Para el presidente de Plumada, Daniel Moreno, es un misterio la razón por la que el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió rescindir el contrato con esa empresa, que desde 2006 presta servicios de archivo de documentos a la Provincia. Mucho menos comprende la amenaza de expropiación de la firma que lanzaron desde el Gobierno durante esta semana.
Sostiene que la última maniobra oficial forma parte de una "improvisación", que inició a fines de agosto del año pasado con la firma de rescisión del contrato y generó un conflicto por el traspaso de la documentación que el juez Civil y Comercial Benjamín Pérez Ruiz debe resolver luego del fracaso de tres audiencias de conciliación. En ese proceso, por cierto, los representantes legales del Gobierno manifestaron la voluntad de no consensuar con la empresa.
La situación es compleja. Entre los 2,7 millones de archivos provinciales que almacena y digitalizó Plumada en los últimos 10 años se encuentran prontuarios policiales, historias clínicas de pacientes de hospitales públicos y expedientes de la administración que son a diario consultados desde los organismos pertinentes. La Provincia aún no tiene la infraestructura para manejar esa información, pese a que el 21 de enero finalizó legalmente el plazo de 90 días que por decreto Urtubey estableció para que la empresa continúe brindando sus servicios.
El plazo se cumplió sin que se resuelva el traslado de los documentos y desde la firma decidieron continuar con la prestación, vital en algunos casos, hasta que exista una solución. En el medio fracasaron cuatro llamados a licitación para cumplir con esa tarea. Ninguna empresa está dispuesta a agarrar esa brasa. Ni siquiera el titular de Plumada se interesó en comprar los pliegos. En definitiva, el contrato con el Gobierno representaba sólo el 4% de los ingresos de la empresa, según dijo a El Tribuno Moreno.
Consecuencias
La amenaza de expropiación, como era de esperar, puso en alerta a otros clientes de los servicios de guarda y custodia documental de Plumada, como bancos, estudios de abogados y contables, compañías de seguro y universidades. De hecho, las más de 150 mil cajas con documentos del Gobierno representan el 35% de los archivos que almacena la firma en sus depósitos. ¿La expropiación se aplicará también sobre los derechos de las entidades que nada tienen que ver con el conflicto?
"La barbaridad de esa noticia está causando un daño muy grave. Ya recibimos llamados de distintos clientes preocupados por la situación", acotó Moreno.
La misma lectura hizo su hijo, Matías, quien cumple roles gerenciales en la empresa. "Indudablemente, al gobernador no le interesa el futuro de esta empresa, que es de capitales salteños, hace inversiones en la provincia y genera fuentes de trabajo", sostuvo el joven.
Sostiene que la última maniobra oficial forma parte de una "improvisación", que inició a fines de agosto del año pasado con la firma de rescisión del contrato y generó un conflicto por el traspaso de la documentación que el juez Civil y Comercial Benjamín Pérez Ruiz debe resolver luego del fracaso de tres audiencias de conciliación. En ese proceso, por cierto, los representantes legales del Gobierno manifestaron la voluntad de no consensuar con la empresa.
La situación es compleja. Entre los 2,7 millones de archivos provinciales que almacena y digitalizó Plumada en los últimos 10 años se encuentran prontuarios policiales, historias clínicas de pacientes de hospitales públicos y expedientes de la administración que son a diario consultados desde los organismos pertinentes. La Provincia aún no tiene la infraestructura para manejar esa información, pese a que el 21 de enero finalizó legalmente el plazo de 90 días que por decreto Urtubey estableció para que la empresa continúe brindando sus servicios.
El plazo se cumplió sin que se resuelva el traslado de los documentos y desde la firma decidieron continuar con la prestación, vital en algunos casos, hasta que exista una solución. En el medio fracasaron cuatro llamados a licitación para cumplir con esa tarea. Ninguna empresa está dispuesta a agarrar esa brasa. Ni siquiera el titular de Plumada se interesó en comprar los pliegos. En definitiva, el contrato con el Gobierno representaba sólo el 4% de los ingresos de la empresa, según dijo a El Tribuno Moreno.
