Los orígenes de la empresa pública Salta Forestal se remontan a 1975, cuando la Legislatura, mediante Ley 4.981, autorizó al gobernador Miguel Ragone a suscribir un contrato de sociedad de 50 años con la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
La Provincia contribuyó a esa sociedad con la cesión de los lotes fiscales 35 y 36 de Anta. Fabricaciones Militares aportó solo el 25% del capital que había comprometido en el acuerdo.
A lo largo de los años su recurso forestal sufrió un progresivo deterioro por la explotación maderera (rollos, postes, carbón) y también por sobrepastoreo.
En 1982, dos meses antes de iniciada la guerra de Malvinas, el gobierno salteño, dirigido por el capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, promulgó la Ley 5.887. Esa norma autorizó a la Provincia a suscribir sendos convenios de compraventa de acciones y de asunción de deuda con Fabricaciones Militares. Salta Forestal se convirtió entonces en una empresa provincial.
La liquidación
En 1990, durante la gestión de Hernán Cornejo, se dictó la ley de emergencia económica y de reforma administrativa del Estado, que declaró sujeta a privatización a Salta Forestal y a otras empresas provinciales.
En 1994, durante el gobierno de Roberto Ulloa, un decreto dispuso la privatización y liquidación de la empresa.
En 1998, durante la gestión de Juan Carlos Romero, se licitó el concesionamiento de las 317.000 hectáreas fiscales para proyectos productivos. El proceso fue adjudicado a la empresa Ecodesarrollo, en la que se asociaron los empresarios Alfredo Paulino Olmedo y Néstor Cervera.
Aguas divididas
En 2003, Olmedo y Cervera se repartieron la concesión en dos partes. Ecodesarrollo se quedó con 158.478 hectáreas de la zona sur y la empresa Agropecuaria Cervera, con 158.234 hectáreas de la zona norte.
El 22 de noviembre de 2005 Agropecuaria Cervera quedó incorporada al grupo Cresud.
El 2 de julio de 2008, el Ejecutivo provincial renegoció el contrato con Cervera. Por ese acuerdo la Provincia recuperaría 30.000 hectáreas y percibiría un canon anual estimado en $1.300.000. Esa superficie aún no fue reintegrada y se desconocen los montos recibidos en concepto de canon.
El litigio
En 2008, Olmedo rechazó la renegociación del contrato de la zona sur.
En 2010, el gobernador Juan Manuel Urtubey reactivó la empresa pública Salta Forestal para administrar la explotación productiva de tierras fiscales.
El 30 de mayo de 2011 el Ejecutivo declaró lesivo el contrato firmado con Ecodesarrollo e instruyó a la Fiscalía de Estado para que inicie un juicio contra la empresa presidida por Olmedo. Con la demanda, el Gobierno se propuso recuperar las tierras. Olmedo entabló otro juicio contra la Provincia en defensa de su concesión. El acuerdo que rige desde el pasado jueves puso fin a esos litigios judiciales.
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Los orígenes de la empresa pública Salta Forestal se remontan a 1975, cuando la Legislatura, mediante Ley 4.981, autorizó al gobernador Miguel Ragone a suscribir un contrato de sociedad de 50 años con la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
La Provincia contribuyó a esa sociedad con la cesión de los lotes fiscales 35 y 36 de Anta. Fabricaciones Militares aportó solo el 25% del capital que había comprometido en el acuerdo.
A lo largo de los años su recurso forestal sufrió un progresivo deterioro por la explotación maderera (rollos, postes, carbón) y también por sobrepastoreo.
En 1982, dos meses antes de iniciada la guerra de Malvinas, el gobierno salteño, dirigido por el capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, promulgó la Ley 5.887. Esa norma autorizó a la Provincia a suscribir sendos convenios de compraventa de acciones y de asunción de deuda con Fabricaciones Militares. Salta Forestal se convirtió entonces en una empresa provincial.
La liquidación
En 1990, durante la gestión de Hernán Cornejo, se dictó la ley de emergencia económica y de reforma administrativa del Estado, que declaró sujeta a privatización a Salta Forestal y a otras empresas provinciales.
En 1994, durante el gobierno de Roberto Ulloa, un decreto dispuso la privatización y liquidación de la empresa.
En 1998, durante la gestión de Juan Carlos Romero, se licitó el concesionamiento de las 317.000 hectáreas fiscales para proyectos productivos. El proceso fue adjudicado a la empresa Ecodesarrollo, en la que se asociaron los empresarios Alfredo Paulino Olmedo y Néstor Cervera.
Aguas divididas
En 2003, Olmedo y Cervera se repartieron la concesión en dos partes. Ecodesarrollo se quedó con 158.478 hectáreas de la zona sur y la empresa Agropecuaria Cervera, con 158.234 hectáreas de la zona norte.
El 22 de noviembre de 2005 Agropecuaria Cervera quedó incorporada al grupo Cresud.
El 2 de julio de 2008, el Ejecutivo provincial renegoció el contrato con Cervera. Por ese acuerdo la Provincia recuperaría 30.000 hectáreas y percibiría un canon anual estimado en $1.300.000. Esa superficie aún no fue reintegrada y se desconocen los montos recibidos en concepto de canon.
El litigio
En 2008, Olmedo rechazó la renegociación del contrato de la zona sur.
En 2010, el gobernador Juan Manuel Urtubey reactivó la empresa pública Salta Forestal para administrar la explotación productiva de tierras fiscales.
El 30 de mayo de 2011 el Ejecutivo declaró lesivo el contrato firmado con Ecodesarrollo e instruyó a la Fiscalía de Estado para que inicie un juicio contra la empresa presidida por Olmedo. Con la demanda, el Gobierno se propuso recuperar las tierras. Olmedo entabló otro juicio contra la Provincia en defensa de su concesión. El acuerdo que rige desde el pasado jueves puso fin a esos litigios judiciales.