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El Gobierno estudia ofrecer un pago en efectivo y el resto en bonos

Domingo, 22 de junio de 2014 21:42

El gobierno espera tener definida en pocos días una propuesta de pago a los fondos buitre con el fin de evitar una caída en default, la cual incluiría abonar en efectivo alrededor del 20 por ciento de lo reclamado y acordar saldar con bonos los fondos restantes.

En el mercado ya se especula con que la Argentina podría pagarle unos 300 millones de dólares en efectivo a los fondos NML y Aurelius, y negociar la forma de cancelar los más de 1.000 millones restantes, con una fórmula capaz de estirar los plazos y evitar apremios financieros.

Se especula con que esta semana una delegación argentina podría reunirse cara a cara con representantes de los fondos especulativos para avanzar en esta negociación, con aval del juez de Nueva York Thomas Griesa.

A fin de mes la Argentina debe saldar vencimientos de deuda por 900 millones de dólares, de los cuales 225 millones deben ser cancelados en Nueva York. Por eso existiría cierto apuro en avanzar en un acuerdo que dé señales a los mercados de que el país no caerá en default. Se aprovecharía, para ello, el seguro que le da un plazo de 30 días más a la Argentina, hasta fines de julio, para evitar técnicamente la cesación de pagos.

Ante el revés judicial en Estados Unidos, la Argentina dejaría de lado cualquier posibilidad de pedir una quita y operaría con una estrategia similar a la utilizada ante el Club de París: pagar todo lo reclamado pero a largo plazo. Así, el país podría ofrecer un "anticipo" de 300 millones de dólares y acordar emisiones de títulos a varios años.

Los fondos buitre ya hicieron trascender que están dispuestos a escuchar ofertas pero manifestaron su pretensión negociar "cara a cara" con referentes con poder de decisión. Si bien existen dudas sobre si la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) podría activarse igual aún en caso de una orden judicial como la que imparte Griesa, la Casa Rosada no quiere correr el riesgo de que los bonistas que entraron al canje puedan reclamar a la Argentina más dinero si mejora su oferta al resto de los acreedores no reestructurados.

El gobierno tiene en cuenta, además, que de esta negociación dependen otras variables, como las emisiones de deuda por parte de las provincias, frenadas a la espera de una definición.

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El gobierno espera tener definida en pocos días una propuesta de pago a los fondos buitre con el fin de evitar una caída en default, la cual incluiría abonar en efectivo alrededor del 20 por ciento de lo reclamado y acordar saldar con bonos los fondos restantes.

En el mercado ya se especula con que la Argentina podría pagarle unos 300 millones de dólares en efectivo a los fondos NML y Aurelius, y negociar la forma de cancelar los más de 1.000 millones restantes, con una fórmula capaz de estirar los plazos y evitar apremios financieros.

Se especula con que esta semana una delegación argentina podría reunirse cara a cara con representantes de los fondos especulativos para avanzar en esta negociación, con aval del juez de Nueva York Thomas Griesa.

A fin de mes la Argentina debe saldar vencimientos de deuda por 900 millones de dólares, de los cuales 225 millones deben ser cancelados en Nueva York. Por eso existiría cierto apuro en avanzar en un acuerdo que dé señales a los mercados de que el país no caerá en default. Se aprovecharía, para ello, el seguro que le da un plazo de 30 días más a la Argentina, hasta fines de julio, para evitar técnicamente la cesación de pagos.

Ante el revés judicial en Estados Unidos, la Argentina dejaría de lado cualquier posibilidad de pedir una quita y operaría con una estrategia similar a la utilizada ante el Club de París: pagar todo lo reclamado pero a largo plazo. Así, el país podría ofrecer un "anticipo" de 300 millones de dólares y acordar emisiones de títulos a varios años.

Los fondos buitre ya hicieron trascender que están dispuestos a escuchar ofertas pero manifestaron su pretensión negociar "cara a cara" con referentes con poder de decisión. Si bien existen dudas sobre si la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) podría activarse igual aún en caso de una orden judicial como la que imparte Griesa, la Casa Rosada no quiere correr el riesgo de que los bonistas que entraron al canje puedan reclamar a la Argentina más dinero si mejora su oferta al resto de los acreedores no reestructurados.

El gobierno tiene en cuenta, además, que de esta negociación dependen otras variables, como las emisiones de deuda por parte de las provincias, frenadas a la espera de una definición.

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