Esta mañana se realizó una nueva jornada de debate en el Concejo Deliberante para tratar la instauración de una zona de convivencia, o zona roja en la ciudad. En esta oportunidad, ediles, vecinos y organizaciones de diversidad sexual expresaron diferentes posturas respecto a la problemática.
Desde el PO, ratificaron la postura de oposición a la medida por considerar que el Estado no puede promover este tipo de espacios como una oportunidad laboral.
En este sentido, la concejal Cristina Foffani confirmó que su bloque rechazará la creación de una zona roja. "Nosotros no entendemos a la prostitución como un trabajo, además la creación de estas zonas generarán más trata y explotación, el Estado no puede organizar la prostitución, no puede realizar proxenetismo", sostuvo, al tiempo que requirió generar políticas públicas de discriminación positiva.
Los vecinos pidieron el traslado de la zona roja
Los vecinos que residen en las inmediaciones del Hogar Escuela plantearon los problemas que atraviesan cotidianamente con el ofrecimiento de trabajo sexual y la exposición de sexo explícito en las puertas de las casas.
También plantearon la creciente violencia con la que deben convivir en la zona. Denunciaron la oferta sexual de menores regenteados y las constantes agresiones que reciben al salir de sus hogares por parte de las trabajadoras sexuales.
Manifestaron no estar en contra de las prostitutas y las mujeres trans: "nuestro objetivo es vivir pacíficamente en nuestras casas, queremos que se realice esta activad en otro lugar y encontrar una solución que garantice los derechos de todos", afirmó una de las vecinas presentes.
La postura de las organizaciones
Fernando Ragone, representante de la Mesa de la Diversidad, destacó que es necesario generar políticas de inclusión para encontrar soluciones definitivas a una problemática que aqueja a los vecinos de la zona desde hace años.
"Con voluntad política debemos generar programas de inclusión, para que la única solución no sea la represiva, encontrar respuestas que no impliquen sólo la creación de una zona roja" afirmó.
También participó del encuentro, Victoria Liendro, activista por los derechos humanos de personas LGBT. Sostuvo que "penalizar no es una solución y que las mujeres trans que trabajan no están relacionadas con la trata de personas ni con el narcotráfico".
Por su parte, Mary Robles, coordinadora de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, denunció la inconstitucionalidad del Código de Contravenciones sancionado por la Cámara de Diputados, aseguró que realizará una presentación en este sentido ante la justicia. Además recalcó la importancia del acceso a la educación de las mujeres trans como derecho esencial de todas las personas.
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Desde el PO, ratificaron la postura de oposición a la medida por considerar que el Estado no puede promover este tipo de espacios como una oportunidad laboral.
En este sentido, la concejal Cristina Foffani confirmó que su bloque rechazará la creación de una zona roja. "Nosotros no entendemos a la prostitución como un trabajo, además la creación de estas zonas generarán más trata y explotación, el Estado no puede organizar la prostitución, no puede realizar proxenetismo", sostuvo, al tiempo que requirió generar políticas públicas de discriminación positiva.
Los vecinos pidieron el traslado de la zona roja
Los vecinos que residen en las inmediaciones del Hogar Escuela plantearon los problemas que atraviesan cotidianamente con el ofrecimiento de trabajo sexual y la exposición de sexo explícito en las puertas de las casas.
También plantearon la creciente violencia con la que deben convivir en la zona. Denunciaron la oferta sexual de menores regenteados y las constantes agresiones que reciben al salir de sus hogares por parte de las trabajadoras sexuales.
Manifestaron no estar en contra de las prostitutas y las mujeres trans: "nuestro objetivo es vivir pacíficamente en nuestras casas, queremos que se realice esta activad en otro lugar y encontrar una solución que garantice los derechos de todos", afirmó una de las vecinas presentes.
La postura de las organizaciones
Fernando Ragone, representante de la Mesa de la Diversidad, destacó que es necesario generar políticas de inclusión para encontrar soluciones definitivas a una problemática que aqueja a los vecinos de la zona desde hace años.
"Con voluntad política debemos generar programas de inclusión, para que la única solución no sea la represiva, encontrar respuestas que no impliquen sólo la creación de una zona roja" afirmó.
También participó del encuentro, Victoria Liendro, activista por los derechos humanos de personas LGBT. Sostuvo que "penalizar no es una solución y que las mujeres trans que trabajan no están relacionadas con la trata de personas ni con el narcotráfico".
Por su parte, Mary Robles, coordinadora de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, denunció la inconstitucionalidad del Código de Contravenciones sancionado por la Cámara de Diputados, aseguró que realizará una presentación en este sentido ante la justicia. Además recalcó la importancia del acceso a la educación de las mujeres trans como derecho esencial de todas las personas.