Lidia Fuentes tiene 59 años, cuatro nietas a cargo, que tienen entre 11 y 18 años, y la memoria de su hijo, quien murió en 2012 por nueve balazos que le disparó un policía a sangre fría. La madre de las chicas había muerto tres meses antes.
Ella es la permisionaria encargada del cobro de estacionamiento medido en la mano izquierda de la calle Balcarce al 200. Luego de la muerte de su hijo, consiguió que le permitieran trabajar en toda la cuadra, donde entran 22 autos, para poder llegar un poco más tranquila a fin de mes. Hace una semana debe compartir la cuadra con otra permisionaria, lo que significa la mitad del dinero que llevaba a su hogar.
"Quiero que me permitan trabajar, quiero sacarlas adelante, que no solo no tengan mamá y papá, que tengan estudios, que sean personas de provecho, productivas. No quiero que sean relegadas sociales. Esa es mi lucha", dijo a El Tribuno.
Contó que, al conocer su situación económica, el entonces secretario de Pamela Calletti, ministra de Derechos Humanos y Justicia, había hablado con la entonces directora de estacionamiento medido, Gisela Zenteno, quien le otorgó la cuadra completa a mediadios de 2014.
En febrero de 2016 se hizo un pedido a través del Programa de Asistencia a las Víctimas del Ministerio al subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, para que se mantuviera el trabajo de Lidia en esas condiciones. "Derechos Humanos está desaparecido ahora", lamentó y contó que dejó de cobrar un subsidio de $2.000 que esta cartera le otorgaba.
"De la noche a la mañana me han mandado otra cobradora. La encargada de estacionamiento, la señora Verónica Vivas, dijo que me había sacado la mitad de la cuadra porque estaba ganando bien y metiendo mucho talonario. Por eso me han quitado la mitad de la cuadra", señaló.
"Yo lo necesito y voy a tratar de hacer lo mejor posible para mantener mi fuente de trabajo. Necesito que el intendente, el secretario de Gobierno, alguien me escuche. No tengo ni pensión ni jubilación. Estoy muy lejos de jubilarme porque nunca hice aporte. ¿Dónde voy a buscar trabajo con mi edad si hay un montón de chicos con estudios que están con todo bajo el brazo? Yo quiero que me dejen trabajar. No puedo enseñarles que tienen que tener una vida recta, si yo les doy un ejemplo malo. Por favor, les pido, por la memoria de mi hijo, quiero que me dejen ganar la moneda para darles a ellas. No quiero que terminen como mi nuera", cerró llorando, y de rodillas: "No estoy pidiendo que me regalen algo. Ellas están vivas, no se han muerto con mi hijo. Ya demasiado les falta".
Ella es la permisionaria encargada del cobro de estacionamiento medido en la mano izquierda de la calle Balcarce al 200. Luego de la muerte de su hijo, consiguió que le permitieran trabajar en toda la cuadra, donde entran 22 autos, para poder llegar un poco más tranquila a fin de mes. Hace una semana debe compartir la cuadra con otra permisionaria, lo que significa la mitad del dinero que llevaba a su hogar.
"Quiero que me permitan trabajar, quiero sacarlas adelante, que no solo no tengan mamá y papá, que tengan estudios, que sean personas de provecho, productivas. No quiero que sean relegadas sociales. Esa es mi lucha", dijo a El Tribuno.
Contó que, al conocer su situación económica, el entonces secretario de Pamela Calletti, ministra de Derechos Humanos y Justicia, había hablado con la entonces directora de estacionamiento medido, Gisela Zenteno, quien le otorgó la cuadra completa a mediadios de 2014.
En febrero de 2016 se hizo un pedido a través del Programa de Asistencia a las Víctimas del Ministerio al subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, para que se mantuviera el trabajo de Lidia en esas condiciones. "Derechos Humanos está desaparecido ahora", lamentó y contó que dejó de cobrar un subsidio de $2.000 que esta cartera le otorgaba.
"De la noche a la mañana me han mandado otra cobradora. La encargada de estacionamiento, la señora Verónica Vivas, dijo que me había sacado la mitad de la cuadra porque estaba ganando bien y metiendo mucho talonario. Por eso me han quitado la mitad de la cuadra", señaló.
"Yo lo necesito y voy a tratar de hacer lo mejor posible para mantener mi fuente de trabajo. Necesito que el intendente, el secretario de Gobierno, alguien me escuche. No tengo ni pensión ni jubilación. Estoy muy lejos de jubilarme porque nunca hice aporte. ¿Dónde voy a buscar trabajo con mi edad si hay un montón de chicos con estudios que están con todo bajo el brazo? Yo quiero que me dejen trabajar. No puedo enseñarles que tienen que tener una vida recta, si yo les doy un ejemplo malo. Por favor, les pido, por la memoria de mi hijo, quiero que me dejen ganar la moneda para darles a ellas. No quiero que terminen como mi nuera", cerró llorando, y de rodillas: "No estoy pidiendo que me regalen algo. Ellas están vivas, no se han muerto con mi hijo. Ya demasiado les falta".