Consecuencias
La amenaza de expropiación, como era de esperar, puso en alerta a otros clientes de los servicios de guarda y custodia documental de Plumada, como bancos, estudios de abogados y contables, compañías de seguro y universidades. De hecho, las más de 150 mil cajas con documentos del Gobierno representan el 35% de los archivos que almacena la firma en sus depósitos. ¿La expropiación se aplicará también sobre los derechos de las entidades que nada tienen que ver con el conflicto?
"La barbaridad de esa noticia está causando un daño muy grave. Ya recibimos llamados de distintos clientes preocupados por la situación", acotó Moreno.
La misma lectura hizo su hijo, Matías, quien cumple roles gerenciales en la empresa. "Indudablemente, al gobernador no le interesa el futuro de esta empresa, que es de capitales salteños, hace inversiones en la provincia y genera fuentes de trabajo", sostuvo el joven.
Protección y manejo de archivos con altos estándares de calidad
Plumada es modelo en Latinoamérica en el tratamiento de documentos. Plumada no empieza ni se crea con los servicios de digitalización y depósito de archivos. Fue formada en 1996 como una empresa especializada en logística de transporte. Entre otros clientes de distintos puntos del país, se ocupa de la distribución de Coca Cola.
Además, es la concesionaria de la explotación de agua mineral Palau.
"La planta de Plumada (ubicada en el acceso a Salta) cuenta con 240 empleados. Tiene una superficie cubierta de 30.000 metros cuadrados, 10.000 de los cuales son para el sector de archivos y otros 1.000 comprenden el área de digitalización de documentos", explicó a El Tribuno el gerente general de la empresa, Fernando Parada.
El centro de tratamiento documental es modelo en Latinoamérica, con un sistema de detección y extinción de incendios altamente sofisticado. Por ejemplo, por cada caja archivada existe un reservorio de agua de 1,5 litros.
"Al servicio de digitalización de documentos que aún hoy brinda Plumada al Gobierno se suma un sistema complejo de seguridad y de software y hardware montado no solo en la empresa sino también en la sede de los clientes, la Policía tiene su sistema y los hospitales también. Todo ese servicio a la Provincia le costaba 10 centavos por cada documento digitalizado", detalló Parada.
Consideró que, al no haber cuestionamientos a la calidad de servicio ni de precios, la rescisión del contrato de Plumada tiene motivos políticos.
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Para el presidente de Plumada, Daniel Moreno, es un misterio la razón por la que el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió rescindir el contrato con esa empresa, que desde 2006 presta servicios de archivo de documentos a la Provincia. Mucho menos comprende la amenaza de expropiación de la firma que lanzaron desde el Gobierno durante esta semana.
Sostiene que la última maniobra oficial forma parte de una "improvisación", que inició a fines de agosto del año pasado con la firma de rescisión del contrato y generó un conflicto por el traspaso de la documentación que el juez Civil y Comercial Benjamín Pérez Ruiz debe resolver luego del fracaso de tres audiencias de conciliación. En ese proceso, por cierto, los representantes legales del Gobierno manifestaron la voluntad de no consensuar con la empresa.
La situación es compleja. Entre los 2,7 millones de archivos provinciales que almacena y digitalizó Plumada en los últimos 10 años se encuentran prontuarios policiales, historias clínicas de pacientes de hospitales públicos y expedientes de la administración que son a diario consultados desde los organismos pertinentes. La Provincia aún no tiene la infraestructura para manejar esa información, pese a que el 21 de enero finalizó legalmente el plazo de 90 días que por decreto Urtubey estableció para que la empresa continúe brindando sus servicios.
El plazo se cumplió sin que se resuelva el traslado de los documentos y desde la firma decidieron continuar con la prestación, vital en algunos casos, hasta que exista una solución. En el medio fracasaron cuatro llamados a licitación para cumplir con esa tarea. Ninguna empresa está dispuesta a agarrar esa brasa. Ni siquiera el titular de Plumada se interesó en comprar los pliegos. En definitiva, el contrato con el Gobierno representaba sólo el 4% de los ingresos de la empresa, según dijo a El Tribuno Moreno.
Consecuencias
La amenaza de expropiación, como era de esperar, puso en alerta a otros clientes de los servicios de guarda y custodia documental de Plumada, como bancos, estudios de abogados y contables, compañías de seguro y universidades. De hecho, las más de 150 mil cajas con documentos del Gobierno representan el 35% de los archivos que almacena la firma en sus depósitos. ¿La expropiación se aplicará también sobre los derechos de las entidades que nada tienen que ver con el conflicto?
