El pasado 16 de julio por motivos que nunca quedaron claros pero que en principio obdecerían a reiteradas denuncias de desmanejos, la ANSeS suspendió a Fundatrad, la fundación que años atrás y con el apoyo de Hebe de Bonafini y otros dirigentes nacionales kirchneristas como Emilio Pérsico, creó el dirigente piquetero norteño José "Pepino" Fernández.
La forma de operar fue una muestra elocuente de la política asistencialista de la anterior administración nacional, caracterizada por un total descontrol a pesar de tratarse de fondos públicos. Sin ninguna representación política, institucional y sin ninguna lógica que lo justifique, Pepino Fernández -solo por sus contactos ultra K- manejó y decidió el destino de alrededor de $8 millones mensuales en los últimos cuatro años, lo que hace un total de $384 millones de pesos aproximadamente.
En los papeles, la fundación que presidía tenía contratados a 1.064 desocupados quienes "prestaban servicios" cuatro horas diarias en proyectos inexistentes y de los que ni el propio Fernández puede dar testimonio, porque no existieron.
Por ese "trabajo" los desocupados "percibían un sueldo" de $300 mensuales. Esa remuneración era solo una excusa para poder acceder a otro beneficio: el cobro del salario familiar, que en General Mosconi, por reglamentación nacional y desde hace décadas, implica 4 veces más dinero que en casi todo el resto de Salta.
Los "empleados" de Fundatrad percibían la suma de $1.800 por hijo menor de 18 años y $5.400 por hijo discapacitado, lo que hacía, hasta setiembre pasado, un promedio de $8.000 por grupo familiar. Era "vox populi" que los beneficiarios "inventaban" hijos a cargo, en especial discapacitados o se prestaban entre ellos la documentación de los menores y muchos eran empleados municipales, en especial de Tránsito. Cabe recordar que el hermano de "Pepino" Fernández fue funcionario de la anterior administración.
Como el manejo de "Pepino" era tan arbitrario, los reclamos comenzaron a hacerse oir y suspendieron a Fundatrad.
Según denunciaron el dirigente de los ex trabajadores de YPF, Mario Reartes, y el actual intendente Isidro Ruarte -en ese momento candidato-, la operatoria era así: Fernández retenía $150 por cada salario abonado, monto que tenía previsto subir a $180. Ningún beneficiario de Fundatrad reclamó jamás sobre la retención indebida ni por el maltratato al que los sometía Fernández:"Era un déspota; un patrón de estancia", dijeron algunos.
Cuando Fundatrad fue suspendida los desocupados comenzaron a cortar la ruta. La última protesta, el 19 de noviembre, le costó la vida a un camionero de Aguaray.
Pepino asegura que compró vehículos y maquinarias. Si así fuera tendrán el mismo destino que el hospital construido en 2010 por Madres de Plaza de Mayo y por el que el Estado pagó millones: el abandono.
Con la suspensión de Fundatrad recién el Gobierno de la provincia tomó intervención -nunca antes lo había hecho- y para evitarse conflictos pasó a los 1.064 beneficiarios a la fundación Villa Saavedra de Tartagal, que preside un hermano del intendente de Ballivián. Esta entidad debió fijar domicilio en Mosconi para que los beneficiarios cobren el coheficiente 4. Hasta ahora solo cobraron los sueldos, que fueron llevados de $300 a $500, con recursos que aportó la Provincia para no tener conflictos en la campaña nacional.
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El pasado 16 de julio por motivos que nunca quedaron claros pero que en principio obdecerían a reiteradas denuncias de desmanejos, la ANSeS suspendió a Fundatrad, la fundación que años atrás y con el apoyo de Hebe de Bonafini y otros dirigentes nacionales kirchneristas como Emilio Pérsico, creó el dirigente piquetero norteño José "Pepino" Fernández.
La forma de operar fue una muestra elocuente de la política asistencialista de la anterior administración nacional, caracterizada por un total descontrol a pesar de tratarse de fondos públicos. Sin ninguna representación política, institucional y sin ninguna lógica que lo justifique, Pepino Fernández -solo por sus contactos ultra K- manejó y decidió el destino de alrededor de $8 millones mensuales en los últimos cuatro años, lo que hace un total de $384 millones de pesos aproximadamente.
En los papeles, la fundación que presidía tenía contratados a 1.064 desocupados quienes "prestaban servicios" cuatro horas diarias en proyectos inexistentes y de los que ni el propio Fernández puede dar testimonio, porque no existieron.
Por ese "trabajo" los desocupados "percibían un sueldo" de $300 mensuales. Esa remuneración era solo una excusa para poder acceder a otro beneficio: el cobro del salario familiar, que en General Mosconi, por reglamentación nacional y desde hace décadas, implica 4 veces más dinero que en casi todo el resto de Salta.
Los "empleados" de Fundatrad percibían la suma de $1.800 por hijo menor de 18 años y $5.400 por hijo discapacitado, lo que hacía, hasta setiembre pasado, un promedio de $8.000 por grupo familiar. Era "vox populi" que los beneficiarios "inventaban" hijos a cargo, en especial discapacitados o se prestaban entre ellos la documentación de los menores y muchos eran empleados municipales, en especial de Tránsito. Cabe recordar que el hermano de "Pepino" Fernández fue funcionario de la anterior administración.
Como el manejo de "Pepino" era tan arbitrario, los reclamos comenzaron a hacerse oir y suspendieron a Fundatrad.
Según denunciaron el dirigente de los ex trabajadores de YPF, Mario Reartes, y el actual intendente Isidro Ruarte -en ese momento candidato-, la operatoria era así: Fernández retenía $150 por cada salario abonado, monto que tenía previsto subir a $180. Ningún beneficiario de Fundatrad reclamó jamás sobre la retención indebida ni por el maltratato al que los sometía Fernández:"Era un déspota; un patrón de estancia", dijeron algunos.
Cuando Fundatrad fue suspendida los desocupados comenzaron a cortar la ruta. La última protesta, el 19 de noviembre, le costó la vida a un camionero de Aguaray.
Pepino asegura que compró vehículos y maquinarias. Si así fuera tendrán el mismo destino que el hospital construido en 2010 por Madres de Plaza de Mayo y por el que el Estado pagó millones: el abandono.
Con la suspensión de Fundatrad recién el Gobierno de la provincia tomó intervención -nunca antes lo había hecho- y para evitarse conflictos pasó a los 1.064 beneficiarios a la fundación Villa Saavedra de Tartagal, que preside un hermano del intendente de Ballivián. Esta entidad debió fijar domicilio en Mosconi para que los beneficiarios cobren el coheficiente 4. Hasta ahora solo cobraron los sueldos, que fueron llevados de $300 a $500, con recursos que aportó la Provincia para no tener conflictos en la campaña nacional.