En cualquier gobierno y en cualquier provincia puede ocurrir un caso de torturas en una comisaría, o un femicidio, y también que algún funcionario aproveche su poder para adjudicarse un crédito para la vivienda o un lote.
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En cualquier gobierno y en cualquier provincia puede ocurrir un caso de torturas en una comisaría, o un femicidio, y también que algún funcionario aproveche su poder para adjudicarse un crédito para la vivienda o un lote.
Sin embargo, Salta aparece en estos días atravesada por hechos que son difíciles de explicar. La reincidencia, que es uno de los temas del debate sobre el Código Penal también vale para los Estados y para los gobiernos. Y lo que estamos presenciando son hechos reincidentes.
Dos adolescentes denunciaron haber sido víctimas de un linchamiento dentro de la comisaría de General Gemes. Hace tres años, en esa misma dependencia, fueron filmadas las torturas a que eran sometidos dos detenidos. El video dio la vuelta al mundo. El hecho fue denunciado por el propio jefe de la fuerza, Marcelo Lami, y por el entonces ministro de Seguridad Eduardo Sylvester recién un año y medio después de ocurrido. Los torturadores están procesados, pero no faltaron expresiones de solidaridad hacia ellos.
Si las autoridades policiales tomaron algún recaudo, no les dio resultado; el mero hecho que dos adolescentes sean detenidos sin intervención del fiscal, golpeados y luego entregados por los policías a los supuestos damnificados -por el robo de un celular-, para que los linchen, en cualquier democracia del mundo significaría el relevo inmediato de toda la plana de la unidad, severísimas sanciones administrativas y una crisis política.
El ministro de Seguridad Alejandro Cornejo prometió “investigar hasta las últimas consecuencias”. La estrategia en materia de seguridad supone que, más que investigar, hay que prevenir. Cuando estas aberraciones se reiteran eso significa que los derechos humanos no son valores consolidados. Cornejo, al menos, se hizo presente. La ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, no dijo una palabra; su antecesora, María Pace, tampoco había intervenido en el caso de las torturas en esa comisaría en 2011. Puede entenderse que se trata de una línea de gestión que proviene de la cúpula del Poder Ejecutivo.
La ministra de Justicia, Pamela Calletti, tampoco apareció en escena, a pesar de que la denuncia de Luciano Ruiz, el artesano gemense padre de uno de los chicos golpeados, pone de manifiesto una sorprendente violación de los derechos humanos, es creíble y es gravísima. Quizá la funcionaria, una beneficiaria de los créditos de Procrear, podría estar ocupada en sus propios problemas, pero lo cierto es que estos episodios vulneran la credibilidad de un vapuleado sistema de justicia y seguridad.
Los jueces, los fiscales, los legisladores, el gobierno y los policías caen en la misma bolsa, y la gente, equivocada o no, no siente que la provincia sea segura ni que la Justicia funcione.
El linchamiento de Gemes interpela incluso a las autoridades eclesiásticas, que hace una semana denunciaron que “el país está enfermo de violencia”.
Salta, también.
La muerte de una joven hallada cerca de Aunor y la desaparición de otra en el apacible pueblo de Guachipas son casos que se suman a una larga historia de femicidios, de imprevisiones y de violencia social.
Las cámaras de seguridad, que costaron cincuenta millones de dólares en una operación poco clara nunca están donde se producen delitos.
Entre tanto, las familias de las víctimas de hechos criminales impunes siguen llevando su queja a la plaza 9 de Julio, viernes a viernes.
Hace un par de semanas fue apuñalado en la cárcel Daniel Vilte Laxi, imputado por el asesinato de las jóvenes francesas. Era lo que faltaba en una causa donde es abrumador entre la gente el descrédito del Estado como garante de justicia y seguridad.
Los testimonios muestran mares de dudas. Entre las torturas al hermano de Vilte, al comienzo de la investigación, el aparente suicidio del comisario Píccolo, las condecoraciones a los investigadores cuando nada sólido había en la causa y ahora el ataque a un imputado que debía tener un tratamiento especial, justamente, por las implicancias del caso, todo abona el escepticismo que expresa cada día el padre de Cassandre Bouvier.
A cualquier gobierno pueden ocurrirle estas cosas, pero es seguro que sucederán si prevalece la improvisación por sobre la planificación y cuando lo organismos del Estado carecen de expertos y rebosan de amigos.
La reincidencia en los errores muestra flaquezas de la gestión, pero también frivolidad. Tras el escándalo en las adjudicaciones de Lomas de Medeiros, el gobierno reedita la experiencia con un plan habitacional de origen nacional, pero que solo en Salta tiene un coordinador puesto por el mismo gobierno provincial que cumple una función, hasta ahora, incomprensible.
El hombre, se sabe, es el único animal que tropieza dos (o más) veces con la misma piedra.