Latinoamérica ha sufrido en el último año un aumento de medidas oficiales encaminadas a asfixiar la actividad periodística crítica e independiente, alertó hoy en Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.) Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e información de la SIP.
Paolillo arrancó en la presentación de su informe preliminar sobre el estado de la libertad de prensa en la región con una seria advertencia: en muchos países de la región los 'mandatarios han asumido una posición cuasimonárquica profundamente antidemocrática'.
El periodista hizo estos comentarios con motivo de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra hasta el próximo martes en esa ciudad sureña estadounidense.
En el foro de esta mañana, Paolillo diseccionó rápidamente algunos de los ejemplos, por países, donde más se evidencian las 'mentiras' que lanzan los regímenes para encubrir su intento de amordazar y ahogar a los medios críticos con el poder.
Citó, en primer lugar, a Argentina, un país cuyo Gobierno 'ha batido récords en gasto de propaganda oficial y continúa utilizando la publicidad que paga el Estado para castigar a medios críticos e independientes y premiar' a los afines.
Además, el 'abuso' realizado por la presidenta argentina, Cristina Fernández, de las cadenas nacionales de televisión para hacer 'propaganda partidaria', prosiguió, va en contra de un 'límite ético mínimo de cualquier Gobierno que se respete a sí mismo'.
Lo mismo ocurre, adelantó en su denuncia, en Bolivia, donde el Gobierno del presidente Evo Morales utiliza la publicidad para 'presionar a medios independientes, y en Nicaragua: 'Allí quedan solo un canal de televisión, una radio y un diario no oficialista'.
Concluyó Paolillo con una apelación a todos los periodistas presentes en la sala a mantener viva la 'batalla por la libertad de expresión' y a 'no rendirse nunca, nunca'.
En tres semanas habrá elecciones presidenciales que marcarán el cierre de un ciclo de doce años de gobierno, en el que la prensa ha vivido su período más adverso desde el regreso de la democracia.
Los obstáculos que ha encontrado el periodismo son los mismos que se registraron en esta etapa en los países latinoamericanos que tuvieron gobiernos intolerantes de las voces críticas. Entre otros problemas se destacan: uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición; partidización de los medios públicos; distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos; aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia; sanción de leyes específicas para desarticular medios críticos y favorecer voces oficialistas; presión a los anunciantes privados para quebrar económicamente a las empresas periodísticas; utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar; clausuras comunicacionales sufridas por periodistas críticos; destierro de las conferencias de prensa presidenciales; empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas; discurso oficial estigmatizante para los periodistas.
En este período se presentaron diversos ataques y dificultades para el periodismo.
La presidenta Cristina Kirchner habló en casi 40 oportunidades por cadena nacional en lo que va del año, para destacar su gestión, alejándose de lo establecido en la ley de medios sancionada durante su Presidencia que solo permite su uso "en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional". En reiteradas ocasiones han sido vehículo de manifestaciones injuriosas dirigidas contra la prensa, como el 5 de agosto,al comparar a magistrados, periodistas y medios que se ocupan de presuntos hechos de corrupción con los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar.
Los gastos en difusión y propaganda oficial del Estado nacional en el segundo mandato de Cristina Kirchner, alcanzan los 900 millones de dólares a tipo de cambio oficial. Una cifra todavía superior será la empleada en Fútbol para Todos, programa estatal que televisa las competencias futbolísticas de primera división y que tiene al Estado nacional como anunciante exclusivo.
El primer semestre de este año concluyó con una erogación de más de 145 millones de dólares en pauta oficial. Su arbitraria asignación respondió, en gran medida, a intereses electorales y actuó como combustible para medios alineados con el discurso oficial.
