Después de resolver las cuestiones económicas como el cepo cambiario y la exitosa negociación con los fondos buitre que nos permitió salir del default, surgió un tema social que está relacionado con el tan mentado y nunca concretado "pacto social", tema que hoy tiene que ocupar el primer puesto en la lista de prioridades de este nuevo gobierno. Si, ya sé, esta es una columna de economía, pero si la economía no está al servicio de la gente es muy difícil poder explicar las ventajas de dedicarnos a esta ciencia.
Es más, si la economía es un instrumento indispensable para interpretar correctamente la realidad social y para desarrollar políticas con la mirada puesta en el futuro, la perspectiva económica por si sola solo conduce por caminos erróneos y sin salida.
La experiencia argentina de los años 90 no debe caer en saco roto. Las reformas económicas emprendidas a partir de 1991 no contemplaron la necesidad de crear redes de contención social. Como lo recuerda Armando Caro Figueroa en su Tratado sobre la huelga y el derecho de huelga, las crisis producidas en esa década fueron crisis de empleo y expresaron un nuevo tipo de demanda, el derecho a la inclusión. A 25 años del comienzo de la convertibilidad, con un 50% de trabajadores en negro y con la transformación del Estado como fuente artificial de puestos de trabajo precario, para peor es necesario asumir que ni "la teoría del derrame" ni "la década ganada" resolvieron un problema que hunde sus raíces en problemas económicos complejos provocados por una economía mundial en plena transformación y una economía nacional con limitaciones graves en su capacidad de competir.
Por eso, con quienes compartimos el espacio Salta en un mundo en cambio sostenemos que la política y la economía deben estar iluminadas por el objetivo del desarrollo humano.
Me refiero concretamente al proyecto de la ley antidespidos, con media sanción de la Cámara de Senadores y que será tratado esta semana en el recinto de Diputados. Esa norma prohíbe el despido de trabajadores por un plazo de 180 días y habilita a que los empleados despedidos puedan pedir su reinstalación o exigir el pago de una doble indemnización, norma considerada como de emergencia ocupacional, faltando solo que nuestros diputados la aprueben para convertirse en ley. Como consecuencia de los reclamos por los despidos en la administración pública y en varias empresas privadas especialmente de construcciones, podemos afirmar que la oposición política captó esa demanda e inició los reclamos exigiendo mediante un proyecto de ley que no se deje sin empleo a muchos más trabajadores durante los próximos seis meses. La AFIP afirma que ha crecido la cantidad de puestos de trabajo en blanco en los últimos meses.
Ante estos acontecimientos, el presidente Macri minimizó ese proyecto y prometió vetar esa ley si se aprueba como originalmente está planteada.
Opiniones y eslóganes
Entidades rurales e industriales afirman que están a favor de defender la producción y el empleo y reclaman al Gobierno se habilite una "mesa de diálogo" para tratar los problemas sectoriales que existen por la caída de la actividad económica del mercado interno y el impacto del frente externo, especialmente con Brasil. También negaron la existencia de un fenómeno de despidos masivos en nuestra economía, pero reconocieron que hay una sensación térmica de inseguridad laboral.
Opinan que de prosperar la ley que prohíbe los despidos por 180 días, estaríamos ante un nuevo cepo en Argentina, en este caso laboral, este proyecto además de ser inconveniente, es una pésima señal y alienta actitudes preventivas.
La realidad de los despidos
Recientemente la Consultora Tendencias Económicas en su informe semanal agregó que en los 4 primeros meses los despidos sumaron 139.396 trabajadores, nivel mayor en 48 veces al de igual período del año anterior, de ese total 99.247 fueron en el sector privado, especialmente en la construcción y 40.149 el sector público, nacional, provincial y municipal. Es de destacar que el relevamiento mensual de despidos y suspensiones son aportados por denuncias sindicales que se reflejan en los medios de prensa, en cambio los datos de incorporaciones de personal los aporta la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, pero ninguna consultora o analista conoce a ciencia cierta los despidos o incorporaciones que se realizan en la economía informal que representa cerca del 40% del total.
