El intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún, denunció penalmente a su antecesor, Sergio Ramos, por supuesta administración fraudulenta en la retención indebida de pagos a gremios y del impuesto a las actividades económicas a la Dirección de Rentas de la Provincia. Según el nuevo intendente, "más de dos millones de pesos se esfumaron como por arte de magia". Este monto corresponde a los pagos no realizados de la cuota sindical de tres gremios municipales y por la obligación del municipio como agente recaudador ante la DGR.
Están saliendo a la luz los resultados de la auditoría externa sobre la administración del histórico intendente y presidente del Foro, Sergio Ramos, realizada por técnicos privados contratados por Ignacio Jarsún. Según el intendente, apenas salen los informes, los dolores de cabeza comienzan en el municipio. Los desmanejos administrativos fueron groseros y los perjuicios económicos son enormes.
Deuda por tres años
Hasta el 2018 el municipio deberá pagar cuotas mensuales de 60 mil pesos por un convenio firmado por el "Topo" Ramos, sin permiso del Concejo Deliberante, hasta saldar los montos de retención que el municipio realizaba a los contribuyentes. Desde julio del 2009 hasta noviembre del 2015 nunca se ejecutó.
Todo esto asciende con intereses a la suma de $1.038.313 pesos. Para colmo, la Auditoría externa detectó que no se encuentran registros contables sobre pagos a término, depósitos o guarda en la tesorería municipal o cuenta bancaria. Es decir que no se sabe cuál fue el destino de esos montos a lo largo de estos siete años.
Además, surge otra maniobra dolosa de la administración comunal pasada, que hace referencia a dos planes de pago, los cuales afectan directamente a la coparticipación municipal. Los referidos son los planes Nº 01043391 y el restante Nº 01057162. Por lo tanto, a Ignacio Jarsún le descuentan desde la Provincia la módica suma de 60 mil pesos por mes hasta el año 2018 por el incumplimiento de las presentaciones juradas ante la DGR.
La denuncia
El municipio tomó conocimiento de estas maniobras el 9 de octubre pasado, antes de que asumiera Jarsún, por un requerimiento del ente recaudador provincial, en concepto de regularización de situación fiscal ante la inexistencia de constancias de cancelación de saldo del impuesto y los intereses a las actividades económicas como agente de retención. Esta acción penal fue presentada en la Unidad de Delitos Económicos Complejos y ahora es investigada por la fiscal María Eugenia Guzmán, quien dispuso una serie de diligencias ante el Concejo rosarino, el Poder Ejecutivo y la Dirección de Rentas.
En la Justicia Federal
Según la denuncia presentada ante la Justicia Federal, por los aportes sindicales que están establecidos en la ley nacional 23.551 de asociaciones sindicales, Sergio Ramos retuvo a tres asociaciones gremiales dinero en concepto de cuota sindical y que nunca fueron abonadas en tiempo y forma.
Con el gremio de ATE aparece un convenio de pago de deuda de $127.692 pesos con la sugestiva fecha de 4 de diciembre del 2015, donde se pacta el pago de la primera cuota a partir de enero del 2016. De esta manera se afectó intencionalmente la disponibilidad de recursos de la nueva gestión.
Con el sindicato de S.O.E.M. surge el mismo convenio pero por la suma de $ 138.834 pesos. El pago de estos montos también afecta directamente la coparticipación para la nueva gestión. En la denuncia la administración de Jarsún menciona que el Concejo Deliberante saliente jamás autorizó a Ramos a realizar este tipo de acuerdo que afecte directamente las regalías del municipio. El último hecho es el más abultado en deuda. Corresponde al gremio de UPCN por un monto de $ 766.971 pesos, comprendido entre enero del 2012 a noviembre del 2015. Pero con este gremio no se firmó acuerdo alguno de pago.
La causa latente
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el de la Corte salteña respecto a la prescripción de los delitos imputados en contra de los exintendentes Sergio Ramos, Rubén Corimayo y Pedro Alberto Gallardo, Eva Josefina Ferraro de Gallardo, Narciso Cortez Jerez, Julio Velarde, Manuel Pío Coronel y Sergio Enrique Bianchi. El fallo respondió a un recurso presentado por el fiscal Alejandro Saravia.