El trabajo periodístico fue perturbado por numerosos actos de violencia e intimidación. En abril, el periodista Rodrigo Mansilla, de FM El Chubut y diario El Chubut, fue golpeado y amenazado por un empleado del municipio con cargo de secretario. En julio, la garita de seguridad del edificio del periodista Jorge Lanata fue apedreada y en el lugar fueron encontrados casquillos de bala aparentemente arrojados con intención intimidatoria. En agosto, el camarógrafo Jorge Ahualli, del canal de cable CCC, de Tucumán, fue golpeado cuando filmaba el reparto de alimentos por parte de militantes políticos en pleno proceso electoral en esa provincia.
Muchos de los ataques registrados en este período están vinculados a la cobertura de casos de narcotráfico, fenómeno que crece de manera alarmante en nuestro país. Un grupo de empleados de los canales 5 y El Tres y del diario La Capital, todos de Rosario, fueron amenazados y agredidos cuando realizaban crónicas sobre un homicidio atribuido a bandas de narcotraficantes. Maximiliano Pascual, del periódico La Posta Hoy, de Arroyo Seco (Santa Fe), que informa sobre el caso de narcotráfico denominado "Carbón Blanco", sufrió cortes con arma blanca en sus orejas por parte de desconocidos.
En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la validez de leyes que obligan a los medios gráficos de esa provincia a ceder una página diaria a los partidos políticos durante los 10 días previos a cada elección provincial. En julio fueron inmovilizadas las cuentas bancarias de la empresa editora del diario El Tribuno, de Salta, como medida previa y excesiva en una demanda por difamación promovida por el ministro de Economía de esa provincia. En septiembre, el diario Democracia, de Junín (Buenos Aires), sufrió un corte abrupto en el suministro de pauta publicitaria municipal en represalia por informaciones críticas a la gestión del alcalde.
Argentina no cuenta con una ley de acceso a la información pública ni con normas que regulen la distribución de la pauta oficial. El país presenta disposiciones discriminatorias en materia impositiva que recaen sobre medios gráficos. Carece de normativas que contemplen la defensa de los derechos sobre los contenidos periodísticos digitales. Los medios públicos siguen siendo usados como instrumentos políticos y no hay las conferencias de prensa.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
Latinoamérica ha sufrido en el último año un aumento de medidas oficiales encaminadas a asfixiar la actividad periodística crítica e independiente, alertó hoy en Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.) Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e información de la SIP.
Paolillo arrancó en la presentación de su informe preliminar sobre el estado de la libertad de prensa en la región con una seria advertencia: en muchos países de la región los 'mandatarios han asumido una posición cuasimonárquica profundamente antidemocrática'.
El periodista hizo estos comentarios con motivo de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra hasta el próximo martes en esa ciudad sureña estadounidense.
En el foro de esta mañana, Paolillo diseccionó rápidamente algunos de los ejemplos, por países, donde más se evidencian las 'mentiras' que lanzan los regímenes para encubrir su intento de amordazar y ahogar a los medios críticos con el poder.
Citó, en primer lugar, a Argentina, un país cuyo Gobierno 'ha batido récords en gasto de propaganda oficial y continúa utilizando la publicidad que paga el Estado para castigar a medios críticos e independientes y premiar' a los afines.
Además, el 'abuso' realizado por la presidenta argentina, Cristina Fernández, de las cadenas nacionales de televisión para hacer 'propaganda partidaria', prosiguió, va en contra de un 'límite ético mínimo de cualquier Gobierno que se respete a sí mismo'.
Lo mismo ocurre, adelantó en su denuncia, en Bolivia, donde el Gobierno del presidente Evo Morales utiliza la publicidad para 'presionar a medios independientes, y en Nicaragua: 'Allí quedan solo un canal de televisión, una radio y un diario no oficialista'.
Concluyó Paolillo con una apelación a todos los periodistas presentes en la sala a mantener viva la 'batalla por la libertad de expresión' y a 'no rendirse nunca, nunca'.
En tres semanas habrá elecciones presidenciales que marcarán el cierre de un ciclo de doce años de gobierno, en el que la prensa ha vivido su período más adverso desde el regreso de la democracia.