Son muchas las razones para explicar despidos, en la construcción por ejemplo, los vinculados a fenómenos estacionales o como consecuencia de los ajustes que se están realizando desde el Poder Ejecutivo, o en el caso de productos como frutas, hortalizas o el mismo sector ganadero que fueron afectados por las inundaciones.
Los ajustes para disminuir gastos que desde el Ministerio de Economía están realizando para reducir la inflación está provocando un amesetamiento del crecimiento con las consecuencias que esto ocasiona y la crisis en Brasil genero mayor disminución de la demanda en sectores como el automotor y plásticos.
Ante el avance y antes que diputados apruebe la ley antidespidos tal como fue enviada por la Cámara Alta, el Presidente Macri en un intento por modificar este proyecto, descomprimir la presión que significa esta norma y para evitar pagar un costo político alto ya que prometió vetar esta ley si sale como fue
enviada a diputados, logró el apoyo de un grupo de empresarios al firmar un compromiso de mantener los puestos de trabajo por 90 días.
El sector que lidera Sergio Massa presentó modificaciones al proyecto original destacando entre otras observaciones que las mayores perjudicadas con el casi nulo crecimiento de la economía en estos meses son las pequeñas y medianas empresas (pymes), asegurando que tanto él como su bloque van a aprobar una ley que proteja a los trabajadores argentinos. Recordemos que las grandes empresas programan sus actividades con varios meses de anticipación y salvo excepciones no modifican sus presupuestos y si aún no despidieron empleados es porque no lo tenían previsto. En cambio las pymes ante esquemas de disminución de consumo, como lo que tenemos ahora o cualquier otra alteración de las reglas de juego, les es muy difícil programarlo y deben tomar decisiones de inmediato, siendo las más proclives a generar despidos
Razones más que válidas para que el residente Macri y el ministro de la Producción Francisco Cabrera, anticipándose a lo que decidan en el Poder Legislativo, propusieron especialmente para las pymes que son las mayores generadoras de empleo privado, un paquete de medidas impositivas como el pago del IVA a los 90 días, tomar a cuenta del impuesto a la ganancia el impuesto al cheque, eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta y habilitaran nuevas líneas de préstamos de fomento a bajas tasas. Estos anuncios primero reconocen el actual problema del aumento del desempleo y también marcan la diferencia entre las grandes empresas y las pymes, ya que estas últimas son las que generan el 85% de los empleos en nuestro país.
Los cambios propuestos por varios diputados al proyecto original enviado por Senadores aplazaron el tratamiento de esta norma, habiendo aceptado los gremios que cambie el contenido pero que el mismo sea a través de una ley. Esta nueva norma deberá contener incentivos que favorezcan la creación de empleos, favorezcan a las pymes y también a nuestros jóvenes que les es muy difícil conseguir trabajo.
Cambiar la estrategia
Es evidente que varias medidas de ajuste tomadas por el Presidente y sus ministros generaron mal humor social, hechos que potenciados e incentivados por la oposición política se materializan en proyectos y actos muy cuestionados por varios sectores. Al macrismo lo benefició durante la pasada campaña electoral su capacidad de tomar distancia con sectores desprestigiados de la dirigencia política, pero ahora conociendo esta estrategia de sobre dimensionar cualquier accionar y sus consecuencias para incidir en la opinión pública con un criterio netamente electoralista, el Gobierno tendría que cambiar la dinámica y la forma de hacer y comunicar sus logros y reconocer los errores de una manera distinta.
Hace pocos días, el "excoordinador del pensamiento nacional" dijo que él desea que "a Macri le vaya mal"; parece haber expresado el pensamiento del kirchnerismo, ya que ninguno de sus compañeros de Carta abierta lo desautorizó. Lo que está en juego para la gente no es la suerte que corran Macri o Cristina, que no pasan ni van a pasar por los problemas de los asalariados. Una ley que establezca la doble indemnización no protegerá a los trabajadores, sino que dificultará la llegada de inversiones que generen empleo genuino, que fue destruido durante un cuarto de siglo. El oportunismo político, en este tema, es inadmisible.
