Piden que la Justicia frene el traslado de la Palúdica

Ayer por la mañana, tras realizar una conferencia de prensa, trabajadores de la Palúdica se movilizaron para defender la salud pública. Hace dos semanas ingresó en el Juzgado Federal de Julio Leonardo Bavio un recurso de amparo, en representación de los empleados y de la ciudadanía en general, para frenar la transferencia del inmueble, que ocupa 10 mil metros cuadrados en el centro de Salta, de la Nación a la Municipalidad.

La Ley 27.336, sancionada a fines del año pasado, establece que el predio será utilizado para la "construcción del "Museo Nacional del Folclore'' y otros espacios de interés cultural". Estipula, además, "un lugar que contenga una estación sanitaria".

En la Palúdica funcionan cinco instituciones nacionales de salud pública: el Programa Nacional de Vectores, que solo en Salta capital tiene alrededor de 50 empleados, la Delegación Sanitaria Federal, el Área de Sanidad de Fronteras, el Centro Nacional de Reconocimientos Médicos y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Los trabajadores consideran que la institución está lejos de ser "una mera estación sanitaria".

En el predio funcionaba también el Instituto Nacional de Investigaciones Nutricionales que, por las malas condiciones edilicias, se trasladó a una casona que alquila el Estado en el macrocentro.

"La presentación (del amparo) no fue solo por los derechos subjetivos de los trabajadores, sino también en defensa de derechos colectivos, por el carácter de la salud pública", informó el abogado Pablo Bravo Herrera, que representa a los empleados.

En el año 1923 el doctor Luis Güemes donó el inmueble a la Nación para que fuera destinado a la salud pública. "El Código Civil es muy claro. Cuando la donación con cargo fue hecha en favor de un tercero no solo puede exigirlo quien lo donó o sus herederos, sino también este tercero, que es el pueblo en general", explicó el letrado.

Señaló que el amparo tendría que frenar el traslado de propiedad del edificio. "Si nos remitimos al derecho y a que hay una serie de derechos afectados, estaríamos en posición de esperar que así fuera. La Constitución establece condiciones dignas de trabajo. Los trabajadores deben saber cuál va a ser su futuro acá", afirmó.

Los edificios de la Palúdica están en malas condiciones y algunos, incluso, clausurados. En los últimos 10 años se han presentado muchas notas al Ministerio de Salud para que se hicieran arreglos pero nunca han recibido fondos para eso. Incluso hay un proyecto de la Facultad de Ingeniería de la UNSa para refaccionar el edificio y dejarlo en condiciones, "que duerme en el cajón de algún escritorio en Buenos Aires", contó Mario Zaidenberg, responsable del Programa Nacional de Vectores de esta jurisdicción.

"El desconocimiento de qué va a pasar nos introduce en una situación de incertidumbre, de duda y de temor con respecto a las fuentes de trabajo y a este proyecto a largo plazo", señaló el experto. "Nunca consideramos ir a otro edificio. Las dos posibilidades para nosotros son que no se haga lugar a esta ley o, si esta quedara firme, nos gustaría definir con participación activa qué parte vamos a utilizar".

Matilde Juárez, delegada y empleada del Ministerio de Salud y secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), destacó que están en estado de alerta. "No tenemos respuesta oficial ni de la Municipalidad ni del Ministerio. Tenemos fe en que la Justicia va a actuar en favor de la salud de la población, que es lo más importante, y de los derechos de los trabajadores, que hemos sido avasallados".

Ayer por la mañana, tras realizar una conferencia de prensa, trabajadores de la Palúdica se movilizaron para defender la salud pública. Hace dos semanas ingresó en el Juzgado Federal de Julio Leonardo Bavio un recurso de amparo, en representación de los empleados y de la ciudadanía en general, para frenar la transferencia del inmueble, que ocupa 10 mil metros cuadrados en el centro de Salta, de la Nación a la Municipalidad.

La Ley 27.336, sancionada a fines del año pasado, establece que el predio será utilizado para la "construcción del "Museo Nacional del Folclore'' y otros espacios de interés cultural". Estipula, además, "un lugar que contenga una estación sanitaria".

En la Palúdica funcionan cinco instituciones nacionales de salud pública: el Programa Nacional de Vectores, que solo en Salta capital tiene alrededor de 50 empleados, la Delegación Sanitaria Federal, el Área de Sanidad de Fronteras, el Centro Nacional de Reconocimientos Médicos y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Los trabajadores consideran que la institución está lejos de ser "una mera estación sanitaria".

En el predio funcionaba también el Instituto Nacional de Investigaciones Nutricionales que, por las malas condiciones edilicias, se trasladó a una casona que alquila el Estado en el macrocentro.

"La presentación (del amparo) no fue solo por los derechos subjetivos de los trabajadores, sino también en defensa de derechos colectivos, por el carácter de la salud pública", informó el abogado Pablo Bravo Herrera, que representa a los empleados.

En el año 1923 el doctor Luis Güemes donó el inmueble a la Nación para que fuera destinado a la salud pública. "El Código Civil es muy claro. Cuando la donación con cargo fue hecha en favor de un tercero no solo puede exigirlo quien lo donó o sus herederos, sino también este tercero, que es el pueblo en general", explicó el letrado.

Señaló que el amparo tendría que frenar el traslado de propiedad del edificio. "Si nos remitimos al derecho y a que hay una serie de derechos afectados, estaríamos en posición de esperar que así fuera. La Constitución establece condiciones dignas de trabajo. Los trabajadores deben saber cuál va a ser su futuro acá", afirmó.

Los edificios de la Palúdica están en malas condiciones y algunos, incluso, clausurados. En los últimos 10 años se han presentado muchas notas al Ministerio de Salud para que se hicieran arreglos pero nunca han recibido fondos para eso. Incluso hay un proyecto de la Facultad de Ingeniería de la UNSa para refaccionar el edificio y dejarlo en condiciones, "que duerme en el cajón de algún escritorio en Buenos Aires", contó Mario Zaidenberg, responsable del Programa Nacional de Vectores de esta jurisdicción.

"El desconocimiento de qué va a pasar nos introduce en una situación de incertidumbre, de duda y de temor con respecto a las fuentes de trabajo y a este proyecto a largo plazo", señaló el experto. "Nunca consideramos ir a otro edificio. Las dos posibilidades para nosotros son que no se haga lugar a esta ley o, si esta quedara firme, nos gustaría definir con participación activa qué parte vamos a utilizar".

Matilde Juárez, delegada y empleada del Ministerio de Salud y secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), destacó que están en estado de alerta. "No tenemos respuesta oficial ni de la Municipalidad ni del Ministerio. Tenemos fe en que la Justicia va a actuar en favor de la salud de la población, que es lo más importante, y de los derechos de los trabajadores, que hemos sido avasallados".