Anoche en Diputados se aprobó el proyecto de ley para procedimientos de actuación judicial en aplicación de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la iniciativa pasó para su tratamiento en el Senado provincial.
Mientras los legisladores salteños debaten la aplicación de esta ley, en Salta hay, en promedio, 1,5 casos de femicidios por mes.
La exjueza de la Corte de Justicia, Cristina Garros Martínez dijo en exclusiva a El Tribuno: “Que haya tanta violencia contra la mujer en Salta le compete al Ejecutivo”. La letrada fundamentó su postura en que a nivel de competencias judiciales, el problema de la violencia se ha puesto “en el ámbito de los juzgados de familias, pero no sucede nada a niveles penales, sociales, psicológicos o médicos”.
“Atribuyo estas alarmantes cifras a que no hay una sanción contra los violentos. Ese violento no ve una sanción social y no corta su conducta, no recibe un tratamiento, no hay correctivos y, sin dudas, esto repercute en los resultados. Muchas veces la violencia es consecuencia del alcohol o las drogas y para eso también hay que tener políticas de acción”, enfatizó. “¿Al violento quién lo trata?. Es la otra cara de la moneda”.
“¿Al violento quién lo trata?. Es la otra cara de la moneda”.
Garros Martínez también señaló que la prevención y la acción va más allá de hablarle a las mujeres. “Ellas ya saben que las tratan con violencia, ya saben que tienen que ir a la Policía, pero nadie apunta a quienes ejercen esa violencia. Para peor, se llevaron la oficina de violencia familiar (OVIF) hacia el Poder Judicial alejándola del centro -se lamentó-, cuando sabemos que el mayor número de víctimas está en la zona sudeste de la ciudad. Una mujer tiene que tomar dos colectivos para llegar hasta allá y si no tienen recursos ¿cómo lo hacen?”, se quejó.
En este sentido, la exjueza también reclamó la falta de estadísticas de delitos contra la mujer. “Creo que sacar la OVIF del centro de la ciudad fue una decisión apresurada. No hay real conciencia de lo que significa la violencia contra las mujeres “Creo que sacar la OVIF del centro de la ciudad fue una decisión apresurada. No hay real conciencia de lo que significa la violencia contra las mujeres", tampoco hay estadísticas, porque se toma como homicidio, lesiones, pero no se estudia específicamente como violencia contra la mujer”.
Por otra parte, Garros Martínez opinó que la Ley de Protección no significa un beneficio para las mujeres. “Los jueces evitan que el daño se propague en ese momento, pero no solucionan el flagelo social que significa la violencia. Eso es tarea del Ejecutivo”.
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Una cuestión cultural
En otro sentido, la letrada opinó que Salta también tiene cifras altas de violencia hacia la mujer por una cuestión cultural, vinculada al machismo. “El hombre es superior y la mujer debe acatar sus decisiones. Cuando de alguna manera ella se rebela a eso, las reacciones son desproporcionadas, porque han estado acostumbrados siempre a lo contrario”, señaló. “Pero también hay una mayor difusión de los derechos de la mujer y de alguna manera ellas se están animando más a denunciar”.
Falta de capacitación policial
Otro de los puntos que inciden en este problema, según Garros Martínez, es que “la Policía no toma adecuadamente las denuncias”.
“No hay que olvidar que dentro de las familias de los policías también hay mucha violencia y hasta está naturalizado esto”.
La exjueza recordó que durante el tiempo que estuvo en la Corte de Justicia se trabajó intensamente en la capacitación de los efectivos policiales “pero hay mucha movilidad en la Fuerza y hay que continuar haciéndolo”.
Además, Garros Martínez agregó: “No hay que olvidar que dentro de las familias de los policías también hay mucha violencia y hasta está naturalizado esto”.

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