Sin referirse al contundente reclamo de los jueces federales de la región por falta de recursos para enfrentar al narcotráfico o a los problemas con los radares en la frontera, la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, visitó ayer Salta.
La funcionaria firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia, por el cual, la Presidencia enviará a Salta 3,5 millones de pesos para la lucha contra el crimen. Rodríguez, que asumió en reemplazo de Nilda Garré en diciembre, se reunió con el gobernador Juan Manuel Urtubey, el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Cornejo D’Andrea, la ministra de Justicia, Pamela Caletti, y diputados nacionales por Salta a puertas cerradas en la sede del Ministerio de Seguridad.
La ministra respondió algunas preguntas de la prensa en la terraza del edificio y destacó que el motivo de su viaje era “poner a disposición de la provincia un recurso más”.
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Sin referirse al contundente reclamo de los jueces federales de la región por falta de recursos para enfrentar al narcotráfico o a los problemas con los radares en la frontera, la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, visitó ayer Salta.
La funcionaria firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia, por el cual, la Presidencia enviará a Salta 3,5 millones de pesos para la lucha contra el crimen. Rodríguez, que asumió en reemplazo de Nilda Garré en diciembre, se reunió con el gobernador Juan Manuel Urtubey, el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Cornejo D’Andrea, la ministra de Justicia, Pamela Caletti, y diputados nacionales por Salta a puertas cerradas en la sede del Ministerio de Seguridad.
La ministra respondió algunas preguntas de la prensa en la terraza del edificio y destacó que el motivo de su viaje era “poner a disposición de la provincia un recurso más”.
Desde el Ministerio de Seguridad informaron luego que el Gobierno de la Nación enviará a Salta 3,5 millones de pesos que se destinarán a reforzar las instituciones de prevención. Sin embargo, Rodríguez no dio a los medios de comunicación precisiones sobre el destino de estos fondos.
Consultada sobre las denuncias que indican que los radares instalados en la frontera con Bolivia para controlar el tráfico aéreo funcionan solo unas horas por día o directamente están fuera de servicio, la ministra aseguró que “la operatividad” de los equipos depende del Ministerio de Defensa. “Nosotros trabajamos en forma complementaria para el intercambio de información.
Frente a la identificación de un transporte aéreo irregular, actuamos en la investigación de dónde puede aterrizar. Las especificaciones técnicas las tienen las fuerzas que operan el Escudo Norte. Ellos podrían responder mejor”, dijo la funcionaria.
Rodríguez expresó también la postura del Gobierno nacional en contra de una ley que permita el derribo de vuelos ilegales. “En Argentina no hay pena de muerte. No es una discusión para nosotros. No estamos de acuerdo. Existen vuelos de fumigadores o vuelos que se olvidaron de informar su plan”, manifestó.
Cuando le preguntaron si Argentina dejó de ser un país de paso para las drogas, la encargada de la cartera de seguridad contestó: “Los procedimiento y la cantidad de sustancias incautadas reflejan claramente el trabajo. Las modalidades de narcotráfico han cambiado. El crimen organizado está buscando otras estrategias porque no le está resultando fácil”.
El 8 de mayo, jueces federales del norte del país se reunieron en Orán y redactaron un documento en el que reclamaron recursos para luchar contra el tráfico de drogas. En el texto, que enviaron al Gobierno de la Nación, los magistrados sostuvieron que hay “hacinamiento” en las cárceles y se mostraron preocupados por la cantidad de cargos judiciales que están vacantes pese al aumento de causas por transporte y comercialización de cocaína y marihuana.
Los referentes de la Justicia Federal pidieron una mayor “provisión de recursos humanos, tecnológicos y logísticos para la prevención, investigación y combate de la criminalidad, especialmente en zona de frontera”.
María Cecilia Rodríguez se fue sin referirse a la demanda de los jueces. La funcionaria llegó a responder solo algunas de las consultas de los periodistas que habían llegado al Ministerio de Seguridad. Sí se preocupó por remarcar que se sumaron “más de mil gendarmes” al límite con Bolivia en los últimos diez años.