La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento dictado por el Juzgado N§ 1 a una mujer acusada de un nuevo caso de trata de personas. Se trata de Martha Mauriel Aguilar, quien raptó a una niña de 14 años en Bolivia con la intención de llevarla a Buenos Aires para hacerla trabajar en un local de comidas.
El hecho se descubrió el 20 de noviembre de 2013, cuando personal de Gendarmería Nacional controló un colectivo de larga distancia procedente de La Quiaca (Jujuy). Al requerir la documentación de los pasajeros, a los efectivos les llamó la atención el caso de una menor, acompañada por Aguilar, que presentó un documento que señalaba que tenía 20 años y que luego se estableció que era adulterado.
Al ser interrogada por los gendarmes se puso al descubierto el accionar delictivo de la mujer. Con muestras de angustia y llantos, la jovencita requirió la ayuda de la fuerza de seguridad. Explicó que su captora la había sacado con engaños del seno de su familia en la República de Bolivia, para ser sometida a la explotación laboral. La oportuna intervención fue determinante para impedir que la niña cayera en las redes de quienes se dedican a esta actividad ilegal.
Julio Bavio, el juez federal de Instrucción, requirió que la niña ampliara su relato en cámara Gesell, conforme a la ley de trata de personas, que establece esta modalidad para este tipo de declaraciones testimoniales cuando las víctimas son menores de edad.
Dicha diligencia contó con la colaboración de psicólogos que actúan a modo de "traductores" del relato infantil, por tratarse de hechos que producen graves afectaciones a la psiquis de las personas.
En este caso, al ser la víctima una menor de edad se le tomó declaración con dicho método por expresa la resolución firmada por los camaristas Jorge Luís Villada y Miguel Antonio Medina.
Reincidente
A partir del crudo relato de la niña boliviana quedó probada la responsabilidad de Martha Mauriel Aguilar en el hecho. Fue así que el juez Julio Bavio la procesó por el delito de "captación y transporte de personas con fines de explotación, doblemente agravado", en razón de tratarse de una menor de edad.
La situación de Aguilar se agravó aún más al haberse probado que para raptar a la menor del vecino país recurrió a amenazas, hecho previsto y sancionado por el artículo 45 del Código Penal. Además, la Justicia Federal de Salta pudo establecer que Martha Aguilar contaba en su haber con antecedente por un hecho de similares características tramitado en un Juzgado Federal de la provincia de Buenos Aires.
Luego de los trámites de rigor, el juez instructor dispuso que la víctima de este accionar delictivo sea repatriaba a Bolivia y entregada a sus padres, previa asistencia psicológica y emocional. En la resolución firmada ayer los jueces Villada y Medina no solo confirmaron el procesamiento, sino la prisión preventiva de la Aguilar, quien ahora deberá esperar el juicio oral y público.
El caso de esta niña es uno de los tantos descubiertos por las fuerzas de seguridad en la provincia. En la mayoría de los casos los autores de estas maniobras recurren al método del rapto o engañan a los familiares de las eventuales víctimas con el argumento de que les darán un trabajo seguro.
Los hechos confirman que a las niñas y adolescentes no las llevan a Buenos Aires para trabajar a ningún local comercial, sino para que ejerzan la prostitución.
En los últimos años se han descubierto numerosos casos de jovencitas reclutadas en centros clandestinos por parte de bandas organizadas que se dedican a la explotación sexual de mujeres.
En el caso de Aguilar, todo indica que la mujer forma parte de una de esas bandas delictivas con ramificaciones en distintos puntos de país.
El hecho se descubrió el 20 de noviembre de 2013, cuando personal de Gendarmería Nacional controló un colectivo de larga distancia procedente de La Quiaca (Jujuy). Al requerir la documentación de los pasajeros, a los efectivos les llamó la atención el caso de una menor, acompañada por Aguilar, que presentó un documento que señalaba que tenía 20 años y que luego se estableció que era adulterado.
Al ser interrogada por los gendarmes se puso al descubierto el accionar delictivo de la mujer. Con muestras de angustia y llantos, la jovencita requirió la ayuda de la fuerza de seguridad. Explicó que su captora la había sacado con engaños del seno de su familia en la República de Bolivia, para ser sometida a la explotación laboral. La oportuna intervención fue determinante para impedir que la niña cayera en las redes de quienes se dedican a esta actividad ilegal.
Julio Bavio, el juez federal de Instrucción, requirió que la niña ampliara su relato en cámara Gesell, conforme a la ley de trata de personas, que establece esta modalidad para este tipo de declaraciones testimoniales cuando las víctimas son menores de edad.
