El anuncio argentino de que demandará a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya por un nuevo capítulo del viejo conflicto por las papeleras en el río Uruguay le da más trabajo a un tribunal con abundancia de litigios latinoamericanos.
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El anuncio argentino de que demandará a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya por un nuevo capítulo del viejo conflicto por las papeleras en el río Uruguay le da más trabajo a un tribunal con abundancia de litigios latinoamericanos.
Si se concreta el anuncio de la Cancillería argentina de que recurrirá de “forma inmediata” a La Haya, también se incrementarán los focos de tensión bilateral en la región.
El motivo de la discordia es otra vez la planta situada cerca de la localidad uruguaya de Fray Bentos, que antes perteneció a la empresa finlandesa Botnia y ahora es de UPM-
Kymmene, del mismo origen, y a la que el Gobierno uruguayo autorizó esta semana a incrementar su producción hasta alcanzar 1,3 millones de toneladas al año.
Por esa planta, que Argentina considera un riesgo para el medio ambiente del río Uruguay, del que ambos países son ribereños, los dos países litigaron en La Haya, cada uno con una demanda contra el otro, y sus relaciones estuvieron bajo mínimos varios años, con protestas ciudadanas incluidas y bloqueos de los pasos fronterizos.
En un fallo de 2010 la CIJ desestimó que la plata contamine el río, pero al tiempo destacó que Uruguay debía haber informado debidamente a su vecino sobre los detalles de la construcción.
El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.
El Gobierno argentino consideró “un gesto inamistoso” la autorización a UPM y anunció que “procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay”.
La empresa finlandesa de producción de celulosa había solicitado en 2011 aumentar su producción de 1,1 millones de toneladas anuales a 1,3 millones.
El litigio por la papelera, que se inició en 2005, es mucho más reciente que el que enfrenta a Chile y Bolivia, que también ha llegado a La Haya.
El Gobierno boliviano presentó, en abril de 2013, una demanda ante la CIJ en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe una solución a su petición de salida al mar, tras más cien años de diálogo sin resultados.
Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de territorio en la “Guerra del Pacífico” librada contra Chile en 1879, y defiende que sufrió una invasión de tropas chilenas, sin una declaración previa de guerra.
El Gobierno chileno está sopesando la posibilidad de cuestionar la competencia del tribunal internacional y esta misma semana dijo que hay una “inclinación muy fuerte” a hacerlo.
Otro litigio de límites, planteado por Perú contra Chile, se saldó en enero de 2014 con un fallo aceptado por ambas partes.
La CIJ mantuvo como estaba la frontera marítima entre los dos países hasta las 80 millas, pero a partir de esa distancia y hasta las 200 millas asignó la exclusividad económica a los peruanos.
El tribunal, sin embargo, no especificó las coordenadas exactas de la diagonal que unirá el punto de las 80 millas en el paralelo con otro punto a 200 millas de la costa chilena, un trabajo técnico que ya fue abordado por delegaciones de expertos de ambos países.
El pasado marzo, el presidente de Perú, Ollanta Humala, consideró que este proceso ha sido un “ejemplo para la comunidad internacional” y se congratuló de que la “tranquilidad total” reine en las relaciones bilaterales después del fallo.
Muy diferente es la situación entre Colombia y Nicaragua tras un fallo que la CIJ dictó a fines de 2012 sobre los límites marítimos.
El fallo ratificó la soberanía colombiana de siete cayos caribeños cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y entregó a Nicaragua zonas marítimas que los rodean, ricas en pesca y otros recursos naturales.
El Gobierno colombiano anunció inmediatamente que iba a usar todos los mecanismos y recursos a su alcance para “defender los derechos” nacionales.
El pasado 2 de mayo la Corte Constitucional colombiana resolvió que los límites del país no pueden ser modificados por cortes internacionales, en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno contra el Pacto de Bogotá, por el que Colombia aceptó en su día la jurisdicción de la CIJ.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirma que, en consecuencia, los límites de Colombia con Nicaragua no serán modificados por el fallo de la CIJ, mientras no se firme un nuevo tratado con el país centroamericano.
El rival de Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de hoy en Colombia, el uribista Oscar Iván Zuluaga, anunció que si es elegido presidente convocará una consulta popular acerca de cómo proceder respecto al fallo de la CIJ.
Pero, además, Nicaragua pidió en 2013 que el tribunal declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas, y ya están fijados los plazos máximos para la presentación de los argumentos por escrito.
La CIJ tiene también a trámite dos demandas planteadas por una disputa de límites entre Costa Rica y Nicaragua por zonas aledañas al río San Juan, que discurre entre los dos países pero es de soberanía nicaragense, y otra más, costarricense, por los límites marítimos con su vecino.
El primero en demandar fue Costa Rica, que en 2010 acusó a Nicaragua de invadir una porción de Isla Calero o Isla Portillos que considera su territorio y de causar daños a un humedal fronterizo con unas obras de dragado cerca de la desembocadura del San Juan.
A ello siguió, el 23 de diciembre de 2011, la presentación de una demanda de Nicaragua por los presuntos daños medioambientales causados con la construcción en Costa Rica de una carretera de 120 kilómetros en paralelo al curso del río.
Por último, en febrero de 2014 Costa Rica presentó ante la CIJ una demanda contra Nicaragua para delimitar la frontera marítima entre los dos países, tanto en el Caribe como en el Pacífico.
El nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha abogado por “desanjuanizar” la relación entre su país y Nicaragua con un “pragmatismo inteligente”.