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Después de resolver las cuestiones económicas como el cepo cambiario y la exitosa negociación con los fondos buitre que nos permitió salir del default, surgió un tema social que está relacionado con el tan mentado y nunca concretado "pacto social", tema que hoy tiene que ocupar el primer puesto en la lista de prioridades de este nuevo gobierno. Si, ya sé, esta es una columna de economía, pero si la economía no está al servicio de la gente es muy difícil poder explicar las ventajas de dedicarnos a esta ciencia.
Es más, si la economía es un instrumento indispensable para interpretar correctamente la realidad social y para desarrollar políticas con la mirada puesta en el futuro, la perspectiva económica por si sola solo conduce por caminos erróneos y sin salida.
La experiencia argentina de los años 90 no debe caer en saco roto. Las reformas económicas emprendidas a partir de 1991 no contemplaron la necesidad de crear redes de contención social. Como lo recuerda Armando Caro Figueroa en su Tratado sobre la huelga y el derecho de huelga, las crisis producidas en esa década fueron crisis de empleo y expresaron un nuevo tipo de demanda, el derecho a la inclusión. A 25 años del comienzo de la convertibilidad, con un 50% de trabajadores en negro y con la transformación del Estado como fuente artificial de puestos de trabajo precario, para peor es necesario asumir que ni "la teoría del derrame" ni "la década ganada" resolvieron un problema que hunde sus raíces en problemas económicos complejos provocados por una economía mundial en plena transformación y una economía nacional con limitaciones graves en su capacidad de competir.
Por eso, con quienes compartimos el espacio Salta en un mundo en cambio sostenemos que la política y la economía deben estar iluminadas por el objetivo del desarrollo humano.
Me refiero concretamente al proyecto de la ley antidespidos, con media sanción de la Cámara de Senadores y que será tratado esta semana en el recinto de Diputados. Esa norma prohíbe el despido de trabajadores por un plazo de 180 días y habilita a que los empleados despedidos puedan pedir su reinstalación o exigir el pago de una doble indemnización, norma considerada como de emergencia ocupacional, faltando solo que nuestros diputados la aprueben para convertirse en ley. Como consecuencia de los reclamos por los despidos en la administración pública y en varias empresas privadas especialmente de construcciones, podemos afirmar que la oposición política captó esa demanda e inició los reclamos exigiendo mediante un proyecto de ley que no se deje sin empleo a muchos más trabajadores durante los próximos seis meses. La AFIP afirma que ha crecido la cantidad de puestos de trabajo en blanco en los últimos meses.
Ante estos acontecimientos, el presidente Macri minimizó ese proyecto y prometió vetar esa ley si se aprueba como originalmente está planteada.
Opiniones y eslóganes
Entidades rurales e industriales afirman que están a favor de defender la producción y el empleo y reclaman al Gobierno se habilite una "mesa de diálogo" para tratar los problemas sectoriales que existen por la caída de la actividad económica del mercado interno y el impacto del frente externo, especialmente con Brasil. También negaron la existencia de un fenómeno de despidos masivos en nuestra economía, pero reconocieron que hay una sensación térmica de inseguridad laboral.
Opinan que de prosperar la ley que prohíbe los despidos por 180 días, estaríamos ante un nuevo cepo en Argentina, en este caso laboral, este proyecto además de ser inconveniente, es una pésima señal y alienta actitudes preventivas.
La realidad de los despidos
Recientemente la Consultora Tendencias Económicas en su informe semanal agregó que en los 4 primeros meses los despidos sumaron 139.396 trabajadores, nivel mayor en 48 veces al de igual período del año anterior, de ese total 99.247 fueron en el sector privado, especialmente en la construcción y 40.149 el sector público, nacional, provincial y municipal. Es de destacar que el relevamiento mensual de despidos y suspensiones son aportados por denuncias sindicales que se reflejan en los medios de prensa, en cambio los datos de incorporaciones de personal los aporta la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, pero ninguna consultora o analista conoce a ciencia cierta los despidos o incorporaciones que se realizan en la economía informal que representa cerca del 40% del total.
