En Salta siempre nos repitieron que no había pasado nada, que eran casos aislados

Las investigaciones que se libraron a partir del proceso judicial que se inauguró con la Megacausa permitieron desmitificar algunas ideas que se habían difundido en Salta con respecto a la última dictadura encabezada por la tres armas, afirma Susana Aramayo, letrada que participó de aquellas pesquisas, involucrada en los estudios de los derechos humanos históricos y partícipe de otras causas actuales, como la del desaparecido docente e investigador Miguel Ángel Arra.

El "aquí no pasó nada" o el "solo se trató de casos aislados" perdieron todo fundamento historiográfico con las recopilaciones documentales y testimoniales que se dieron en el proceso de la Megacausa. La abogada comentó algunos de los casos más relevantes y su visión de la situación actual de esas causas y luchas.

Fue una experiencia única y muy importante porque por primera vez nosotros pudimos acumular delitos de lesa humanidad en una sola causa e investigar las múltiples responsabilidades de los represores y los genocidas, y conseguir condenas ejemplares.

La investigación fue calificada y tuvo resultados altamente positivos porque develamos ciertos misterios, por decirlo de algún modo, de delitos que se habían producido y de los cuales la mayoría de la sociedad no tenía conocimiento, sobre todo aquí en Salta donde siempre nos repitieron que no había pasado nada, que se trató solo de casos aislados. Pero descubrimos que todo el plan criminal ideado por la dictadura para reprimir y para instalar un modelo económico neoliberal fue maquiavélicamente orquestado y ejecutado a la perfección.

Se reprimió a las personas comprometidas, a luchadores sociales y a mucha gente desarmada, gente pacífica, cuyo único delito fue pensar, soñar y proponer un mundo diferente.

Algo que me sensibilizó de una manera especial es que en la represión se ocupó toda la superficie territorial de la provincia, ninguna parte estuvo a salvo, no es que el foco de la acción criminal se centró en la ciudad de Salta por ser más poblada y en otros lados fue menos. Existió una particular saña de los represores para exterminar todo tipo de resistencia, de luchas sociales por convicción, y de programas sociales que le hacían bien a la sociedad entera.

Sobre esto último, por ejemplo, descubrimos que había cosas que estaban totalmente silenciadas, como la supresión del programa de la UNSa para que la gente de más de 25 años que no tenía el secundario terminado pudiera iniciar sus estudios superiores. Eso se sacó porque se trataba de una propuesta transversal que abarcaba a toda la sociedad. Era avanzar en una educación superior para todo el mundo.

También se desmontó el plan nacional de alfabetización Crear (Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstrucción) que se hacía en las zonas más recónditas de Salta, y beneficiaba particularmente a los trabajadores que no habían tenido posibilidad de acceso a la enseñanza.

Además, se bajaron programas nacionales de salud que operaban en zonas sensibles como Tartagal u Orán. A muchos de esos proyectos los sostenían y llevaban a toda la provincia trabajadores o políticos, y el proceso dictatorial los removió por eso, porque estigmatizaba a todos los que ponían esfuerzos en esas áreas y causas sociales.

Digo particular saña porque fue una época en que se dieron magnicidios, como el caso del exgobernador Miguel Ragone, y una gran cantidad de gente secuestrada, encarcelada, torturada y fusilada. Todas esas personas eran referentes de excelencia dentro de sus profesiones.

Por ejemplo el doctor Pedro Urueña, una persona altamente comprometida y querida por la sociedad de Tartagal. Otro caso es el del intendente de Aguaray Enrique Campos, que representaba un elemento político de peso dentro de su comunidad y que fue promotor en la zona de los planes que mencionaba antes, de alfabetización y salud. Luis Rizo Patrón, de Metán, que era profesor, cometió la osadía de poner música clásica durante sus clases de matemática y terminó apareciendo explotado en una plaza. En Rosario de Lerma fusilaron a Alfredo Mattioli, Marcos Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia. Ninguno de ellos estaba armado. De eso hablo cuando me refiero a la saña.

No hay que olvidarse de que todo el período anterior fue una entrega del país a manos del Ejército. Se zonificó el país ya en 1975. El funcionamiento del grupo parapolicial Triple A se da también en esos años.

