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Con energía solar el norte tendrá autonomía y un recurso renovable

Lunes, 19 de diciembre de 2016 01:30
Lo primero fue redondear la idea, luego volcarla en un anteproyecto, seguir con un estudio de prefactibilidad y comenzar a transitar los caminos que establece la legislación argentina en materia de energía alternativa.
Es lo que hizo desde hace exactamente un año un grupo de técnicos que encabeza el secretario de la Producción del municipio de Aguaray, Pablo Arequipa, con el apoyo del intendente Alfredo Darouiche.
La semana pasada, y para satisfacción del equipo, seis intendentes del departamento San Martín acordaron firmar un acuerdo para la instalación de una planta de generación de energía solar en la localidad de Aguaray, para que aporte energía limpia e inagotable al departamento norteño. Es la primera vez en el país que seis jefes comunales de un departamento llegan a tal nivel de consenso, sin importar que prácticamente todos vienen de extracciones políticas diferentes.
Un año de proyección
Para los impulsores locales del proyecto y para los representantes del consorcio español Sicyme, que se especializa en el montaje de este tipo de plantas en América Latina, el acuerdo no es un detalle menor. Tampoco lo es que los seis intendentes administran los municipios que son punta de línea en el sistema interconectado nacional y, por lo tanto, son los que más padecen las interrupciones del servicio de energía, ya sea porque aumenta la demanda en los meses de verano, por tormentas o crecida de ríos por donde cruzan las torres de alta tensión.
Aunque los intendentes no lo mencionen, nunca lograron que se los escuche con todo el interés que plantea un proyecto como éste, que en materia de inversión podría rondar los 70 millones de dólares.
Durante 12 meses armaron el proyecto, estudios, carta intención a potenciales inversores y conformaron lo que sería el denominado Consorcio intermunicipal para la promoción de energías renovables y desarrollo regional. Por eso se buscó una figura jurídica que diera viabilidad al proyecto y así surgió la idea de que los seis intendentes conformaran este consorcio.
Lo que queda ahora son otras negociaciones con organismos nacionales para la instalación del primer parque fotovoltaico que transforme la radiación solar en energía eléctrica para ser inyectada a la red existente y suplir en parte el déficit energético. La planta puede llegar a una capacidad instalada para producir 40 megavatios, lo que cubriría más del 50% de la demanda actual de los usuarios del departamento de San Martín.
Anton Casal, representante para América Latina de la empresa de capitales españoles Sicyme con una larga trayectoria en la Unión Europea, se reunió con el intendente de Aguaray, Alfredo Darouiche y su equipo y, tras el encuentro, dialogó con El Tribuno.
¿Cómo surgió la posibilidad de 
montar una planta de generación de energía solar en el norte de Salta?