Son muchas las razones para explicar despidos, en la construcción por ejemplo, los vinculados a fenómenos estacionales o como consecuencia de los ajustes que se están realizando desde el Poder Ejecutivo, o en el caso de productos como frutas, hortalizas o el mismo sector ganadero que fueron afectados por las inundaciones.
Los ajustes para disminuir gastos que desde el Ministerio de Economía están realizando para reducir la inflación está provocando un amesetamiento del crecimiento con las consecuencias que esto ocasiona y la crisis en Brasil genero mayor disminución de la demanda en sectores como el automotor y plásticos.
Ante el avance y antes que diputados apruebe la ley antidespidos tal como fue enviada por la Cámara Alta, el Presidente Macri en un intento por modificar este proyecto, descomprimir la presión que significa esta norma y para evitar pagar un costo político alto ya que prometió vetar esta ley si sale como fue
enviada a diputados, logró el apoyo de un grupo de empresarios al firmar un compromiso de mantener los puestos de trabajo por 90 días.
El sector que lidera Sergio Massa presentó modificaciones al proyecto original destacando entre otras observaciones que las mayores perjudicadas con el casi nulo crecimiento de la economía en estos meses son las pequeñas y medianas empresas (pymes), asegurando que tanto él como su bloque van a aprobar una ley que proteja a los trabajadores argentinos. Recordemos que las grandes empresas programan sus actividades con varios meses de anticipación y salvo excepciones no modifican sus presupuestos y si aún no despidieron empleados es porque no lo tenían previsto. En cambio las pymes ante esquemas de disminución de consumo, como lo que tenemos ahora o cualquier otra alteración de las reglas de juego, les es muy difícil programarlo y deben tomar decisiones de inmediato, siendo las más proclives a generar despidos
Razones más que válidas para que el residente Macri y el ministro de la Producción Francisco Cabrera, anticipándose a lo que decidan en el Poder Legislativo, propusieron especialmente para las pymes que son las mayores generadoras de empleo privado, un paquete de medidas impositivas como el pago del IVA a los 90 días, tomar a cuenta del impuesto a la ganancia el impuesto al cheque, eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta y habilitaran nuevas líneas de préstamos de fomento a bajas tasas. Estos anuncios primero reconocen el actual problema del aumento del desempleo y también marcan la diferencia entre las grandes empresas y las pymes, ya que estas últimas son las que generan el 85% de los empleos en nuestro país.
Los cambios propuestos por varios diputados al proyecto original enviado por Senadores aplazaron el tratamiento de esta norma, habiendo aceptado los gremios que cambie el contenido pero que el mismo sea a través de una ley. Esta nueva norma deberá contener incentivos que favorezcan la creación de empleos, favorezcan a las pymes y también a nuestros jóvenes que les es muy difícil conseguir trabajo.
Cambiar la estrategia
Es evidente que varias medidas de ajuste tomadas por el Presidente y sus ministros generaron mal humor social, hechos que potenciados e incentivados por la oposición política se materializan en proyectos y actos muy cuestionados por varios sectores. Al macrismo lo benefició durante la pasada campaña electoral su capacidad de tomar distancia con sectores desprestigiados de la dirigencia política, pero ahora conociendo esta estrategia de sobre dimensionar cualquier accionar y sus consecuencias para incidir en la opinión pública con un criterio netamente electoralista, el Gobierno tendría que cambiar la dinámica y la forma de hacer y comunicar sus logros y reconocer los errores de una manera distinta.
Hace pocos días, el "excoordinador del pensamiento nacional" dijo que él desea que "a Macri le vaya mal"; parece haber expresado el pensamiento del kirchnerismo, ya que ninguno de sus compañeros de Carta abierta lo desautorizó. Lo que está en juego para la gente no es la suerte que corran Macri o Cristina, que no pasan ni van a pasar por los problemas de los asalariados. Una ley que establezca la doble indemnización no protegerá a los trabajadores, sino que dificultará la llegada de inversiones que generen empleo genuino, que fue destruido durante un cuarto de siglo. El oportunismo político, en este tema, es inadmisible.