Un nuevo revés para exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Es que un fiscal decidió imputar al exfuncionario nacional por la falta de control en los subsidios para la cartera entre 2010 y 2011.
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Un nuevo revés para exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Es que un fiscal decidió imputar al exfuncionario nacional por la falta de control en los subsidios para la cartera entre 2010 y 2011.
La decisión se tomó en base a un informe de la Auditoría General de la Nación que detectó irregularidades. Además se investigarán a más de 20 empresas del sector, como así también al extitular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Eduardo Sícaro.
En ese mismo sentido, el fiscal ordenó investigar a los responsables de 22 empresas de transporte automotor por distintas irregularidades.
Entre las irregularidades que detectó la auditoría, sobresalen la falta de control sobre los subsidios que reciben las empresas así como falta de control el cronograma de instalación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Además, el informe arroja que no se fijó un sistema de seguimiento vehicular ni un mecanismo para detectar la disminución de servicios en las empresas prestadoras.
El informe también denuncia la entrega de subsidios en forma extemporánea, la falta de sanciones por el incumplimiento del Régimen de Gratuidad para Personas Discapacitadas. Al respecto, el escrito sostiene que la ausencia de un plan de auditoria “debilita el control y pone el riesgo que enfrentan y perciben las empresas subsidiadas de incurrir en incumplimientos y el criterio seguido en la actualidad no garantiza similar probabilidad de ocurrencia como así tampoco aplique la revisión de la totalidad de los beneficios del sistema”.
En la actualidad, tanto Schiavi como Sícaro actualmente están siendo juzgados por la tragedia ferroviaria de Once junto a otros ex funcionarios.
El informe al detalle
En el informe de la AGN también se detectó la entrega de subsidios en forma extemporánea; la falta de sanciones por el incumplimiento del Régimen de Gratuidad para Personas Discapacitadas; y la ausencia de un plan de auditoría, “debilita el control y pone el riesgo que enfrentan y perciben las empresas subsidiadas de incurrir en incumplimientos y el criterio seguido en la actualidad no garantiza similar probabilidad de ocurrencia como así tampoco aplique la revisión de la totalidad de los beneficios del sistema”.
“La Secretaría de transporte no ha definido un criterio específico para solicitar la documentación adicional con el propósito de validar los parámetros que determinan los coeficientes de distribución”, es una de las irregularidades invocadas por el fiscal.
Entre las 22 empresas que pidió investigar el fiscal están: Transportes Atlántida; Almirante Guillermo Brown S.R.L; Micro Ómnibus Norte S.A; Automotor Plaza; consultores Asociados Ecotrans S.A; La Nueva Metropol S.A; San Vicente S.A; DOTA; Transportes La Perlita; La Cabaña, Rosario Bus SA y Automotores Riachuelo.
El fiscal Ramiro González pidió una batería de medidas de prueba: que se requiera a la secretaría de Transporte y a la CNRT que acompañe el organigrama de las áreas “que hayan tenido participación en la tramitación, control y asignación de los subsidios Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y del suministro de gasoil a precio diferencial”.