La independencia del Poder Judicial de Salta atraviesa por una grave crisis. La permeabilidad que exhibe un gran número de magistrados frente a las influencias del poder político no constituye una novedad, pero es evidente que la situación en estos días se ve agravada a niveles obscenos.
El enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles y el fraude a la administración pública son figuras penales que han caído en desuso por imperio de la deshonestidad y la falta de virilidad de jueces y fiscales que han decidido no investigarlas.
La persecución penal de funcionarios provinciales incursos en hechos de corrupción ha sido sacrificada en la mayoría de los casos y, cuando el estrépito generado por públicas protestas ha impuesto la corrección de alguna secuencia de impunidad, el reproche fue relativizado o minimizado.
Por si el archivo o el olvido no les alcanzara a los sospechados, algunos interpretan que pueden contrapesar al máximo la balanza de una Justicia a la que le quitaron la venda que garantizaba la imparcialidad.
Debe quedar en claro que es incompatible con la naturaleza de la función pública que un servidor del Estado -al menos debieran serlo- considere una ofensa que se lo investigue. Muchos de ellos no cumplen siquiera con la obligación de reflejar en sus declaraciones juradas sus inversiones.
¿Acaso debemos presumir que los cómodos niveles de vida a los que accedieron desde que alcanzaron jerarquías superiores en el Gobierno son una consecuencia natural? En varios casos la sumatoria de los sueldos, sin deducción alguna, no les alcanzaría para comprar lo que tienen.
El caso de Carlos Parodi se erige en un emblema de una Justicia devaluada. A no dudarlo, existían elementos que justificaban la apertura de una investigación por enriquecimiento ilícito para aventar lógicas dudas respecto de quien maneja anualmente $23.000 millones de todos los salteños. Obtuvo un archivo "exprés" sin alcanzar siquiera el primer escalón de una pesquisa.
No quedan dudas de que la Justicia está reservada para los pobres y los delitos en los que estos incursionan. Es más fácil para algún juez timorato encarcelar a un ladrón de poca monta que a un funcionario público, aún cuando los estragos a las finanzas del Estado los provocan estos últimos.
Luego de gestar la exculpación, Parodi entiende que le corresponde un resarcimiento por el daño moral supuestamente padecido ante lo que interpreta como graves ofensas a su honor.
De inmediato un juez interino ha otorgado un embargo preventivo por $1.200.000 de capital con más $600.000 por accesorios legales. Partiendo de esta base, habría que preguntarse cuántas veces debiera multiplicarse el precio del honor de un ciudadano trabajador, honrado y huérfano de sospecha alguna.
Paradójicamente, la vida de un pobre que muere en el marco de las tragedias cotidianas se cotiza para los jueces en mucho menos de la mitad de esos valores.
Por si esto fuera poco, violando doctrina y jurisprudencia pacíficas que aceptan medidas cautelares sobre bienes intangibles para no afectar el giro comercial de una empresa, en este caso se embargaron cuentas bancarias de un medio de comunicación que no es adicto al poder.
La desmesura de lo actuado por el juez nuevamente genera sugestión pública, puesto que el juicio recién comienza y parece otorgar íntimas garantías de éxito al acomodado demandante.
El enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles y el fraude a la administración pública son figuras penales que han caído en desuso por imperio de la deshonestidad y la falta de virilidad de jueces y fiscales que han decidido no investigarlas.
La persecución penal de funcionarios provinciales incursos en hechos de corrupción ha sido sacrificada en la mayoría de los casos y, cuando el estrépito generado por públicas protestas ha impuesto la corrección de alguna secuencia de impunidad, el reproche fue relativizado o minimizado.
Por si el archivo o el olvido no les alcanzara a los sospechados, algunos interpretan que pueden contrapesar al máximo la balanza de una Justicia a la que le quitaron la venda que garantizaba la imparcialidad.
Debe quedar en claro que es incompatible con la naturaleza de la función pública que un servidor del Estado -al menos debieran serlo- considere una ofensa que se lo investigue. Muchos de ellos no cumplen siquiera con la obligación de reflejar en sus declaraciones juradas sus inversiones.