Dicha diligencia contó con la colaboración de psicólogos que actúan a modo de "traductores" del relato infantil, por tratarse de hechos que producen graves afectaciones a la psiquis de las personas.
En este caso, al ser la víctima una menor de edad se le tomó declaración con dicho método por expresa la resolución firmada por los camaristas Jorge Luís Villada y Miguel Antonio Medina.
Reincidente
A partir del crudo relato de la niña boliviana quedó probada la responsabilidad de Martha Mauriel Aguilar en el hecho. Fue así que el juez Julio Bavio la procesó por el delito de "captación y transporte de personas con fines de explotación, doblemente agravado", en razón de tratarse de una menor de edad.
La situación de Aguilar se agravó aún más al haberse probado que para raptar a la menor del vecino país recurrió a amenazas, hecho previsto y sancionado por el artículo 45 del Código Penal. Además, la Justicia Federal de Salta pudo establecer que Martha Aguilar contaba en su haber con antecedente por un hecho de similares características tramitado en un Juzgado Federal de la provincia de Buenos Aires.
Luego de los trámites de rigor, el juez instructor dispuso que la víctima de este accionar delictivo sea repatriaba a Bolivia y entregada a sus padres, previa asistencia psicológica y emocional. En la resolución firmada ayer los jueces Villada y Medina no solo confirmaron el procesamiento, sino la prisión preventiva de la Aguilar, quien ahora deberá esperar el juicio oral y público.
El caso de esta niña es uno de los tantos descubiertos por las fuerzas de seguridad en la provincia. En la mayoría de los casos los autores de estas maniobras recurren al método del rapto o engañan a los familiares de las eventuales víctimas con el argumento de que les darán un trabajo seguro.
Los hechos confirman que a las niñas y adolescentes no las llevan a Buenos Aires para trabajar a ningún local comercial, sino para que ejerzan la prostitución.
En los últimos años se han descubierto numerosos casos de jovencitas reclutadas en centros clandestinos por parte de bandas organizadas que se dedican a la explotación sexual de mujeres.
En el caso de Aguilar, todo indica que la mujer forma parte de una de esas bandas delictivas con ramificaciones en distintos puntos de país.
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La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento dictado por el Juzgado N§ 1 a una mujer acusada de un nuevo caso de trata de personas. Se trata de Martha Mauriel Aguilar, quien raptó a una niña de 14 años en Bolivia con la intención de llevarla a Buenos Aires para hacerla trabajar en un local de comidas.
El hecho se descubrió el 20 de noviembre de 2013, cuando personal de Gendarmería Nacional controló un colectivo de larga distancia procedente de La Quiaca (Jujuy). Al requerir la documentación de los pasajeros, a los efectivos les llamó la atención el caso de una menor, acompañada por Aguilar, que presentó un documento que señalaba que tenía 20 años y que luego se estableció que era adulterado.
Al ser interrogada por los gendarmes se puso al descubierto el accionar delictivo de la mujer. Con muestras de angustia y llantos, la jovencita requirió la ayuda de la fuerza de seguridad. Explicó que su captora la había sacado con engaños del seno de su familia en la República de Bolivia, para ser sometida a la explotación laboral. La oportuna intervención fue determinante para impedir que la niña cayera en las redes de quienes se dedican a esta actividad ilegal.
Julio Bavio, el juez federal de Instrucción, requirió que la niña ampliara su relato en cámara Gesell, conforme a la ley de trata de personas, que establece esta modalidad para este tipo de declaraciones testimoniales cuando las víctimas son menores de edad.
Dicha diligencia contó con la colaboración de psicólogos que actúan a modo de "traductores" del relato infantil, por tratarse de hechos que producen graves afectaciones a la psiquis de las personas.
En este caso, al ser la víctima una menor de edad se le tomó declaración con dicho método por expresa la resolución firmada por los camaristas Jorge Luís Villada y Miguel Antonio Medina.
Reincidente
A partir del crudo relato de la niña boliviana quedó probada la responsabilidad de Martha Mauriel Aguilar en el hecho. Fue así que el juez Julio Bavio la procesó por el delito de "captación y transporte de personas con fines de explotación, doblemente agravado", en razón de tratarse de una menor de edad.
La situación de Aguilar se agravó aún más al haberse probado que para raptar a la menor del vecino país recurrió a amenazas, hecho previsto y sancionado por el artículo 45 del Código Penal. Además, la Justicia Federal de Salta pudo establecer que Martha Aguilar contaba en su haber con antecedente por un hecho de similares características tramitado en un Juzgado Federal de la provincia de Buenos Aires.
