración jurídica.
Los antecedentes
El 16 de agosto de 2011, tras un trabajo de ablande realizado con su abogado, el intendente Leopoldo Cuenca hizo firmar a 15 puesteros de Esquina Grande un engañoso acuerdo para apoderarse de esas 35.409 hectáreas.
Por el convenio, que certificó en su momento la escribana María Alejandra Náser, los pastajeros asumieron el compromiso de cederle al intendente de Rivadavia Banda Sur derechos y acciones posesorias sobre la parte de la finca que va desde las márgenes del río Teuco hasta el límite sur.
En la cláusula tercera del polémico acuerdo, Cuenca estableció que dicha fracción de tierra representa aproximadamente un 70% de la finca. Serían, según esa cláusula, unas 30.000 hectáreas con las que se quedaría el intendente de Rivadavia Banda Sur luego de iniciar y costear los gastos de un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) contra los titulares registrales de Esquina Grande.
En realidad, la fracción con la que pretende quedarse el jefe comunal equivale al 85% de la vasta finca ubicada a 20 kilómetros de Santa Rosa.
Según el acuerdo, que fue incorporado como prueba en una de las tantas causas penales que duermen en Orán, el intendente repartiría el 15% restante de la finca entre los puesteros.
Extorsivo
El abogado Miguel Carreras, que es condómino de Esquina Grande y representa también a otros titulares de la finca, hizo notar el carácter extorsivo de la cláusula quinta del acuerdo, que expresa: "El incumplimiento de las obligaciones asumidas en este acto por los poseedores (los puesteros que firmaron) dará derecho al señor Leopoldo Cuenca a ejercer las acciones legales que correspondan".
No quedan dudas de que las intenciones del intendente, lejos de lo que aduce, no están dirigidas a proteger a los puesteros, sino a quedarse con las tierras.
Para ello hace pesar su cargo público e influencias políticas y judiciales, como lo vienen haciendo otros intendentes, legisladores, funcionarios y amigos del poder en diferentes rincones de la provincia, en desmedro de los derechos posesorios de familias campesinas que terminan expulsadas de las tierras donde viven desde dos, tres e incluso más generaciones precedentes.
Con escrituras
La familia de Dora Torres de Puertas es uno de los tres grupos campesinos que ya tienen regularizada la escrituración de sus puestos por un acuerdo que alcanzaron con condóminos de Esquina Grande en 2012.
En la cédula parcelaria de la matrícula 506, Dora Torres, esposa de Serafín Puertas, figura entre los titulares registrales de Esquina Grande.
¿La fiscal Chaud no constató los registros de la Dirección General de Inmuebles antes de emitir su dictamen a favor del desalojo que solicitó el abogado de Cuenca?
"Las demás familias ya tendrían también regularizada la titularidad de sus respectivos puestos, de no mediar las oscuras intenciones del intendente, quien bajo engaños lesionó sus derechos posesorios ", sostuvo Carreras.
El abogado ratificó la voluntad de concretar las cesiones de tierra pendientes ni bien la Justicia aclare y desactive la maniobra ilegal.
En el expediente, la fiscal Virginia Nadra Chaud emitió un dictamen favorable a la solicitud de desalojo de la familia de Dora Torres de Puertas, del puesto Los Milicos, pese a que ese grupo criollo tiene antecedentes posesorios de más de 40 años y escrituras que lo acreditan como legítimo titular de las tierras que ocupa en la zona.
El pedido de desalojo fue presentado en el marco de una medida cautelar planteada contra Horacio Torres, otro de los propietarios de Esquina Grande, donde Cuenca y Sitelli afirman defender a familias campesinas cuando lapidaria documentación (ver en el Tribuno digital el acuerdo que hizo firmar a puesteros) prueba lo contrario.
El pedido de desalojo, que debe resolver el juez Raúl Fernando López, tiene antecedentes que soslayó la fiscal y que debería tener en cuenta el magistrado correccional de Orán antes de convalidar una aparente aberración jurídica.
Los antecedentes
El 16 de agosto de 2011, tras un trabajo de ablande realizado con su abogado, el intendente Leopoldo Cuenca hizo firmar a 15 puesteros de Esquina Grande un engañoso acuerdo para apoderarse de esas 35.409 hectáreas.
