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Fundatrad le reclama al Gobierno el pago por viviendas

Miércoles, 06 de enero de 2016 01:30
Diego Roldán y Mario Cáceres, en una charla con El Tribuno en Tartagal. CORRESPONSALÍA. 
Cuando todos pensaban que la Fundación de trabajadores desocupados (Fundatrad), que lidera el piquetero José "Pepino" Fernández mantenía un enfrentamiento irreconciliable con el Gobierno provincial, la realidad parece ser bastante diferente, pese a que el exsecretario de Relaciones Institucionales, Federico Hanne, lo calificó de extorsionador y delincuente y el pasado 19 de octubre hizo una denuncia penal en su contra y a otros dos piqueteros que cortaron la ruta nacional 34.
Simultáneamente, sigue pendiente una causa en el Juzgado Federal de Orán por defraudación a la administración pública y aún se sostiene la inhibición de la Anses.
Cabe recordar que 1.064 beneficiarios de Fundatrad, que percibían un promedio de $8.000 mensuales de salario familiar, pasaron a formar parte de la fundación Villa Saavedra de Tartagal. Esa institución, de la que se desconocen las tareas y solo se anticipó que capacitará a la gente para desarrollar emprendimientos, recibió el aporte del Gobierno provincial y le dio los recursos para pagarle a los desocupados, pero no el salario anterior sino el valor de la asignación universal: $500 cada una, de los cuales $70 quedan para aportes y seguro.
72 obreros trabajaron en la construcción de viviendas, de los cuales 42 son de Fundatrad y el resto de Emanuel.
Ahora, un grupo de Fundatrad junto a otra cooperativa local, trabajaron hasta hace algunas semanas en la obra de construcción de 100 viviendas del barrio Santa María, recientemente entregada en Tartagal y reclaman el pago de un saldo de alrededor de medio millón de pesos.
"Es para los 72 muchachos que trabajaron en esa obra. Ahora nos responden que no nos van a pagar, pero como referentes de ese grupo de desocupados nos sentimos en la obligación de buscar todos los medios para que abonen el trabajo", dijeron Diego Roldán, representante de la cooperativa Emanuel, y Mario Cáceres, miembro y referente en Tartagal de Fundatrad.

Informalidad o ilegalidad
Tanto Roldán como Cáceres aseguraron que "durante un año trabajamos en la obra de construcción del barrio 100 viviendas que hace algunas semanas entregó el IPV. Para hacer el trabajo suscribimos un contrato con la empresa Garín Construcciones que se adjudicó la obra. No sé si ese escrito se puede llamar contrato y aunque tiene la firma de Pepino Fernández, no tiene sello ni estampillado ni nada que garantice alguna legalidad. Lo cierto e innegable es que ante la necesidad de trabajo accedimos, porque en el departamento San Martín los desocupados tenemos que agarrar lo que venga", dijeron.
68 mil pesos debía pagar el IPV a las cooperativas por cada vivienda de Tartagal. Aseguran que solo les abonaron $35 mil por el trabajo realizado.
Inspección de obra
Mario Cáceres explicó que "conforme iba avanzando la obra, que a la vez era inspeccionada por el IPV, aumentaban detalles. Cuando les decíamos a los inspectores que dejemos por escrito esos trabajos adicionales nos contestaban que no nos hiciéramos problema, que todo se iba a pagar. Pero terminamos y nos quedaron debiendo como medio millón de pesos. Fue una tristeza muy grande ver a los compañeros que trabajaron durante mucho tiempo que para Navidad no tenían ni un pan dulce para llevar a su mesa".
El dirigente de Fundatrad reveló además que, "según documentación a la que pudimos acceder, por cada casa el IPV destinaba alrededor de $70.000, pero a nosotros nos dieron $38.000. No sabemos quién se quedó con la diferencia, pero nos imaginamos. A la empresa Garín, el instituto le adjudica obras en forma directa y todos los que estamos en construcción sospechamos que en realidad figura este empresario de Tartagal, pero la manejan y la integran funcionarios provinciales de primera línea. No es casual que las obras se entreguen por adjudicación directa, ya que con el tema de la emergencia que inventaron no solo la construcción de viviendas sino otras obras se entregan en forma directa", reiteraron.