Los obstáculos que ha encontrado el periodismo son los mismos que se registraron en esta etapa en los países latinoamericanos que tuvieron gobiernos intolerantes de las voces críticas. Entre otros problemas se destacan: uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición; partidización de los medios públicos; distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos; aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia; sanción de leyes específicas para desarticular medios críticos y favorecer voces oficialistas; presión a los anunciantes privados para quebrar económicamente a las empresas periodísticas; utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar; clausuras comunicacionales sufridas por periodistas críticos; destierro de las conferencias de prensa presidenciales; empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas; discurso oficial estigmatizante para los periodistas.
En este período se presentaron diversos ataques y dificultades para el periodismo.
La presidenta Cristina Kirchner habló en casi 40 oportunidades por cadena nacional en lo que va del año, para destacar su gestión, alejándose de lo establecido en la ley de medios sancionada durante su Presidencia que solo permite su uso "en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional". En reiteradas ocasiones han sido vehículo de manifestaciones injuriosas dirigidas contra la prensa, como el 5 de agosto,al comparar a magistrados, periodistas y medios que se ocupan de presuntos hechos de corrupción con los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar.
Los gastos en difusión y propaganda oficial del Estado nacional en el segundo mandato de Cristina Kirchner, alcanzan los 900 millones de dólares a tipo de cambio oficial. Una cifra todavía superior será la empleada en Fútbol para Todos, programa estatal que televisa las competencias futbolísticas de primera división y que tiene al Estado nacional como anunciante exclusivo.
El primer semestre de este año concluyó con una erogación de más de 145 millones de dólares en pauta oficial. Su arbitraria asignación respondió, en gran medida, a intereses electorales y actuó como combustible para medios alineados con el discurso oficial.
El trabajo periodístico fue perturbado por numerosos actos de violencia e intimidación. En abril, el periodista Rodrigo Mansilla, de FM El Chubut y diario El Chubut, fue golpeado y amenazado por un empleado del municipio con cargo de secretario. En julio, la garita de seguridad del edificio del periodista Jorge Lanata fue apedreada y en el lugar fueron encontrados casquillos de bala aparentemente arrojados con intención intimidatoria. En agosto, el camarógrafo Jorge Ahualli, del canal de cable CCC, de Tucumán, fue golpeado cuando filmaba el reparto de alimentos por parte de militantes políticos en pleno proceso electoral en esa provincia.
Muchos de los ataques registrados en este período están vinculados a la cobertura de casos de narcotráfico, fenómeno que crece de manera alarmante en nuestro país. Un grupo de empleados de los canales 5 y El Tres y del diario La Capital, todos de Rosario, fueron amenazados y agredidos cuando realizaban crónicas sobre un homicidio atribuido a bandas de narcotraficantes. Maximiliano Pascual, del periódico La Posta Hoy, de Arroyo Seco (Santa Fe), que informa sobre el caso de narcotráfico denominado "Carbón Blanco", sufrió cortes con arma blanca en sus orejas por parte de desconocidos.
En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la validez de leyes que obligan a los medios gráficos de esa provincia a ceder una página diaria a los partidos políticos durante los 10 días previos a cada elección provincial. En julio fueron inmovilizadas las cuentas bancarias de la empresa editora del diario El Tribuno, de Salta, como medida previa y excesiva en una demanda por difamación promovida por el ministro de Economía de esa provincia. En septiembre, el diario Democracia, de Junín (Buenos Aires), sufrió un corte abrupto en el suministro de pauta publicitaria municipal en represalia por informaciones críticas a la gestión del alcalde.
Argentina no cuenta con una ley de acceso a la información pública ni con normas que regulen la distribución de la pauta oficial. El país presenta disposiciones discriminatorias en materia impositiva que recaen sobre medios gráficos. Carece de normativas que contemplen la defensa de los derechos sobre los contenidos periodísticos digitales. Los medios públicos siguen siendo usados como instrumentos políticos y no hay las conferencias de prensa.