De todos modos, en esos momentos no se puede hablar del Estado organizado para reprimir y matar, justamente porque actuaban de manera paraestatal. Eso se encuentra recién en el período de la dictadura.

Pero hay que decir que la dictadura se sirve de todas las leyes y decretos anteriores que fueron abriendo el camino. Por ejemplo, el Operativo Independencia se da antes de que comience el exterminio desde el Estado.

No es que falte discusión. Lo que sucede con la participación civil y eclesial es que es un aspecto difícil de abordar y conceptualizar.

No podemos decir que fue una participación civil a secas, fue corporativa, es decir de la civilidad pero incluida dentro de las corporaciones, no cualquier civil integró este proceso de terror de Estado.

Fueron solamente las cúpulas, las empresas afines, incluidas las multinacionales; por ejemplo, en tres años se incrementa la cantidad de bancos, lo que demuestra la participación de los sectores financieros. También la Iglesia Católica es una corporación más, muy poderosa, pero los curas Mujica también existieron y fueron víctimas por elegir estar del lado de los pobres.

De la Megacausa surge el primer civil condenado, Juan Carlos Ovalle, sentenciado a ocho años por ser un entregador que estaba infiltrado en la Universidad Nacional de Salta.

Sí, claro. Se desmantelaron todos los programas referidos a los derechos humanos y se desfinanciaron todas las dependencias que estaban dedicadas a estos temas.

Se terminó con esas políticas de Estado y se desalienta la consecución de investigaciones. De hecho se hace un trabajo contrario a ese camino que se venía desarrollando. Se intenta conciliar con exrepresores o instigadores de movimientos de desestabilización de la democracia, como los carapintadas.

Que se ponga en discusión el número de desaparecidos es una crueldad importante, para la familia que perdió a un pariente a manos de un Estado represor y sin más razón que sus ideas y actividades militantes, el número en frío no significa nada. El dolor es inmenso y discutir el número va en línea con desvalorizar el genocidio que se llevó a cabo utilizando el aparato estatal y persiguiendo y matando a todo lo que se oponga a la idea de país que se impuso en esos años.

Las investigaciones que se libraron a partir del proceso judicial que se inauguró con la Megacausa permitieron desmitificar algunas ideas que se habían difundido en Salta con respecto a la última dictadura encabezada por la tres armas, afirma Susana Aramayo, letrada que participó de aquellas pesquisas, involucrada en los estudios de los derechos humanos históricos y partícipe de otras causas actuales, como la del desaparecido docente e investigador Miguel Ángel Arra.

El "aquí no pasó nada" o el "solo se trató de casos aislados" perdieron todo fundamento historiográfico con las recopilaciones documentales y testimoniales que se dieron en el proceso de la Megacausa. La abogada comentó algunos de los casos más relevantes y su visión de la situación actual de esas causas y luchas.

Fue una experiencia única y muy importante porque por primera vez nosotros pudimos acumular delitos de lesa humanidad en una sola causa e investigar las múltiples responsabilidades de los represores y los genocidas, y conseguir condenas ejemplares.

La investigación fue calificada y tuvo resultados altamente positivos porque develamos ciertos misterios, por decirlo de algún modo, de delitos que se habían producido y de los cuales la mayoría de la sociedad no tenía conocimiento, sobre todo aquí en Salta donde siempre nos repitieron que no había pasado nada, que se trató solo de casos aislados. Pero descubrimos que todo el plan criminal ideado por la dictadura para reprimir y para instalar un modelo económico neoliberal fue maquiavélicamente orquestado y ejecutado a la perfección.

Se reprimió a las personas comprometidas, a luchadores sociales y a mucha gente desarmada, gente pacífica, cuyo único delito fue pensar, soñar y proponer un mundo diferente.

Algo que me sensibilizó de una manera especial es que en la represión se ocupó toda la superficie territorial de la provincia, ninguna parte estuvo a salvo, no es que el foco de la acción criminal se centró en la ciudad de Salta por ser más poblada y en otros lados fue menos. Existió una particular saña de los represores para exterminar todo tipo de resistencia, de luchas sociales por convicción, y de programas sociales que le hacían bien a la sociedad entera.

