“Tenemos que apoyar a los abogados de La Cámpora en Salta. Es la orden que bajó Julián Alvarez”. Julián Alvarez es vice ministro nacional de Justicia, dirigente camporista y flamante miembro del Consejo de la Magistratura. La confesión, de tono intimista, la hizo un prestigioso penalista, ex juez, con una edad más acorde con la “gloriosa JP” que con los juveniles funcionarios que invocan el nombre de aquel dentista conservador de San Andrés de Giles que terminó como efímero presidente en 1973. A nivel nacional, la organización ultrakirchnerista participa activamente del movimiento Justicia Legítima, cuyo objetivo es la subordinación del Poder Judicial y del Ministerio Público al jefe político. Una fórmula que consiste en disolver la división de poderes y neutralizar cualquier intento de investigación sobre actos de corrupción que involucren al Poder Ejecutivo.
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“Tenemos que apoyar a los abogados de La Cámpora en Salta. Es la orden que bajó Julián Alvarez”. Julián Alvarez es vice ministro nacional de Justicia, dirigente camporista y flamante miembro del Consejo de la Magistratura. La confesión, de tono intimista, la hizo un prestigioso penalista, ex juez, con una edad más acorde con la “gloriosa JP” que con los juveniles funcionarios que invocan el nombre de aquel dentista conservador de San Andrés de Giles que terminó como efímero presidente en 1973. A nivel nacional, la organización ultrakirchnerista participa activamente del movimiento Justicia Legítima, cuyo objetivo es la subordinación del Poder Judicial y del Ministerio Público al jefe político. Una fórmula que consiste en disolver la división de poderes y neutralizar cualquier intento de investigación sobre actos de corrupción que involucren al Poder Ejecutivo.
En Salta, la meta de la Cámpora y de Justicia Legítima está puesta en el Consejo de la Magistratura y en las Cámaras Legislativas que son decisivas para el encolumnamiento de ese órgano que debería, en teoría, garantizar la transparencia de la Justicia.
Es una obviedad, pero ni Rodolfo Urtubey ni Pablo López Viñals comparten la cosmovisión camporista. Sin embargo, la colonización del Poder Judicial salteño y su subordinación al Poder Ejecutivo los tiene como artífices.
La revelación del penalista salteño tiene un correlato en la realidad.
Hace pocas semanas circuló la versión de que La Cámpora salteña quería presentar lista propia en las elecciones del Colegio de Abogados, que se realizarán mañana. La iniciativa se atribuía al referente de la corriente, el ex concejal Martín Avila, un reconocido abogado camporista. Como síntoma aparecía la Asociación de Abogadas y Abogados de Salta, creada por iniciativa de Ávila pero encabezada formalmente por Jacqueline Cobo. La asociación contó con el apoyo de Rodolfo Urtubey y Pablo Kosiner.
El nexo entre el urtubeicismo y La Cámpora fue Memoria y Movilización. Allí revistan Martín Ávila, Pablo Viel, Diana Cobo, Gastón Casabella; Verónica Molina. Cuando se presentó una alternativa en el Colegio, la lista Unidad, su candidata, María Luisa Bravo de Salim, advirtió, molesta, que de ninguna manera se trata de una propuesta funcional a La Cámpora ni a ninguna organización política. No obstante, en puestos expectantes figuran Verónica Molina, Gastón Casabella, Gustavo Daniel Segura, Rosa Mónica Palomino Rocha, Clelia Alcira Poma y José Luis Finelli, a quienes sus colegas identifican con diversas variantes del oficialismo salteño.
De todas maneras, lo que plantean Justicia Legítima y otras entidades afines define una instancia donde, tomando como escenarios la Magistratura y el Colegio salteños, podría tomar un viraje muy fuerte la vida institucional, en momentos en que la justicia y el orden jurídico no transmiten seguridad y confianza entre los salteños.