El presidente Mauricio Macri ya firmó el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) del año: es el que modifica la ley de la ley de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y sería publicado mañana en el Boletín Oficial. Queda claro que en la Casa Rosada decidieron no esperar el retorno del período legislativo; el 21 de diciembre pasado, el Senado había dado media sanción al proyecto de ley y ahora debía tratarlo Diputados.
La semana pasada, el Gobierno anticipó a la CGT parte del decreto que modificará el régimen de las ART. La intención es reducir la litigiosidad por accidentes laborales, y que antes de recurrir a la Justicia los trabajadores deban pasar por comisiones médicas.
Ante un accidente o una enfermedad laboral, la norma establece que será obligatorio recurrir a una comisión médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial y, si el trabajador no está conforme, podrá recurrir a la Justicia laboral. En Trabajo aseguran que ese punto ayudará a agilizar los tiempos para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones.
El texto de la norma es el mismo que el oficialismo había negociado con el peronismo y la CGT, aseguraron en el Ministerio de Trabajo. El único punto que varía es el de la financiación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo porque por tratarse de un DNU, el Gobierno no puede fijar cómo financiará esa dependencia. Aseguran que bastará una reasignación de partidas de la Jefatura de Gabinete.
Con todo, la comisión bicameral de DNU del Congreso deberá ratificar o rechazar el decreto.
La decisión del Ejecutivo de evitar al Congreso cosechó críticas de la oposición: reclaman que la reforma se trate en sesiones extraordinarias. Inclusive, aseguran que hasta hubo disidencias en Cambiemos.
Pedido cegetista
La historia reciente indica que el 21 de diciembre último el Senado aprobó y giró el proyecto de ley complementaria de la norma que rige a las ART con el que el Gobierno busca reducir los litigios laborales. La iniciativa oficial fue modificada por el Senado y aprobada luego de que la CGT y el Gobierno alcanzaran un acuerdo respecto de los reclamos de los sindicatos. Sin embargo, desde la CGT y la CTA de los Trabajadores avisaron que realizarían nuevos pedidos de modificación, hecho que, según fuentes oficiales, impulsó a Macri a saltear etapas.
A causa de los pedidos expuestos por la CGT en noviembre último, el Senado introdujo cambios a la iniciativa, vinculados, por ejemplo, con una cláusula que obliga a las comisiones médicas de las ART a expedir su veredicto en un plazo perentorio de tres meses.
El proyecto propone que la intervención de las comisiones médicas constituya "la instancia de carácter obligatorio y excluyente" para que el trabajador afectado "solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial".
A pedido de la CGT, también se asumió el compromiso de reactivar el Consejo Tripartito Consultivo que integran Estado, trabajadores y ART y que no se reúne desde hace más de cuatro años. Además, se establece el compromiso de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo a presentar en el plazo de tres años un anteproyecto de ley de prevención de accidentes. La CGT y CTA de los Trabajadores sostienen que un sistema de cobertura de riesgos del trabajo debe contar con etapas de prevención, prestación, reparación y reinserción laboral, mientras el proyecto oficial sólo aborda la reparación y lo hace "en forma menguada y perjudicial para los derechos de los trabajadores", incumpliendo varios convenios internacionales.
Por una mejor atención
En el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca y en la Casa Rosada advierten que el decreto permitirá una mejor atención a los trabajadores que se accidentan o se enferman y reducirá la litigiosidad del sistema: buscan reducir los 300 mil juicios abiertos con reclamos por unos US$4.500 millones. Planean reducir el impacto del seguro sobre el salario bruto. Ante un accidente o una enfermedad laboral, la norma establece que será obligatorio recurrir a una comisión médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. Si el trabajador no está conforme, podrá recurrir a la Justicia laboral. En Trabajo aseguran que ese punto ayudará a agilizar los tiempos para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones. El DNU propone la creación del autoseguro público provincial para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales dentro de la coberturas de ART.
