Un capítulo más en un escándalo que involucra al intendente de Las Lajitas. El fiscal de J. V. González amplió la imputación contra el jefe comunal y la gerente del hospital por haberse apropiado de dos viviendas que tenían en comodato.
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Un capítulo más en un escándalo que involucra al intendente de Las Lajitas. El fiscal de J. V. González amplió la imputación contra el jefe comunal y la gerente del hospital por haberse apropiado de dos viviendas que tenían en comodato.
El escándalo adquiere ribetes particulares porque, previo a la primera denuncia, se había producido el divorcio político del intendente acusado y el fiscal que lo acusa.
La denuncia
El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, amplió la acusación contra el intendente de Las Lajitas, Alberto Fermani, por los delitos de "fraude a la administración pública" y "falsedad ideológica", y la extendió también a Estelina Aguirre. Ambos, junto a Marisel Álvarez y Eduardo Paiva, ya habían sido imputados el 16 junio pasado. El cargo incluye los delitos de "asociación ilícita en concurso real, con enriquecimiento ilícito de funcionario público, imputable a Fermani y a Aguirre, en perjuicio de la administración pública".
La causa penal se originó en una denuncia del entonces ministro Enrique Heredia, quien puso de manifiesto la irregularidad detectada en la localidad de Las Lajitas respecto al uso y destino de dos viviendas, las cuales eran entregadas en comodato a los médicos mientras prestaban servicio en el hospital de esa ciudad. Las viviendas habían sido construidas con fondos nacionales. Una de esas casas quedó luego de varios comodatos en manos de la Municipalidad de Las Lajitas. Otras dos, en tanto, se utilizaron para el destino por las cuales fueron construidas, hasta 2013, cuando las dos casas se registraron a nombre de un particular, quien a su vez vendió los inmuebles, "produciéndose una cadena de ventas hasta que quedaron en manos de Fermani y Aguirre".
El fiscal informó que "la atribución de responsabilidad surge del contenido de los instrumentos públicos (escritura pública) correspondientes a los catastros 3195 y 3196".
En estos documentos, Gómez Amado observa "sucesivas compraventas de un lote urbano libre de edificación", a pesar de que allí había viviendas.
En vista de ello, el fiscal dejó claro que "el delito perpetrado por los acusados recae exclusivamente sobre el contenido de representación del documento, pues exhibidas estas escrituras públicas en el ámbito de esta Delegación Fiscal Penal resultan absolutamente auténticos, tanto sus formas como los otorgantes, pero incorporan de manera acabadamente probada declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba están destinados".
La trama secreta
Gómez Amado es hijo del senador Ernesto Gómez, figura fuerte de la política anteña y presidente del bloque justicialista. En las internas de este año Fermani, que pertenecía a ese grupo, se asoció con Marcelo Moisés, de Apolinario Saravia, y con Juanilo Aguirre, de J. V. González, se quedaron con las precandidaturas del PJ y desplazaron a Gómez y al presidente del bloque de diputados del PJ, Pedro Sández, al Frente Salteño.
Por esa razón, Fermani afirma que el fiscal exhumó la vieja denuncia y lo imputa ahora "por razones políticas".