Por el convenio, que certificó en su momento la escribana María Alejandra Náser, los pastajeros asumieron el compromiso de cederle al intendente de Rivadavia Banda Sur derechos y acciones posesorias sobre la parte de la finca que va desde las márgenes del río Teuco hasta el límite sur.
En la cláusula tercera del polémico acuerdo, Cuenca estableció que dicha fracción de tierra representa aproximadamente un 70% de la finca. Serían, según esa cláusula, unas 30.000 hectáreas con las que se quedaría el intendente de Rivadavia Banda Sur luego de iniciar y costear los gastos de un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) contra los titulares registrales de Esquina Grande.
En realidad, la fracción con la que pretende quedarse el jefe comunal equivale al 85% de la vasta finca ubicada a 20 kilómetros de Santa Rosa.
Según el acuerdo, que fue incorporado como prueba en una de las tantas causas penales que duermen en Orán, el intendente repartiría el 15% restante de la finca entre los puesteros.
Extorsivo
El abogado Miguel Carreras, que es condómino de Esquina Grande y representa también a otros titulares de la finca, hizo notar el carácter extorsivo de la cláusula quinta del acuerdo, que expresa: "El incumplimiento de las obligaciones asumidas en este acto por los poseedores (los puesteros que firmaron) dará derecho al señor Leopoldo Cuenca a ejercer las acciones legales que correspondan".
No quedan dudas de que las intenciones del intendente, lejos de lo que aduce, no están dirigidas a proteger a los puesteros, sino a quedarse con las tierras.
Para ello hace pesar su cargo público e influencias políticas y judiciales, como lo vienen haciendo otros intendentes, legisladores, funcionarios y amigos del poder en diferentes rincones de la provincia, en desmedro de los derechos posesorios de familias campesinas que terminan expulsadas de las tierras donde viven desde dos, tres e incluso más generaciones precedentes.
Con escrituras
La familia de Dora Torres de Puertas es uno de los tres grupos campesinos que ya tienen regularizada la escrituración de sus puestos por un acuerdo que alcanzaron con condóminos de Esquina Grande en 2012.
En la cédula parcelaria de la matrícula 506, Dora Torres, esposa de Serafín Puertas, figura entre los titulares registrales de Esquina Grande.
¿La fiscal Chaud no constató los registros de la Dirección General de Inmuebles antes de emitir su dictamen a favor del desalojo que solicitó el abogado de Cuenca?
"Las demás familias ya tendrían también regularizada la titularidad de sus respectivos puestos, de no mediar las oscuras intenciones del intendente, quien bajo engaños lesionó sus derechos posesorios ", sostuvo Carreras.
El abogado ratificó la voluntad de concretar las cesiones de tierra pendientes ni bien la Justicia aclare y desactive la maniobra ilegal.
Explota campos en La Estrella
En La Estrella, lugareños aseguraron que campos que figuran a nombre de la empresa La Gringa son explotados, en realidad, por el intendente Julio Jalit. Indicaron incluso que "no le fue bien con las últimas tres cosechas de poroto" por las condiciones climáticas.
Sobre el jefe comunal de Pichanal pesan denuncias por malversaciones de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y abuso de poder que están congeladas en los tribunales de Orán, mientras su patrimonio crece de manera exponencial.
En los últimos años Jalit amasó una incalculable fortuna en tierras. Hoy a su nombre tiene diez fincas en Orán y San Martín, una lujosa residencia en finca Las Canoas y otra propiedad en Pichanal. En una entrevista con este medio, Fabio Rodríguez, un referente guaraní de Pichanal, afirmó también tiene otra mansión en El Cadillal (Tucumán) y otro extenso campo con 4.000 cabezas de ganado en Santiago del Estero.
En Salta, Jalit también explota tierras ubicadas cerca del cruce de las rutas 5 y 13, que se corresponden con las matrículas 27.743, 27.744 y 27.745. Pertenecían al lote fiscal 12 de La Estrella y por un juicio de posesión veinteañal pasaron a ser de un puestero de la zona, Iván Oliva. Entre 2009 y 2011 terminaron en manos de La Gringa e Hijos de Salvador Muñoz. Videos que pueden verse en la web de El Tribuno prueban que allí se hicieron desmontes ilegales, antes de diciembre de 2011, violando la cautelar que mantuvo la Corte Suprema desde marzo de 2009.