La muerte brutal y ultrajante de Cassandre Bouvier y Houria Moumni no solo mostró la violencia de género, el peor rostro de una de las provincias más hospitalarias del país; dejó al desnudo puntos vulnerables de la Justicia, la escasa capacidad de investigación criminal y la predisposición colectiva a dudar de todo.
La impotencia y la desesperanza de Jean-Michael Bouvier, el padre de Cassandre, es compartida por muchísimos salteños.
La credibilidad es condición necesaria para el funcionamiento de las instituciones.
El primer traspié se produjo cuando la pericia de la policía informó que las jóvenes habían sido asesinadas 72 horas antes y las del Ministerio Público constataron que las muertes databan de catorce días antes. La fecha en que habían ingresado a la Quebrada y las pruebas que aportó la cámara fotográfica secuestrada a uno de los homicidas corroboraron el error inicial.
La inexplicable permanencia de los dos cadáveres en un descampado y su extraño estado de conservación dieron lugar a infinidad de conjeturas. A ello se sumó el misterio que rodeó a los dueños del hotel donde se habían alojado.
Los primeros avances en el esclarecimiento del homicidio y la detención de tres lugareños, Daniel Vilte Laxi, Santos Clemente Vera y Gustavo Lasi, generaron un imprudente optimismo que terminó en descrédito. El gobernador condecoró a los policías y anunció el supuesto éxito al gobierno francés. Después, las comprobadas torturas a los detenidos y el sospechoso suicidio del jefe operativo de la investigación, el comisario Néstor Piccolo, no hicieron más que añadir incertidumbre en una historia que nadie terminaba de creer.
Los desacuerdos entre los jueces, la libertad de dos de los acusados, el posterior reencarcelamiento de Vera y las constantes objeciones de Jean-Michael Bouvier, que siempre reivindicó la inocencia de Vilte y Vera, convirtieron a la sentencia en un aporte más a la nebulosa. Lasi había hecho un relato coherente, que inculpaba a los otros dos. Pero la prueba del ADN solo fue categórica contra él.
La muerte de las universitarias se transformó en símbolo del femicidio como un flagelo en Salta. Miles de denuncias y entre 15 y 20 mujeres asesinadas por año requieren políti cas preventivas.
La ministra Pamela Calletti anticipó que es muy probable que se prorrogue la emergencia decretada en 2014. Es encomiable la creación de juzgados, defensorías y fiscalías especiales y, también, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, pero queda mucho por hacer. La violencia de género, de la que el femicidio es la expresión extrema, no retrocedió. No se puede correr tras sus efectos sino atacar las causas. Es necesario desarrollar un programa coordinado por el Observatorio y ejecutado por expertos para detectar los focos de violencia familiar ocultos, por una parte. Y sobre todo, recuperar, la autoridad y la credibilidad de la Justicia, la policía y de todo el sistema estatal.
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La muerte brutal y ultrajante de Cassandre Bouvier y Houria Moumni no solo mostró la violencia de género, el peor rostro de una de las provincias más hospitalarias del país; dejó al desnudo puntos vulnerables de la Justicia, la escasa capacidad de investigación criminal y la predisposición colectiva a dudar de todo.
La impotencia y la desesperanza de Jean-Michael Bouvier, el padre de Cassandre, es compartida por muchísimos salteños.
La credibilidad es condición necesaria para el funcionamiento de las instituciones.
El primer traspié se produjo cuando la pericia de la policía informó que las jóvenes habían sido asesinadas 72 horas antes y las del Ministerio Público constataron que las muertes databan de catorce días antes. La fecha en que habían ingresado a la Quebrada y las pruebas que aportó la cámara fotográfica secuestrada a uno de los homicidas corroboraron el error inicial.
La inexplicable permanencia de los dos cadáveres en un descampado y su extraño estado de conservación dieron lugar a infinidad de conjeturas. A ello se sumó el misterio que rodeó a los dueños del hotel donde se habían alojado.
Los primeros avances en el esclarecimiento del homicidio y la detención de tres lugareños, Daniel Vilte Laxi, Santos Clemente Vera y Gustavo Lasi, generaron un imprudente optimismo que terminó en descrédito. El gobernador condecoró a los policías y anunció el supuesto éxito al gobierno francés. Después, las comprobadas torturas a los detenidos y el sospechoso suicidio del jefe operativo de la investigación, el comisario Néstor Piccolo, no hicieron más que añadir incertidumbre en una historia que nadie terminaba de creer.
Los desacuerdos entre los jueces, la libertad de dos de los acusados, el posterior reencarcelamiento de Vera y las constantes objeciones de Jean-Michael Bouvier, que siempre reivindicó la inocencia de Vilte y Vera, convirtieron a la sentencia en un aporte más a la nebulosa. Lasi había hecho un relato coherente, que inculpaba a los otros dos. Pero la prueba del ADN solo fue categórica contra él.
La muerte de las universitarias se transformó en símbolo del femicidio como un flagelo en Salta. Miles de denuncias y entre 15 y 20 mujeres asesinadas por año requieren políti cas preventivas.
La ministra Pamela Calletti anticipó que es muy probable que se prorrogue la emergencia decretada en 2014. Es encomiable la creación de juzgados, defensorías y fiscalías especiales y, también, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, pero queda mucho por hacer. La violencia de género, de la que el femicidio es la expresión extrema, no retrocedió. No se puede correr tras sus efectos sino atacar las causas. Es necesario desarrollar un programa coordinado por el Observatorio y ejecutado por expertos para detectar los focos de violencia familiar ocultos, por una parte. Y sobre todo, recuperar, la autoridad y la credibilidad de la Justicia, la policía y de todo el sistema estatal.