"La barbaridad de esa noticia está causando un daño muy grave. Ya recibimos llamados de distintos clientes preocupados por la situación", acotó Moreno.
La misma lectura hizo su hijo, Matías, quien cumple roles gerenciales en la empresa. "Indudablemente, al gobernador no le interesa el futuro de esta empresa, que es de capitales salteños, hace inversiones en la provincia y genera fuentes de trabajo", sostuvo el joven.
Sostiene que la última maniobra oficial forma parte de una "improvisación", que inició a fines de agosto del año pasado con la firma de rescisión del contrato y generó un conflicto por el traspaso de la documentación que el juez Civil y Comercial Benjamín Pérez Ruiz debe resolver luego del fracaso de tres audiencias de conciliación. En ese proceso, por cierto, los representantes legales del Gobierno manifestaron la voluntad de no consensuar con la empresa.
La situación es compleja. Entre los 2,7 millones de archivos provinciales que almacena y digitalizó Plumada en los últimos 10 años se encuentran prontuarios policiales, historias clínicas de pacientes de hospitales públicos y expedientes de la administración que son a diario consultados desde los organismos pertinentes. La Provincia aún no tiene la infraestructura para manejar esa información, pese a que el 21 de enero finalizó legalmente el plazo de 90 días que por decreto Urtubey estableció para que la empresa continúe brindando sus servicios.
El plazo se cumplió sin que se resuelva el traslado de los documentos y desde la firma decidieron continuar con la prestación, vital en algunos casos, hasta que exista una solución. En el medio fracasaron cuatro llamados a licitación para cumplir con esa tarea. Ninguna empresa está dispuesta a agarrar esa brasa. Ni siquiera el titular de Plumada se interesó en comprar los pliegos. En definitiva, el contrato con el Gobierno representaba sólo el 4% de los ingresos de la empresa, según dijo a El Tribuno Moreno.
Consecuencias
La amenaza de expropiación, como era de esperar, puso en alerta a otros clientes de los servicios de guarda y custodia documental de Plumada, como bancos, estudios de abogados y contables, compañías de seguro y universidades. De hecho, las más de 150 mil cajas con documentos del Gobierno representan el 35% de los archivos que almacena la firma en sus depósitos. ¿La expropiación se aplicará también sobre los derechos de las entidades que nada tienen que ver con el conflicto?
"La barbaridad de esa noticia está causando un daño muy grave. Ya recibimos llamados de distintos clientes preocupados por la situación", acotó Moreno.
La misma lectura hizo su hijo, Matías, quien cumple roles gerenciales en la empresa. "Indudablemente, al gobernador no le interesa el futuro de esta empresa, que es de capitales salteños, hace inversiones en la provincia y genera fuentes de trabajo", sostuvo el joven.
Protección y manejo de archivos con altos estándares de calidad
Plumada es modelo en Latinoamérica en el tratamiento de documentos. Plumada no empieza ni se crea con los servicios de digitalización y depósito de archivos. Fue formada en 1996 como una empresa especializada en logística de transporte. Entre otros clientes de distintos puntos del país, se ocupa de la distribución de Coca Cola.
Además, es la concesionaria de la explotación de agua mineral Palau.
"La planta de Plumada (ubicada en el acceso a Salta) cuenta con 240 empleados. Tiene una superficie cubierta de 30.000 metros cuadrados, 10.000 de los cuales son para el sector de archivos y otros 1.000 comprenden el área de digitalización de documentos", explicó a El Tribuno el gerente general de la empresa, Fernando Parada.
El centro de tratamiento documental es modelo en Latinoamérica, con un sistema de detección y extinción de incendios altamente sofisticado. Por ejemplo, por cada caja archivada existe un reservorio de agua de 1,5 litros.
"Al servicio de digitalización de documentos que aún hoy brinda Plumada al Gobierno se suma un sistema complejo de seguridad y de software y hardware montado no solo en la empresa sino también en la sede de los clientes, la Policía tiene su sistema y los hospitales también. Todo ese servicio a la Provincia le costaba 10 centavos por cada documento digitalizado", detalló Parada.
Consideró que, al no haber cuestionamientos a la calidad de servicio ni de precios, la rescisión del contrato de Plumada tiene motivos políticos.