¿Acaso debemos presumir que los cómodos niveles de vida a los que accedieron desde que alcanzaron jerarquías superiores en el Gobierno son una consecuencia natural? En varios casos la sumatoria de los sueldos, sin deducción alguna, no les alcanzaría para comprar lo que tienen.
El caso de Carlos Parodi se erige en un emblema de una Justicia devaluada. A no dudarlo, existían elementos que justificaban la apertura de una investigación por enriquecimiento ilícito para aventar lógicas dudas respecto de quien maneja anualmente $23.000 millones de todos los salteños. Obtuvo un archivo "exprés" sin alcanzar siquiera el primer escalón de una pesquisa.
No quedan dudas de que la Justicia está reservada para los pobres y los delitos en los que estos incursionan. Es más fácil para algún juez timorato encarcelar a un ladrón de poca monta que a un funcionario público, aún cuando los estragos a las finanzas del Estado los provocan estos últimos.
Luego de gestar la exculpación, Parodi entiende que le corresponde un resarcimiento por el daño moral supuestamente padecido ante lo que interpreta como graves ofensas a su honor.
De inmediato un juez interino ha otorgado un embargo preventivo por $1.200.000 de capital con más $600.000 por accesorios legales. Partiendo de esta base, habría que preguntarse cuántas veces debiera multiplicarse el precio del honor de un ciudadano trabajador, honrado y huérfano de sospecha alguna.
Paradójicamente, la vida de un pobre que muere en el marco de las tragedias cotidianas se cotiza para los jueces en mucho menos de la mitad de esos valores.
Por si esto fuera poco, violando doctrina y jurisprudencia pacíficas que aceptan medidas cautelares sobre bienes intangibles para no afectar el giro comercial de una empresa, en este caso se embargaron cuentas bancarias de un medio de comunicación que no es adicto al poder.
La desmesura de lo actuado por el juez nuevamente genera sugestión pública, puesto que el juicio recién comienza y parece otorgar íntimas garantías de éxito al acomodado demandante.
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La independencia del Poder Judicial de Salta atraviesa por una grave crisis. La permeabilidad que exhibe un gran número de magistrados frente a las influencias del poder político no constituye una novedad, pero es evidente que la situación en estos días se ve agravada a niveles obscenos.
El enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles y el fraude a la administración pública son figuras penales que han caído en desuso por imperio de la deshonestidad y la falta de virilidad de jueces y fiscales que han decidido no investigarlas.
La persecución penal de funcionarios provinciales incursos en hechos de corrupción ha sido sacrificada en la mayoría de los casos y, cuando el estrépito generado por públicas protestas ha impuesto la corrección de alguna secuencia de impunidad, el reproche fue relativizado o minimizado.
Por si el archivo o el olvido no les alcanzara a los sospechados, algunos interpretan que pueden contrapesar al máximo la balanza de una Justicia a la que le quitaron la venda que garantizaba la imparcialidad.
Debe quedar en claro que es incompatible con la naturaleza de la función pública que un servidor del Estado -al menos debieran serlo- considere una ofensa que se lo investigue. Muchos de ellos no cumplen siquiera con la obligación de reflejar en sus declaraciones juradas sus inversiones.
¿Acaso debemos presumir que los cómodos niveles de vida a los que accedieron desde que alcanzaron jerarquías superiores en el Gobierno son una consecuencia natural? En varios casos la sumatoria de los sueldos, sin deducción alguna, no les alcanzaría para comprar lo que tienen.
El caso de Carlos Parodi se erige en un emblema de una Justicia devaluada. A no dudarlo, existían elementos que justificaban la apertura de una investigación por enriquecimiento ilícito para aventar lógicas dudas respecto de quien maneja anualmente $23.000 millones de todos los salteños. Obtuvo un archivo "exprés" sin alcanzar siquiera el primer escalón de una pesquisa.
No quedan dudas de que la Justicia está reservada para los pobres y los delitos en los que estos incursionan. Es más fácil para algún juez timorato encarcelar a un ladrón de poca monta que a un funcionario público, aún cuando los estragos a las finanzas del Estado los provocan estos últimos.