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El intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún, denunció penalmente a su antecesor, Sergio Ramos, por supuesta administración fraudulenta en la retención indebida de pagos a gremios y del impuesto a las actividades económicas a la Dirección de Rentas de la Provincia. Según el nuevo intendente, "más de dos millones de pesos se esfumaron como por arte de magia". Este monto corresponde a los pagos no realizados de la cuota sindical de tres gremios municipales y por la obligación del municipio como agente recaudador ante la DGR.
Están saliendo a la luz los resultados de la auditoría externa sobre la administración del histórico intendente y presidente del Foro, Sergio Ramos, realizada por técnicos privados contratados por Ignacio Jarsún. Según el intendente, apenas salen los informes, los dolores de cabeza comienzan en el municipio. Los desmanejos administrativos fueron groseros y los perjuicios económicos son enormes.
Deuda por tres años
Hasta el 2018 el municipio deberá pagar cuotas mensuales de 60 mil pesos por un convenio firmado por el "Topo" Ramos, sin permiso del Concejo Deliberante, hasta saldar los montos de retención que el municipio realizaba a los contribuyentes. Desde julio del 2009 hasta noviembre del 2015 nunca se ejecutó.
Todo esto asciende con intereses a la suma de $1.038.313 pesos. Para colmo, la Auditoría externa detectó que no se encuentran registros contables sobre pagos a término, depósitos o guarda en la tesorería municipal o cuenta bancaria. Es decir que no se sabe cuál fue el destino de esos montos a lo largo de estos siete años.
Además, surge otra maniobra dolosa de la administración comunal pasada, que hace referencia a dos planes de pago, los cuales afectan directamente a la coparticipación municipal. Los referidos son los planes Nº 01043391 y el restante Nº 01057162. Por lo tanto, a Ignacio Jarsún le descuentan desde la Provincia la módica suma de 60 mil pesos por mes hasta el año 2018 por el incumplimiento de las presentaciones juradas ante la DGR.
La denuncia
El municipio tomó conocimiento de estas maniobras el 9 de octubre pasado, antes de que asumiera Jarsún, por un requerimiento del ente recaudador provincial, en concepto de regularización de situación fiscal ante la inexistencia de constancias de cancelación de saldo del impuesto y los intereses a las actividades económicas como agente de retención. Esta acción penal fue presentada en la Unidad de Delitos Económicos Complejos y ahora es investigada por la fiscal María Eugenia Guzmán, quien dispuso una serie de diligencias ante el Concejo rosarino, el Poder Ejecutivo y la Dirección de Rentas.
En la Justicia Federal
Según la denuncia presentada ante la Justicia Federal, por los aportes sindicales que están establecidos en la ley nacional 23.551 de asociaciones sindicales, Sergio Ramos retuvo a tres asociaciones gremiales dinero en concepto de cuota sindical y que nunca fueron abonadas en tiempo y forma.
Con el gremio de ATE aparece un convenio de pago de deuda de $127.692 pesos con la sugestiva fecha de 4 de diciembre del 2015, donde se pacta el pago de la primera cuota a partir de enero del 2016. De esta manera se afectó intencionalmente la disponibilidad de recursos de la nueva gestión.
Con el sindicato de S.O.E.M. surge el mismo convenio pero por la suma de $ 138.834 pesos. El pago de estos montos también afecta directamente la coparticipación para la nueva gestión. En la denuncia la administración de Jarsún menciona que el Concejo Deliberante saliente jamás autorizó a Ramos a realizar este tipo de acuerdo que afecte directamente las regalías del municipio. El último hecho es el más abultado en deuda. Corresponde al gremio de UPCN por un monto de $ 766.971 pesos, comprendido entre enero del 2012 a noviembre del 2015. Pero con este gremio no se firmó acuerdo alguno de pago.
La causa latente
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el de la Corte salteña respecto a la prescripción de los delitos imputados en contra de los exintendentes Sergio Ramos, Rubén Corimayo y Pedro Alberto Gallardo, Eva Josefina Ferraro de Gallardo, Narciso Cortez Jerez, Julio Velarde, Manuel Pío Coronel y Sergio Enrique Bianchi. El fallo respondió a un recurso presentado por el fiscal Alejandro Saravia.