La respuesta oficial
El Tribuno consultó con la inspectora Verónica Vivas, quien respondió lo siguiente sobre el caso: "Esa cuadra fue siempre compartida porque es una calle rentable. El intendente quiere que se rinda más. Le puse a otra permisionaria porque la calle Zabala está en reparación". Contó que Lidia hizo una presentación a través de un juzgado el año pasado y que se le dio lugar. "Ya cumplió un año y medio y tiene malos antecedentes. Las directivas son que a cualquiera se le puede cambiar la cuadra. Hay muchas personas con discapacidad para compartir. Pueden trabajar dos personas", sostuvo. Con respecto a su condición, dijo: "No tengo un papel en el que conste que está a cargo de los niños. Ella lo toma como persecución, pero no es algo en contra de ella".
La muerte trágica de su hijo
Diego Federico Quiroga murió a los 32 años en septiembre de 2012 en la vereda de un quiosco de barrio El Círculo III. El policía Hugo Vilte Cardozo le disparó nueve tiros por la espalda. "Ha tenido la más estúpida de las muertes. Estaba en el lugar y en el momento equivocado", dijo Lidia Fuentes a El Tribuno. Tras el asesinato, hubo un juicio abreviado y Vilte Cardozo fue condenado por homicidio simple a doce años de prisión. "Quitaron la alevosía y el ensañamiento de la carátula", lamentó Lidia, y agregó: "Dicen que en ese negocio vendían droga como caramelo y que tenían la venia de la policía de Solidaridad y de San Remo. Les daban equis cantidad para que los dejaran trabajar. Me lo contó una sargento que ya estaba cansada de esto: 'Por eso han matado a su hijo', me dijo".
"El estaba en la casa de un amigo, que estaba con dos nenitos. Querían ir a comprar algo y él se ofreció a ir. Al lado había una sanguchería, que estaba llena por el Milagro. Ellos vieron que el policía discutía con el dueño del negocio. Mi hijo se mantuvo al margen. Cuando dejaron de discutir, se acercó a comprar y cuando se dio vuelta para subir a la bicicleta, el tipo le metió dos tiros en la espalda. Cuando cayó, le pegó siete tiros más. El está preso pero adentro tiene la oportunidad de estudiar abogacía. A mí me quitan la posibilidad de que mis nietas por lo menos terminen el quinto año", reflexionó.
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Lidia Fuentes tiene 59 años, cuatro nietas a cargo, que tienen entre 11 y 18 años, y la memoria de su hijo, quien murió en 2012 por nueve balazos que le disparó un policía a sangre fría. La madre de las chicas había muerto tres meses antes.
Ella es la permisionaria encargada del cobro de estacionamiento medido en la mano izquierda de la calle Balcarce al 200. Luego de la muerte de su hijo, consiguió que le permitieran trabajar en toda la cuadra, donde entran 22 autos, para poder llegar un poco más tranquila a fin de mes. Hace una semana debe compartir la cuadra con otra permisionaria, lo que significa la mitad del dinero que llevaba a su hogar.
"Quiero que me permitan trabajar, quiero sacarlas adelante, que no solo no tengan mamá y papá, que tengan estudios, que sean personas de provecho, productivas. No quiero que sean relegadas sociales. Esa es mi lucha", dijo a El Tribuno.
Contó que, al conocer su situación económica, el entonces secretario de Pamela Calletti, ministra de Derechos Humanos y Justicia, había hablado con la entonces directora de estacionamiento medido, Gisela Zenteno, quien le otorgó la cuadra completa a mediadios de 2014.
En febrero de 2016 se hizo un pedido a través del Programa de Asistencia a las Víctimas del Ministerio al subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, para que se mantuviera el trabajo de Lidia en esas condiciones. "Derechos Humanos está desaparecido ahora", lamentó y contó que dejó de cobrar un subsidio de $2.000 que esta cartera le otorgaba.
"De la noche a la mañana me han mandado otra cobradora. La encargada de estacionamiento, la señora Verónica Vivas, dijo que me había sacado la mitad de la cuadra porque estaba ganando bien y metiendo mucho talonario. Por eso me han quitado la mitad de la cuadra", señaló.
"Yo lo necesito y voy a tratar de hacer lo mejor posible para mantener mi fuente de trabajo. Necesito que el intendente, el secretario de Gobierno, alguien me escuche. No tengo ni pensión ni jubilación. Estoy muy lejos de jubilarme porque nunca hice aporte. ¿Dónde voy a buscar trabajo con mi edad si hay un montón de chicos con estudios que están con todo bajo el brazo? Yo quiero que me dejen trabajar. No puedo enseñarles que tienen que tener una vida recta, si yo les doy un ejemplo malo. Por favor, les pido, por la memoria de mi hijo, quiero que me dejen ganar la moneda para darles a ellas. No quiero que terminen como mi nuera", cerró llorando, y de rodillas: "No estoy pidiendo que me regalen algo. Ellas están vivas, no se han muerto con mi hijo. Ya demasiado les falta".