Gestiones
Los desocupados aseguraron que "tenemos mucho más para contar, porque por el hecho de ser cooperativistas y estar todo los días buscando alguna obra para beneficiar a nuestras organizaciones, hemos tenido acceso a mucha información y sobre todo conocer con detalles y con pruebas cómo se manejan los funcionarios que supuestamente "certifican" o "inspeccionan" las obras. Lo que pretendemos hoy es que se pague por el trabajo de los 72 obreros y nosotros somos los responsables de gestionar. Los funcionarios tienen muchas explicaciones para dar sobre el manejo de los recursos, la calidad de los materiales de las construcciones y la condición de las viviendas que entregan", advirtieron los dos referentes.
El Tribuno intentó consultar detalles respecto de las obras, desde el proceso de convocatoria y adjudicación hasta la construcción y entrega, pero no hubo respuesta de Juan Pedro Garín. El empresario prefirió no responder a los dichos de los referentes de Mosconi y Tartagal, respectivamente.
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Cuando todos pensaban que la Fundación de trabajadores desocupados (Fundatrad), que lidera el piquetero José "Pepino" Fernández mantenía un enfrentamiento irreconciliable con el Gobierno provincial, la realidad parece ser bastante diferente, pese a que el exsecretario de Relaciones Institucionales, Federico Hanne, lo calificó de extorsionador y delincuente y el pasado 19 de octubre hizo una denuncia penal en su contra y a otros dos piqueteros que cortaron la ruta nacional 34.
Simultáneamente, sigue pendiente una causa en el Juzgado Federal de Orán por defraudación a la administración pública y aún se sostiene la inhibición de la Anses.
Cabe recordar que 1.064 beneficiarios de Fundatrad, que percibían un promedio de $8.000 mensuales de salario familiar, pasaron a formar parte de la fundación Villa Saavedra de Tartagal. Esa institución, de la que se desconocen las tareas y solo se anticipó que capacitará a la gente para desarrollar emprendimientos, recibió el aporte del Gobierno provincial y le dio los recursos para pagarle a los desocupados, pero no el salario anterior sino el valor de la asignación universal: $500 cada una, de los cuales $70 quedan para aportes y seguro.
72 obreros trabajaron en la construcción de viviendas, de los cuales 42 son de Fundatrad y el resto de Emanuel.
Ahora, un grupo de Fundatrad junto a otra cooperativa local, trabajaron hasta hace algunas semanas en la obra de construcción de 100 viviendas del barrio Santa María, recientemente entregada en Tartagal y reclaman el pago de un saldo de alrededor de medio millón de pesos.
"Es para los 72 muchachos que trabajaron en esa obra. Ahora nos responden que no nos van a pagar, pero como referentes de ese grupo de desocupados nos sentimos en la obligación de buscar todos los medios para que abonen el trabajo", dijeron Diego Roldán, representante de la cooperativa Emanuel, y Mario Cáceres, miembro y referente en Tartagal de Fundatrad.

Informalidad o ilegalidad
Tanto Roldán como Cáceres aseguraron que "durante un año trabajamos en la obra de construcción del barrio 100 viviendas que hace algunas semanas entregó el IPV. Para hacer el trabajo suscribimos un contrato con la empresa Garín Construcciones que se adjudicó la obra. No sé si ese escrito se puede llamar contrato y aunque tiene la firma de Pepino Fernández, no tiene sello ni estampillado ni nada que garantice alguna legalidad. Lo cierto e innegable es que ante la necesidad de trabajo accedimos, porque en el departamento San Martín los desocupados tenemos que agarrar lo que venga", dijeron.
68 mil pesos debía pagar el IPV a las cooperativas por cada vivienda de Tartagal. Aseguran que solo les abonaron $35 mil por el trabajo realizado.
Inspección de obra
Mario Cáceres explicó que "conforme iba avanzando la obra, que a la vez era inspeccionada por el IPV, aumentaban detalles. Cuando les decíamos a los inspectores que dejemos por escrito esos trabajos adicionales nos contestaban que no nos hiciéramos problema, que todo se iba a pagar. Pero terminamos y nos quedaron debiendo como medio millón de pesos. Fue una tristeza muy grande ver a los compañeros que trabajaron durante mucho tiempo que para Navidad no tenían ni un pan dulce para llevar a su mesa".
El dirigente de Fundatrad reveló además que, "según documentación a la que pudimos acceder, por cada casa el IPV destinaba alrededor de $70.000, pero a nosotros nos dieron $38.000. No sabemos quién se quedó con la diferencia, pero nos imaginamos. A la empresa Garín, el instituto le adjudica obras en forma directa y todos los que estamos en construcción sospechamos que en realidad figura este empresario de Tartagal, pero la manejan y la integran funcionarios provinciales de primera línea. No es casual que las obras se entreguen por adjudicación directa, ya que con el tema de la emergencia que inventaron no solo la construcción de viviendas sino otras obras se entregan en forma directa", reiteraron.

Gestiones
Los desocupados aseguraron que "tenemos mucho más para contar, porque por el hecho de ser cooperativistas y estar todo los días buscando alguna obra para beneficiar a nuestras organizaciones, hemos tenido acceso a mucha información y sobre todo conocer con detalles y con pruebas cómo se manejan los funcionarios que supuestamente "certifican" o "inspeccionan" las obras. Lo que pretendemos hoy es que se pague por el trabajo de los 72 obreros y nosotros somos los responsables de gestionar. Los funcionarios tienen muchas explicaciones para dar sobre el manejo de los recursos, la calidad de los materiales de las construcciones y la condición de las viviendas que entregan", advirtieron los dos referentes.
El Tribuno intentó consultar detalles respecto de las obras, desde el proceso de convocatoria y adjudicación hasta la construcción y entrega, pero no hubo respuesta de Juan Pedro Garín. El empresario prefirió no responder a los dichos de los referentes de Mosconi y Tartagal, respectivamente.

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