Luego de los trámites de rigor, el juez instructor dispuso que la víctima de este accionar delictivo sea repatriaba a Bolivia y entregada a sus padres, previa asistencia psicológica y emocional. En la resolución firmada ayer los jueces Villada y Medina no solo confirmaron el procesamiento, sino la prisión preventiva de la Aguilar, quien ahora deberá esperar el juicio oral y público.
El caso de esta niña es uno de los tantos descubiertos por las fuerzas de seguridad en la provincia. En la mayoría de los casos los autores de estas maniobras recurren al método del rapto o engañan a los familiares de las eventuales víctimas con el argumento de que les darán un trabajo seguro.
Los hechos confirman que a las niñas y adolescentes no las llevan a Buenos Aires para trabajar a ningún local comercial, sino para que ejerzan la prostitución.
En los últimos años se han descubierto numerosos casos de jovencitas reclutadas en centros clandestinos por parte de bandas organizadas que se dedican a la explotación sexual de mujeres.
En el caso de Aguilar, todo indica que la mujer forma parte de una de esas bandas delictivas con ramificaciones en distintos puntos de país.
El hecho se descubrió el 20 de noviembre de 2013, cuando personal de Gendarmería Nacional controló un colectivo de larga distancia procedente de La Quiaca (Jujuy). Al requerir la documentación de los pasajeros, a los efectivos les llamó la atención el caso de una menor, acompañada por Aguilar, que presentó un documento que señalaba que tenía 20 años y que luego se estableció que era adulterado.
Al ser interrogada por los gendarmes se puso al descubierto el accionar delictivo de la mujer. Con muestras de angustia y llantos, la jovencita requirió la ayuda de la fuerza de seguridad. Explicó que su captora la había sacado con engaños del seno de su familia en la República de Bolivia, para ser sometida a la explotación laboral. La oportuna intervención fue determinante para impedir que la niña cayera en las redes de quienes se dedican a esta actividad ilegal.
Julio Bavio, el juez federal de Instrucción, requirió que la niña ampliara su relato en cámara Gesell, conforme a la ley de trata de personas, que establece esta modalidad para este tipo de declaraciones testimoniales cuando las víctimas son menores de edad.
Dicha diligencia contó con la colaboración de psicólogos que actúan a modo de "traductores" del relato infantil, por tratarse de hechos que producen graves afectaciones a la psiquis de las personas.
En este caso, al ser la víctima una menor de edad se le tomó declaración con dicho método por expresa la resolución firmada por los camaristas Jorge Luís Villada y Miguel Antonio Medina.
Reincidente
A partir del crudo relato de la niña boliviana quedó probada la responsabilidad de Martha Mauriel Aguilar en el hecho. Fue así que el juez Julio Bavio la procesó por el delito de "captación y transporte de personas con fines de explotación, doblemente agravado", en razón de tratarse de una menor de edad.
La situación de Aguilar se agravó aún más al haberse probado que para raptar a la menor del vecino país recurrió a amenazas, hecho previsto y sancionado por el artículo 45 del Código Penal. Además, la Justicia Federal de Salta pudo establecer que Martha Aguilar contaba en su haber con antecedente por un hecho de similares características tramitado en un Juzgado Federal de la provincia de Buenos Aires.
Luego de los trámites de rigor, el juez instructor dispuso que la víctima de este accionar delictivo sea repatriaba a Bolivia y entregada a sus padres, previa asistencia psicológica y emocional. En la resolución firmada ayer los jueces Villada y Medina no solo confirmaron el procesamiento, sino la prisión preventiva de la Aguilar, quien ahora deberá esperar el juicio oral y público.
El caso de esta niña es uno de los tantos descubiertos por las fuerzas de seguridad en la provincia. En la mayoría de los casos los autores de estas maniobras recurren al método del rapto o engañan a los familiares de las eventuales víctimas con el argumento de que les darán un trabajo seguro.
Los hechos confirman que a las niñas y adolescentes no las llevan a Buenos Aires para trabajar a ningún local comercial, sino para que ejerzan la prostitución.
En los últimos años se han descubierto numerosos casos de jovencitas reclutadas en centros clandestinos por parte de bandas organizadas que se dedican a la explotación sexual de mujeres.
En el caso de Aguilar, todo indica que la mujer forma parte de una de esas bandas delictivas con ramificaciones en distintos puntos de país.