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Derechos Humanos, en contra de cambiar el protocolo de aborto no punible

Viernes, 13 de junio de 2014 13:09
Martín García Cainzo, secretario de Derechos Humanos

Tras la presentación de un proyecto de ley del diputado Lucas Godoy para simplificar el actual proceso de aborto no punible, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Martín García Cainzo, habló esta mañana con El Tribuno y se mostró a favor de que se mantenga el protocolo que se aplica para estos casos en la provincia. 

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Tras la presentación de un proyecto de ley del diputado Lucas Godoy para simplificar el actual proceso de aborto no punible, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Martín García Cainzo, habló esta mañana con El Tribuno y se mostró a favor de que se mantenga el protocolo que se aplica para estos casos en la provincia. 

García Cainzo aclaró que no está interiorizado sobre el proyecto del diputado Godoy y que sólo conoce la iniciativa a través de la publicación de El Tribuno de hoy. Pese a ello destacó que desde Derechos Humanos se vela “por el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, en el cual se aconseja la elaboración de un protocolo”. 


Dicho fallo reconoce al aborto no punible para un embarazo que provenga de una relación sexual no consentida y recomienda a las provincias elaborar una guía de aplicación y no judicializar los casos. No obstante el protocolo salteño obliga a las mujeres a efectuar una denuncia policial o una declaración jurada ante el Ministerio Público para solicitar la práctica, algo que las organizaciones feministas consideran una revictimización. 


García Cainzo explicó que la revictimización se puede evitar con una concreta capacitación al personal encargado de recepcionar las denuncias o declaraciones juradas. “Estimo importante que haya un paso previo antes de la interrupción del embarazo, pero sin llegar a la judicialización y la demora en la intervención”. 


Otro punto que destacó el funcionario es la importancia de que el requerimiento sea efectuado antes de las 12 semanas de gestación, tal como lo establece también el protocolo local: “Este es un criterio médico, no jurídico, puesto que pasadas las 12 semanas se pone en riesgo la salud integral y la vida de la mujer”. 

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