Más de una vez me preguntaron cómo será la situación económica que dejará el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; la verdad es que se han producido hechos de importancia que pueden variar los pronósticos de muchos analistas que se animaron a opinar.
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Más de una vez me preguntaron cómo será la situación económica que dejará el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; la verdad es que se han producido hechos de importancia que pueden variar los pronósticos de muchos analistas que se animaron a opinar.
El Gobierno sabe que se necesitan inversiones para poder disponer de recursos genuinos, porque si logra aumentar la producción, aumentará, también genuinamente, la recaudación y se dispondrá de más fondos sin necesidad de emitir dinero o endeudarse.
Las posibilidades de aumentar la producción se juegan en dos frentes: en el interno, el consumo entró en una meseta provocando serios conflictos sociales por la disminución de trabajo, sumado a los altos costos tanto de insumos como de préstamos e impuestos. Por todo esto, los empresarios hablan de productividad, lo que significa aumentar la producción tratando de bajar los costos. Prevén inflación con recesión.
En el frente externo observamos al Gobierno muy activo y preocupado; quiere acordar con sus acreedores, de donde surgieron el plan de pagos con el Club de París, el acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de YPF, los conflictos denunciados ante el Ciadi que fueron cancelados, el comienzo de relaciones con el Fondo Monetario Internacional que controla la veracidad en la información estadística y el cambio de actitud respecto al juicio con los holdouts (fondos buitres) en los Estados Unidos.
Son signos claros de la búsqueda de un clima propicio para atraer inversiones.
Uno de los últimos escollos para concluir con los compromisos internacionales más significativos es el resultado del juicio que tenedores de títulos de la deuda pública argentina que no fueron renegociados.
Argentina renegoció el 93% de toda su deuda externa aplicando una quita en la mayoría de los casos del 35% de su valor nominal, amplió los plazos de vencimientos y está pagando un beneficio adicional conocido como cupón PBI. Solo una parte de ese 7% que no renegoció son los que están reclamando su cobro en el juicio.
Un interés nacional
Un juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones dieron en EE.UU. la razón en sus reclamos a los inversores (fondos buitres) Ahora, todo está en manos de la Suprema Corte de Justicia, quien debe decidir si toma el caso o no.
No solo es preocupación del oficialismo y de la oposición en Argentina, sino de más de cincuenta países que renegociaron sus deudas externas y el resultado de este juicio puede sentar precedentes, es decir jurisprudencia para que se inicien reclamos similares en todo el mundo.
Algunos analistas opinan que de darse el peor de los escenarios, es decir, que la Corte norteamericana no acepte la apelación argentina, nuestro país entraría en default técnico, porque no tendría como pagar en tiempo y forma en los bancos de los EEUU los compromisos de deuda renegociada, que vencen durante este período.
La solución sería pagar estas obligaciones en bancos de otro país que perfectamente puede ser el nuestro.
El problema es que los títulos renegociados tienen una cláusula que obliga a pagar en las mismas condiciones si es que se arregla con otros acreedores en mejores condiciones que las pactadas con ellos. Si perdemos el juicio y tenemos que pagar lo reclamado por estos inversores (fondos buitres) es decir el valor nominal de los títulos, automáticamente todos los acreedores que renegociaron su deuda tendrán el mismo derecho.
Esta cláusula vence el 31 de diciembre de este año, por eso es importante lo que decida la Corte, debido a la catarata de juicios que deberíamos afrontar.Si la Corte optara por hacer una consulta, la decisión se prorrogaría hasta el próximo año y beneficiaría en gran medida a las arcas nacionales. Si Argentina sale beneficiada con este juicio seguramente muchas inversiones serán tentadas a radicarse en nuestro país