Sobre esto último, por ejemplo, descubrimos que había cosas que estaban totalmente silenciadas, como la supresión del programa de la UNSa para que la gente de más de 25 años que no tenía el secundario terminado pudiera iniciar sus estudios superiores. Eso se sacó porque se trataba de una propuesta transversal que abarcaba a toda la sociedad. Era avanzar en una educación superior para todo el mundo.

También se desmontó el plan nacional de alfabetización Crear (Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstrucción) que se hacía en las zonas más recónditas de Salta, y beneficiaba particularmente a los trabajadores que no habían tenido posibilidad de acceso a la enseñanza.

Además, se bajaron programas nacionales de salud que operaban en zonas sensibles como Tartagal u Orán. A muchos de esos proyectos los sostenían y llevaban a toda la provincia trabajadores o políticos, y el proceso dictatorial los removió por eso, porque estigmatizaba a todos los que ponían esfuerzos en esas áreas y causas sociales.

Digo particular saña porque fue una época en que se dieron magnicidios, como el caso del exgobernador Miguel Ragone, y una gran cantidad de gente secuestrada, encarcelada, torturada y fusilada. Todas esas personas eran referentes de excelencia dentro de sus profesiones.

Por ejemplo el doctor Pedro Urueña, una persona altamente comprometida y querida por la sociedad de Tartagal. Otro caso es el del intendente de Aguaray Enrique Campos, que representaba un elemento político de peso dentro de su comunidad y que fue promotor en la zona de los planes que mencionaba antes, de alfabetización y salud. Luis Rizo Patrón, de Metán, que era profesor, cometió la osadía de poner música clásica durante sus clases de matemática y terminó apareciendo explotado en una plaza. En Rosario de Lerma fusilaron a Alfredo Mattioli, Marcos Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia. Ninguno de ellos estaba armado. De eso hablo cuando me refiero a la saña.

No hay que olvidarse de que todo el período anterior fue una entrega del país a manos del Ejército. Se zonificó el país ya en 1975. El funcionamiento del grupo parapolicial Triple A se da también en esos años.

De todos modos, en esos momentos no se puede hablar del Estado organizado para reprimir y matar, justamente porque actuaban de manera paraestatal. Eso se encuentra recién en el período de la dictadura.

Pero hay que decir que la dictadura se sirve de todas las leyes y decretos anteriores que fueron abriendo el camino. Por ejemplo, el Operativo Independencia se da antes de que comience el exterminio desde el Estado.

No es que falte discusión. Lo que sucede con la participación civil y eclesial es que es un aspecto difícil de abordar y conceptualizar.

No podemos decir que fue una participación civil a secas, fue corporativa, es decir de la civilidad pero incluida dentro de las corporaciones, no cualquier civil integró este proceso de terror de Estado.

Fueron solamente las cúpulas, las empresas afines, incluidas las multinacionales; por ejemplo, en tres años se incrementa la cantidad de bancos, lo que demuestra la participación de los sectores financieros. También la Iglesia Católica es una corporación más, muy poderosa, pero los curas Mujica también existieron y fueron víctimas por elegir estar del lado de los pobres.

De la Megacausa surge el primer civil condenado, Juan Carlos Ovalle, sentenciado a ocho años por ser un entregador que estaba infiltrado en la Universidad Nacional de Salta.

Sí, claro. Se desmantelaron todos los programas referidos a los derechos humanos y se desfinanciaron todas las dependencias que estaban dedicadas a estos temas.

Se terminó con esas políticas de Estado y se desalienta la consecución de investigaciones. De hecho se hace un trabajo contrario a ese camino que se venía desarrollando. Se intenta conciliar con exrepresores o instigadores de movimientos de desestabilización de la democracia, como los carapintadas.

Que se ponga en discusión el número de desaparecidos es una crueldad importante, para la familia que perdió a un pariente a manos de un Estado represor y sin más razón que sus ideas y actividades militantes, el número en frío no significa nada. El dolor es inmenso y discutir el número va en línea con desvalorizar el genocidio que se llevó a cabo utilizando el aparato estatal y persiguiendo y matando a todo lo que se oponga a la idea de país que se impuso en esos años.