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El presidente Mauricio Macri ya firmó el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) del año: es el que modifica la ley de la ley de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y sería publicado mañana en el Boletín Oficial. Queda claro que en la Casa Rosada decidieron no esperar el retorno del período legislativo; el 21 de diciembre pasado, el Senado había dado media sanción al proyecto de ley y ahora debía tratarlo Diputados.
La semana pasada, el Gobierno anticipó a la CGT parte del decreto que modificará el régimen de las ART. La intención es reducir la litigiosidad por accidentes laborales, y que antes de recurrir a la Justicia los trabajadores deban pasar por comisiones médicas.
Ante un accidente o una enfermedad laboral, la norma establece que será obligatorio recurrir a una comisión médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial y, si el trabajador no está conforme, podrá recurrir a la Justicia laboral. En Trabajo aseguran que ese punto ayudará a agilizar los tiempos para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones.
El texto de la norma es el mismo que el oficialismo había negociado con el peronismo y la CGT, aseguraron en el Ministerio de Trabajo. El único punto que varía es el de la financiación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo porque por tratarse de un DNU, el Gobierno no puede fijar cómo financiará esa dependencia. Aseguran que bastará una reasignación de partidas de la Jefatura de Gabinete.
Con todo, la comisión bicameral de DNU del Congreso deberá ratificar o rechazar el decreto.
La decisión del Ejecutivo de evitar al Congreso cosechó críticas de la oposición: reclaman que la reforma se trate en sesiones extraordinarias. Inclusive, aseguran que hasta hubo disidencias en Cambiemos.
Pedido cegetista
La historia reciente indica que el 21 de diciembre último el Senado aprobó y giró el proyecto de ley complementaria de la norma que rige a las ART con el que el Gobierno busca reducir los litigios laborales. La iniciativa oficial fue modificada por el Senado y aprobada luego de que la CGT y el Gobierno alcanzaran un acuerdo respecto de los reclamos de los sindicatos. Sin embargo, desde la CGT y la CTA de los Trabajadores avisaron que realizarían nuevos pedidos de modificación, hecho que, según fuentes oficiales, impulsó a Macri a saltear etapas.
A causa de los pedidos expuestos por la CGT en noviembre último, el Senado introdujo cambios a la iniciativa, vinculados, por ejemplo, con una cláusula que obliga a las comisiones médicas de las ART a expedir su veredicto en un plazo perentorio de tres meses.
El proyecto propone que la intervención de las comisiones médicas constituya "la instancia de carácter obligatorio y excluyente" para que el trabajador afectado "solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial".
A pedido de la CGT, también se asumió el compromiso de reactivar el Consejo Tripartito Consultivo que integran Estado, trabajadores y ART y que no se reúne desde hace más de cuatro años. Además, se establece el compromiso de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo a presentar en el plazo de tres años un anteproyecto de ley de prevención de accidentes. La CGT y CTA de los Trabajadores sostienen que un sistema de cobertura de riesgos del trabajo debe contar con etapas de prevención, prestación, reparación y reinserción laboral, mientras el proyecto oficial sólo aborda la reparación y lo hace "en forma menguada y perjudicial para los derechos de los trabajadores", incumpliendo varios convenios internacionales.
Por una mejor atención
En el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca y en la Casa Rosada advierten que el decreto permitirá una mejor atención a los trabajadores que se accidentan o se enferman y reducirá la litigiosidad del sistema: buscan reducir los 300 mil juicios abiertos con reclamos por unos US$4.500 millones. Planean reducir el impacto del seguro sobre el salario bruto. Ante un accidente o una enfermedad laboral, la norma establece que será obligatorio recurrir a una comisión médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. Si el trabajador no está conforme, podrá recurrir a la Justicia laboral. En Trabajo aseguran que ese punto ayudará a agilizar los tiempos para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones. El DNU propone la creación del autoseguro público provincial para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales dentro de la coberturas de ART.