Luego de gestar la exculpación, Parodi entiende que le corresponde un resarcimiento por el daño moral supuestamente padecido ante lo que interpreta como graves ofensas a su honor.
De inmediato un juez interino ha otorgado un embargo preventivo por $1.200.000 de capital con más $600.000 por accesorios legales. Partiendo de esta base, habría que preguntarse cuántas veces debiera multiplicarse el precio del honor de un ciudadano trabajador, honrado y huérfano de sospecha alguna.
Paradójicamente, la vida de un pobre que muere en el marco de las tragedias cotidianas se cotiza para los jueces en mucho menos de la mitad de esos valores.
Por si esto fuera poco, violando doctrina y jurisprudencia pacíficas que aceptan medidas cautelares sobre bienes intangibles para no afectar el giro comercial de una empresa, en este caso se embargaron cuentas bancarias de un medio de comunicación que no es adicto al poder.
La desmesura de lo actuado por el juez nuevamente genera sugestión pública, puesto que el juicio recién comienza y parece otorgar íntimas garantías de éxito al acomodado demandante.
El enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles y el fraude a la administración pública son figuras penales que han caído en desuso por imperio de la deshonestidad y la falta de virilidad de jueces y fiscales que han decidido no investigarlas.
La persecución penal de funcionarios provinciales incursos en hechos de corrupción ha sido sacrificada en la mayoría de los casos y, cuando el estrépito generado por públicas protestas ha impuesto la corrección de alguna secuencia de impunidad, el reproche fue relativizado o minimizado.
Por si el archivo o el olvido no les alcanzara a los sospechados, algunos interpretan que pueden contrapesar al máximo la balanza de una Justicia a la que le quitaron la venda que garantizaba la imparcialidad.
Debe quedar en claro que es incompatible con la naturaleza de la función pública que un servidor del Estado -al menos debieran serlo- considere una ofensa que se lo investigue. Muchos de ellos no cumplen siquiera con la obligación de reflejar en sus declaraciones juradas sus inversiones.
¿Acaso debemos presumir que los cómodos niveles de vida a los que accedieron desde que alcanzaron jerarquías superiores en el Gobierno son una consecuencia natural? En varios casos la sumatoria de los sueldos, sin deducción alguna, no les alcanzaría para comprar lo que tienen.
El caso de Carlos Parodi se erige en un emblema de una Justicia devaluada. A no dudarlo, existían elementos que justificaban la apertura de una investigación por enriquecimiento ilícito para aventar lógicas dudas respecto de quien maneja anualmente $23.000 millones de todos los salteños. Obtuvo un archivo "exprés" sin alcanzar siquiera el primer escalón de una pesquisa.
No quedan dudas de que la Justicia está reservada para los pobres y los delitos en los que estos incursionan. Es más fácil para algún juez timorato encarcelar a un ladrón de poca monta que a un funcionario público, aún cuando los estragos a las finanzas del Estado los provocan estos últimos.
Luego de gestar la exculpación, Parodi entiende que le corresponde un resarcimiento por el daño moral supuestamente padecido ante lo que interpreta como graves ofensas a su honor.
De inmediato un juez interino ha otorgado un embargo preventivo por $1.200.000 de capital con más $600.000 por accesorios legales. Partiendo de esta base, habría que preguntarse cuántas veces debiera multiplicarse el precio del honor de un ciudadano trabajador, honrado y huérfano de sospecha alguna.
Paradójicamente, la vida de un pobre que muere en el marco de las tragedias cotidianas se cotiza para los jueces en mucho menos de la mitad de esos valores.
Por si esto fuera poco, violando doctrina y jurisprudencia pacíficas que aceptan medidas cautelares sobre bienes intangibles para no afectar el giro comercial de una empresa, en este caso se embargaron cuentas bancarias de un medio de comunicación que no es adicto al poder.
La desmesura de lo actuado por el juez nuevamente genera sugestión pública, puesto que el juicio recién comienza y parece otorgar íntimas garantías de éxito al acomodado demandante.