Ella es la permisionaria encargada del cobro de estacionamiento medido en la mano izquierda de la calle Balcarce al 200. Luego de la muerte de su hijo, consiguió que le permitieran trabajar en toda la cuadra, donde entran 22 autos, para poder llegar un poco más tranquila a fin de mes. Hace una semana debe compartir la cuadra con otra permisionaria, lo que significa la mitad del dinero que llevaba a su hogar.
"Quiero que me permitan trabajar, quiero sacarlas adelante, que no solo no tengan mamá y papá, que tengan estudios, que sean personas de provecho, productivas. No quiero que sean relegadas sociales. Esa es mi lucha", dijo a El Tribuno.
Contó que, al conocer su situación económica, el entonces secretario de Pamela Calletti, ministra de Derechos Humanos y Justicia, había hablado con la entonces directora de estacionamiento medido, Gisela Zenteno, quien le otorgó la cuadra completa a mediadios de 2014.
En febrero de 2016 se hizo un pedido a través del Programa de Asistencia a las Víctimas del Ministerio al subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, para que se mantuviera el trabajo de Lidia en esas condiciones. "Derechos Humanos está desaparecido ahora", lamentó y contó que dejó de cobrar un subsidio de $2.000 que esta cartera le otorgaba.
"De la noche a la mañana me han mandado otra cobradora. La encargada de estacionamiento, la señora Verónica Vivas, dijo que me había sacado la mitad de la cuadra porque estaba ganando bien y metiendo mucho talonario. Por eso me han quitado la mitad de la cuadra", señaló.
"Yo lo necesito y voy a tratar de hacer lo mejor posible para mantener mi fuente de trabajo. Necesito que el intendente, el secretario de Gobierno, alguien me escuche. No tengo ni pensión ni jubilación. Estoy muy lejos de jubilarme porque nunca hice aporte. ¿Dónde voy a buscar trabajo con mi edad si hay un montón de chicos con estudios que están con todo bajo el brazo? Yo quiero que me dejen trabajar. No puedo enseñarles que tienen que tener una vida recta, si yo les doy un ejemplo malo. Por favor, les pido, por la memoria de mi hijo, quiero que me dejen ganar la moneda para darles a ellas. No quiero que terminen como mi nuera", cerró llorando, y de rodillas: "No estoy pidiendo que me regalen algo. Ellas están vivas, no se han muerto con mi hijo. Ya demasiado les falta".
La respuesta oficial
El Tribuno consultó con la inspectora Verónica Vivas, quien respondió lo siguiente sobre el caso: "Esa cuadra fue siempre compartida porque es una calle rentable. El intendente quiere que se rinda más. Le puse a otra permisionaria porque la calle Zabala está en reparación". Contó que Lidia hizo una presentación a través de un juzgado el año pasado y que se le dio lugar. "Ya cumplió un año y medio y tiene malos antecedentes. Las directivas son que a cualquiera se le puede cambiar la cuadra. Hay muchas personas con discapacidad para compartir. Pueden trabajar dos personas", sostuvo. Con respecto a su condición, dijo: "No tengo un papel en el que conste que está a cargo de los niños. Ella lo toma como persecución, pero no es algo en contra de ella".
La muerte trágica de su hijo
Diego Federico Quiroga murió a los 32 años en septiembre de 2012 en la vereda de un quiosco de barrio El Círculo III. El policía Hugo Vilte Cardozo le disparó nueve tiros por la espalda. "Ha tenido la más estúpida de las muertes. Estaba en el lugar y en el momento equivocado", dijo Lidia Fuentes a El Tribuno. Tras el asesinato, hubo un juicio abreviado y Vilte Cardozo fue condenado por homicidio simple a doce años de prisión. "Quitaron la alevosía y el ensañamiento de la carátula", lamentó Lidia, y agregó: "Dicen que en ese negocio vendían droga como caramelo y que tenían la venia de la policía de Solidaridad y de San Remo. Les daban equis cantidad para que los dejaran trabajar. Me lo contó una sargento que ya estaba cansada de esto: 'Por eso han matado a su hijo', me dijo".
"El estaba en la casa de un amigo, que estaba con dos nenitos. Querían ir a comprar algo y él se ofreció a ir. Al lado había una sanguchería, que estaba llena por el Milagro. Ellos vieron que el policía discutía con el dueño del negocio. Mi hijo se mantuvo al margen. Cuando dejaron de discutir, se acercó a comprar y cuando se dio vuelta para subir a la bicicleta, el tipo le metió dos tiros en la espalda. Cuando cayó, le pegó siete tiros más. El está preso pero adentro tiene la oportunidad de estudiar abogacía. A mí me quitan la posibilidad de que mis nietas por lo menos terminen el quinto año", reflexionó.