Rousseff, cerca del juicio político

Dilma Rousseff se convirtió en la primera presidenta de Brasil en tener las cuentas de su gobierno rechazadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), decisión que sienta las bases legales para que ahora el Congreso pueda iniciarle un juicio político por haber violado la ley de responsabilidad fiscal.

"Las cuentas no están en condiciones de ser aprobadas. Recomendamos su rechazo por el Congreso Nacional", afirmó el ministro Augusto Nardes, a cargo de la evaluación de la contabilidad oficial de jefa del Estado el año pasado, cuando Brasil cayó en un déficit primario inédito de 10.100 millones de dólares. Por unanimidad, los nueve miembros del TCU apuntaron que en todo el primer mandato de Rousseff hubo irregularidades y que en 2014 se realizaron maniobras fiscales sospechosas, presuntamente destinadas a maquillar las cuentas en rojo. El eje del asunto son las llamadas "pedaleadas fiscales", retrasos en los que incurrió el gobierno para transferir fondos de los tres bancos públicos -el Banco do Brasil, la Caixa Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social- con los que éstos debían pagar las cuotas de programas sociales como el famoso Bolsa Familia. Sin esos giros, las entidades tuvieron que hacer los desembolsos con su propio dinero, lo que en la práctica representa un préstamo, que debería haber sido autorizado por el Congreso. Y la figura de la mandataria se complica cada vez más.

Dilma Rousseff se convirtió en la primera presidenta de Brasil en tener las cuentas de su gobierno rechazadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), decisión que sienta las bases legales para que ahora el Congreso pueda iniciarle un juicio político por haber violado la ley de responsabilidad fiscal.

"Las cuentas no están en condiciones de ser aprobadas. Recomendamos su rechazo por el Congreso Nacional", afirmó el ministro Augusto Nardes, a cargo de la evaluación de la contabilidad oficial de jefa del Estado el año pasado, cuando Brasil cayó en un déficit primario inédito de 10.100 millones de dólares. Por unanimidad, los nueve miembros del TCU apuntaron que en todo el primer mandato de Rousseff hubo irregularidades y que en 2014 se realizaron maniobras fiscales sospechosas, presuntamente destinadas a maquillar las cuentas en rojo. El eje del asunto son las llamadas "pedaleadas fiscales", retrasos en los que incurrió el gobierno para transferir fondos de los tres bancos públicos -el Banco do Brasil, la Caixa Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social- con los que éstos debían pagar las cuotas de programas sociales como el famoso Bolsa Familia. Sin esos giros, las entidades tuvieron que hacer los desembolsos con su propio dinero, lo que en la práctica representa un préstamo, que debería haber sido autorizado por el Congreso. Y la figura de la mandataria se complica cada vez más.