Además de las causas por la supuesta malversación de fondos en la mina de Río Turbio y los aparentes sobreprecios en la compra de gas natural licuado por las que fue detenido, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido está en juicio por la tragedia de Once e involucrado en varias decenas de investigaciones.
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Además de las causas por la supuesta malversación de fondos en la mina de Río Turbio y los aparentes sobreprecios en la compra de gas natural licuado por las que fue detenido, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido está en juicio por la tragedia de Once e involucrado en varias decenas de investigaciones.
El exfuncionario, que en paralelo es investigado por enriquecimiento ilícito, tiene abierto un juicio oral y público por el accidente ferroviario ocurrido en 2012, en el que murieron 51 personas.
Está acusado por estrago culposo y administración fraudulenta, y se expone a una eventual condena de hasta 11 años de prisión.
Además, está procesado en la causa que tiene a cargo el juez federal Julián Ercolini y que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante la gestión anterior, en la que también está sospechada la expresidenta Cristina Kirchner.
El mismo magistrado dictó otro procesamiento en su contra por la compra de material inservible a España y Portugal, caso por el que se encuentra preso el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.
El cargo es por "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".
A la vez, fue procesado por el juez Claudio Bonadio por los subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014, tras comprobarse que se pagaron por kilómetros no recorridos, a partir de que las empresas falsificaran la información.
El magistrado también tiene a cargo la causa por los supuestos sobreprecios en la compra de gas licuado natural, una de las que llevó a su detención ayer, luego de su desafuero en la Cámara de Diputados.
En tanto, el juez federal Sebastián Ramos lo procesó por supuestamente no haber conformado los equipos técnicos para revisar la concesión de líneas ferroviarias a distintas empresas, causa en la que también está implicado Jaime.
Otra de las investigaciones que lo involucran tiene que ver con el multimillonario gasto de creación y mantenimiento de Lafsa, una aerolínea que jamás prestó servicio; y también está nombrado en el caso Skanska, que se reactivó en los últimos años.
De Vido acumula, además, denuncias por el reparto irregular de fondos a la agrupación Tupac Amaru, que lidera la detenida Milagro Sala, entre otras.
El gas y Río Turbio
En el marco de la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de barcos de gas licuado durante el kirchnerismo, el juez Claudio Bonadio estimó que entre 2008 y 2015 la gestión del exministro de Planificación Julio De Vido realizó importaciones por US$ 15.316 millones para traer ese producto del exterior, que habrían ocasionado un perjuicio económico de casi US$ 7.000 millones para el Estado.
Mientras las petroleras con producción local cobraban un precio promedio en torno a los US$ 2 el millón de BTU (la unidad de medida), el Gobierno anterior llegó a convalidar a través de Enarsa erogaciones superiores a los US$ 15 el millón de BTU en el exterior.
Único legislador desaforado en debate parlamentario
™El exministro Julio De Vido es el único legislador desaforado en debate parlamentario de los cinco que fueron sometidos a proceso desde la aprobación de la ley de fueros, sancionada en septiembre de 2000, en medio de una investigación a once senadores por las coimas presuntamente recibidas para aprobar una ley de flexibilización laboral. El impedimento de arrestar a cualquier legislador está garantizado en el artículo 69 de la Constitución Nacional, “excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen”. De hecho, los primeros casos de expulsiones del Congreso datan de 1867, cuando dos diputados fueron acusados de haber formado parte de una rebelión.
Sin embargo, en 2000, durante el gobierno de la Alianza, en medio de una crisis política por el presunto pago de coimas a senadores para que se apruebe una ley de flexibilización laboral (conocida como “ley Banelco”) se aprobó la ley 25.320, que agrega que la Justicia puede realizar un proceso judicial sobre un senador o diputado, pero no arrestarlo. Además, también dispone que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.
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