Somos un consorcio de origen español que tenemos diversificadas nuestras tareas mediante alianzas estratégicas con otras empresas, como potabilización de agua, instalación de plantas de energía renovable y, en este momento, estamos operando en Ecuador. Hay mucha gente que se dedica a instalar plantas de energía fotovoltaicas por el solo hecho de hacer un negocio, lo que es legal y lícito. Pero en nuestra mirada, la energía debe tener también un componente social, por lo que la unión de intendentes que conforman un consorcio es un tema muy interesante y que ahora se puede viabilizar por la normativa vigente en este país.
¿Esa nueva normativa responde a la necesidad de incorporar energías limpias?
Exactamente es así y ahora está el marco legal para que un colectivo, como los seis municipios del norte salteño, hagan un consorcio para la implementación de energía renovable para un departamento que presenta un déficit de energía por ser final de línea, con todos los problemas que repercuten que ello implica. Contamos con el apoyo económico para poder concretar este proyecto que se financia con lo que producen los propios sistemas. Es una inversión que se puede amortizar en 7 años, pero alargamos el plazo a 15 años para que no solo se pague el financiamiento, sino que quede un remanente para los seis municipios que integran el consorcio. Pero la fotovoltaica no es totalmente estable, por lo que hemos pensado en una central de biomasa que puede alimentarse con los desperdicios de la industria maderera que no es utilizada industrialmente, para tener dos sistemas complementarios.
¿Cuáles serían las ventajas de generar energía propia?
Que San Martín puede estar interconectado al sistema, pero también tener autonomía con el aporte de una energía limpia (la fotovoltaica) y renovable. La potencia que puede aportar este sistema depende de la demanda energética de la zona, lo que creemos que puede ser de 36 megavatios.
¿Cuál es el paso que sigue?
Los intendentes firmantes del convenio de conformación del consorcio deben presentar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) la iniciativa y solicitar el PPA -Power Purchase Agreement- que actúa como soporte jurídico. Con ese documento ya aprobado podemos buscar el recurso financiero para iniciar los trabajos de instalación, que pueden llevar un poco más de 12 meses.
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Lo primero fue redondear la idea, luego volcarla en un anteproyecto, seguir con un estudio de prefactibilidad y comenzar a transitar los caminos que establece la legislación argentina en materia de energía alternativa.
Es lo que hizo desde hace exactamente un año un grupo de técnicos que encabeza el secretario de la Producción del municipio de Aguaray, Pablo Arequipa, con el apoyo del intendente Alfredo Darouiche.
La semana pasada, y para satisfacción del equipo, seis intendentes del departamento San Martín acordaron firmar un acuerdo para la instalación de una planta de generación de energía solar en la localidad de Aguaray, para que aporte energía limpia e inagotable al departamento norteño. Es la primera vez en el país que seis jefes comunales de un departamento llegan a tal nivel de consenso, sin importar que prácticamente todos vienen de extracciones políticas diferentes.
Un año de proyección
Para los impulsores locales del proyecto y para los representantes del consorcio español Sicyme, que se especializa en el montaje de este tipo de plantas en América Latina, el acuerdo no es un detalle menor. Tampoco lo es que los seis intendentes administran los municipios que son punta de línea en el sistema interconectado nacional y, por lo tanto, son los que más padecen las interrupciones del servicio de energía, ya sea porque aumenta la demanda en los meses de verano, por tormentas o crecida de ríos por donde cruzan las torres de alta tensión.
Aunque los intendentes no lo mencionen, nunca lograron que se los escuche con todo el interés que plantea un proyecto como éste, que en materia de inversión podría rondar los 70 millones de dólares.
Durante 12 meses armaron el proyecto, estudios, carta intención a potenciales inversores y conformaron lo que sería el denominado Consorcio intermunicipal para la promoción de energías renovables y desarrollo regional. Por eso se buscó una figura jurídica que diera viabilidad al proyecto y así surgió la idea de que los seis intendentes conformaran este consorcio.
Lo que queda ahora son otras negociaciones con organismos nacionales para la instalación del primer parque fotovoltaico que transforme la radiación solar en energía eléctrica para ser inyectada a la red existente y suplir en parte el déficit energético. La planta puede llegar a una capacidad instalada para producir 40 megavatios, lo que cubriría más del 50% de la demanda actual de los usuarios del departamento de San Martín.
Anton Casal, representante para América Latina de la empresa de capitales españoles Sicyme con una larga trayectoria en la Unión Europea, se reunió con el intendente de Aguaray, Alfredo Darouiche y su equipo y, tras el encuentro, dialogó con El Tribuno.
¿Cómo surgió la posibilidad de 
montar una planta de generación de energía solar en el norte de Salta?

Somos un consorcio de origen español que tenemos diversificadas nuestras tareas mediante alianzas estratégicas con otras empresas, como potabilización de agua, instalación de plantas de energía renovable y, en este momento, estamos operando en Ecuador. Hay mucha gente que se dedica a instalar plantas de energía fotovoltaicas por el solo hecho de hacer un negocio, lo que es legal y lícito. Pero en nuestra mirada, la energía debe tener también un componente social, por lo que la unión de intendentes que conforman un consorcio es un tema muy interesante y que ahora se puede viabilizar por la normativa vigente en este país.
¿Esa nueva normativa responde a la necesidad de incorporar energías limpias?
Exactamente es así y ahora está el marco legal para que un colectivo, como los seis municipios del norte salteño, hagan un consorcio para la implementación de energía renovable para un departamento que presenta un déficit de energía por ser final de línea, con todos los problemas que repercuten que ello implica. Contamos con el apoyo económico para poder concretar este proyecto que se financia con lo que producen los propios sistemas. Es una inversión que se puede amortizar en 7 años, pero alargamos el plazo a 15 años para que no solo se pague el financiamiento, sino que quede un remanente para los seis municipios que integran el consorcio. Pero la fotovoltaica no es totalmente estable, por lo que hemos pensado en una central de biomasa que puede alimentarse con los desperdicios de la industria maderera que no es utilizada industrialmente, para tener dos sistemas complementarios.
¿Cuáles serían las ventajas de generar energía propia?
Que San Martín puede estar interconectado al sistema, pero también tener autonomía con el aporte de una energía limpia (la fotovoltaica) y renovable. La potencia que puede aportar este sistema depende de la demanda energética de la zona, lo que creemos que puede ser de 36 megavatios.
¿Cuál es el paso que sigue?
Los intendentes firmantes del convenio de conformación del consorcio deben presentar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) la iniciativa y solicitar el PPA -Power Purchase Agreement- que actúa como soporte jurídico. Con ese documento ya aprobado podemos buscar el recurso financiero para iniciar los trabajos de instalación, que pueden llevar un poco más de 12 meses.
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