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Las provincias petroleras buscan acordar una ley que proteja sus ingresos

Viernes, 13 de junio de 2014 02:12

El eje de la discusión sobre la nueva ley de hidrocarburos es económico: cuánto podrán cobrar las provincias petroleras a las compañías que exploten sus yacimientos. La Nación quiere restringir eso al 12% de regalías más 0,5% para acciones de responsabilidad empresaria y 1% para obras de infraestructura. Los gobernadores no están de acuerdo porque perderían millones de dólares que hoy sí pueden cobrar.

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El eje de la discusión sobre la nueva ley de hidrocarburos es económico: cuánto podrán cobrar las provincias petroleras a las compañías que exploten sus yacimientos. La Nación quiere restringir eso al 12% de regalías más 0,5% para acciones de responsabilidad empresaria y 1% para obras de infraestructura. Los gobernadores no están de acuerdo porque perderían millones de dólares que hoy sí pueden cobrar.

Atenta a esta puja está YPF, la empresa estatal que tiene en sus manos un tercio de la explotación de petróleo y gas en el país y cuya ecuación puede modificarse en grande según la ley que se apruebe en el Congreso.

Después de conocer, días atrás, el proyecto elaborado por la Casa Rosada, los gobernadores hablaron sobre sus objeciones y quedaron en reunirse este lunes, antes de encontrarse otra vez con los funcionarios nacionales, para elaborar un texto alternativo.

Los mandatarios temen que la iniciativa kirchnerista les recorte su poder en el manejo de los recursos petroleros que desde 1994 -tras la reforma constitucional- les pertenecen a las provincias.

El resurgimiento de YPF, el potencial del yacimiento de shale Vaca Muerta y el interés de capitales extranjeros por invertir miles de millones de dólares modificaron la escena y los gobernadores no quieren que sus jurisdicciones pierdan peso en la discusión y, mucho menos, regalías.

La iniciativa nacional contempla que las provincias puedan percibir ingresos desde el sector petrolero sólo por la vía del cobro de regalías y elimina, por ejemplo, el acarreo, con el que las arcas provinciales se venían quedando con otra parte de la renta.

El acarreo a través de las empresas provinciales de energía es la forma con la que los gobernadores recuperan algo del dinero que la Nación les quita al liquidarles las regalías petrolíferas al valor de boca de pozo y no al precio al cual se exportan los barriles de crudo, haciéndose así de una diferencia que oscila entre los 30 y los 35 dólares por unidad.

A cambio del acarreo, el Gobierno nacional propone que las provincias cobren un “canon de ingreso” a las áreas a las compañías que ganen las licitaciones en el futuro.

Es uno de los aspectos de la “letra chica” de la ley que será discutida el lunes por los gobernadores de Chubut, Jujuy, Salta, Formosa, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

PUNTOS PRINCIPALES

1) Plazos de exploración y explotación diferenciados por tipo de yacimiento.
 Se reducen los plazos de exploración, se revisan las condiciones para su renovación y se distingue su duración entre convencionales, no convencionales, plataforma continental y mar territorial. 
En las concesiones se mantiene el plazo de 25 años para el petróleo convencional, se establecen 35 años para el shale y 30 para en aguas profundas; en los tres casos se establece la posibilidad de una prórroga de 10 años.

2) Mantenimiento de las regalías y aportes en concepto de responsabilidad empresaria (RSE) y para infraestructura: las regalías son el único mecanismo de percepción de la renta petrolera. 
Aunque no está en la redacción del proyecto, las petroleras aportarían a las provincias el 0,5% de la inversión comprometida en concepto de RSE, y se destinaría el 1% a obras de infraestructura.

3) Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva: se priorizarán las empresas que propongan la mayor inversión y actividad exploratoria. 
Los pliegos de las licitaciones deben ser uniformes en todas las jurisdicciones y se eliminan las reservas de áreas y el sistema de acarreo. 

4) Programas fiscales y tributarios provinciales y municipales, homogéneos y estables: se establece un régimen especial para la importación de bienes e insumos. 
Además se impide que los municipios dicten impuestos sobre la industria petrolera, se fija la alícuota de Ingresos Brutos en el 3 por ciento, y se quita el impuesto a los sellos en los contratos. 

5) Mecanismos promocionales para grandes inversiones: se replican los beneficios del Decreto 929, que posibilitó el acuerdo YPF-Chevron, aunque esta vez el piso de las desembolsos que entran en este esquema será de 250 millones de dólares.

6) Adopción de estándares mínimos comunes en el cuidado del medio ambiente. 

Reclaman respetar la propiedad provincial 

El titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, aseguró ayer que la iniciativa del Gobierno por una nueva ley de hidrocarburos tendrá acompañamiento “si se respeta a las provincias como dueñas de los recursos” petroleros. “Vaca Muerta nos da otra oportunidad y no queremos perderla, sino ser generosos con la Nación, pero que nos respeten como dueños de los recursos. Hicimos la política energética necesaria para que hoy valga 1.400 millones de dólares en la Bolsa de Comercio con 57 contratos. Necesitamos que la Nación entienda y acompañe esto”, analizó.

Sapag, presidente de la AIC creada en 1985 por un acuerdo de los gobernadores de las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, opinó que su provincia, Neuquén, no puede relegar beneficios porque los necesita para su desarrollo. 
Dijo que Neuquén ha iniciado su propia empresa llamada “Gas y petróleo” a los efectos de mejorar su renta.


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