Una joven mamá y su pequeño hijo, de dos años, cruelmente envenenados y asesinados con cianuro. Cerca de 30 niños internados por un derrame de ácido clorhídrico en la Escuela Urquiza. Más de 50 estudiantes asistidos y hospitalizados luego de una fumigación en la Escuela Normal. Más de 30 personas intoxicadas en un hostal de Alberdi al 100, con un veneno para cucarachas aplicado en un local de comidas vecino. Cerca de 11 toneladas de un insecticida prohibido, DDT, retiradas del edificio de la Antipalúdica, tras varias décadas de irregular almacenamiento. Esos fueron algunos de los hechos que conmovieron a la sociedad salteña y prendieron luces de alerta, en el último año, sobre la venta, uso y desechamiento de sustancias tóxicas.
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Una joven mamá y su pequeño hijo, de dos años, cruelmente envenenados y asesinados con cianuro. Cerca de 30 niños internados por un derrame de ácido clorhídrico en la Escuela Urquiza. Más de 50 estudiantes asistidos y hospitalizados luego de una fumigación en la Escuela Normal. Más de 30 personas intoxicadas en un hostal de Alberdi al 100, con un veneno para cucarachas aplicado en un local de comidas vecino. Cerca de 11 toneladas de un insecticida prohibido, DDT, retiradas del edificio de la Antipalúdica, tras varias décadas de irregular almacenamiento. Esos fueron algunos de los hechos que conmovieron a la sociedad salteña y prendieron luces de alerta, en el último año, sobre la venta, uso y desechamiento de sustancias tóxicas.
¿Con qué reglas se venden y compran químicos prohibidos o restringidos? ¿Qué clase de plaguicidas se utilizan para desinfectar hogares, comercios y dependencias públicas? ¿Quiénes y cómo los aplican? ¿De qué modo se descartan los envases e implementos usados para controlar y erradicar plagas? En este informe, algunas respuestas y recomendaciones para no llorar sobre los venenos derramados.
Grieta en los registros
Según el listado que la Dirección de Control Ambiental capitalina entregó a El Tribuno el pasado jueves, 44 empresas de desinfección y fumigación cuentan con certificados de aptitud ambiental municipal (CAAM) vigentes. Cerca de la mitad de las firmas tiene oficinas receptoras de pedidos en la ciudad de Salta, pero sus depósitos están establecidos en municipios vecinos del área metropolitana, en contradicción con la ordenanza 12.157 del sector y el decreto reglamentario 917 del 23 de diciembre de 2008. Fuentes gubernamentales y empresarias atribuyeron la situación a la falta de terrenos aptos para este tipo de instalaciones en el ejido de la capital. Como fuere, el delicado tema pide urgentes tratamientos.
Para contar con el CAAM y la habilitación comercial, las empresas deben acreditar su inscripción en el Registro de Aplicadores en Saneamiento Ambiental, que funciona en la órbita del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.
En ese registro provincial, hay inscriptas 63 firmas. Otras seis están en vías de habilitación, con requisitos faltantes, según el listado oficial al que accedió este diario. De las empresas habilitadas, nueve son del interior. Diez empresas que declararon el cierre de actividades ante la Provincia, figuran en el listado de las que cuentan con el CAAM en la ciudad de Salta. Algunas cambiaron de titular dos y tres veces inclusive ¿Por qué razón? Los organismos competentes deberían buscar respuestas para esa pregunta en los registros tributarios. También con la constatación de los domicilios declarados, porque a simple vista resaltan inconsistencias.
A la par, en el registro provincial deberían actualizarse las direcciones de los correos electrónicos declarados, porque con esa habitual vía de comunicación muchas firmas parecen no haberse enterado de que deben presentar sus libros de operaciones ante la autoridad de aplicación.
Un dato: solo 13 empresas tienen presentadas ante el Ministerio de Ambiente las declaraciones juradas periódicas sobre los productos que aplican en sus fumigaciones y la entrega de los envases y otros desechos a operadoras habilitadas para su disposición final.
Venenos en las casas
Distintas fuentes aseguraron a este diario que no todas las empresas de fumigaciones aplican en hogares, comercios y locales cerrados los insecticidas autorizados. La salvaje competencia expone a familias enteras y sus mascotas a serias intoxicaciones.
En Salta la venta de agroquímicos es libre, a diferencia de otras provincias que reglamentaron la receta agronómica para evitar malas aplicaciones en campos de cultivos y el desvío de agrotóxicos hacia el negocio de las desinfecciones de casas de familia, espacios públicos y establecimientos comerciales.
En las últimas semanas, más de una empresa de fumigación advirtió a su clientela sobre servicios que se ofrecen puerta a puerta y en las redes sociales a precios que no llegan a cubrir el costo de insecticidas aptos para aplicaciones domiciliarias (banda verde). El uso de plaguicidas de uso agrícola en hogares es una irregularidad que preocupa, desde hace un tiempo, a la Asociación de Empresas de Control de Plagas del NOA.
El titular de la entidad, Oscar Morón, recomendó a vecinos y comerciantes que extremen recaudos. Aclaró que, en general, los insecticidas aptos para aplicaciones en lugares cerrados son de bajo olor.
Las desinfecciones de una vivienda con productos seguros puede costar entre 800 y 1.000 pesos. En los restaurantes asciende a valores de entre 1.200 y 1.500 pesos.
Los mismos servicios, sin embargo, son ofrecidos en casas de familia por valores de 300 a 400 pesos y en los locales de comidas, por 500 a 800 pesos. Las diferencias de precios son grandes, como también los riesgos a que se expone a personas y mascotas.
Uno de los insecticidas utilizados es la Cipermetrina, que para uso agrícola cotiza en el mercado a $350 por litro, mientras que las formulaciones aptas para aplicaciones domiciliarias cuestan $1.450 el litro.
También se están aplicando en desinfecciones domiciliarias DDVP y Cloropirifós, dos organofosforados que se consiguen por 400 pesos el litro, pero cuyo uso en hogares y comercios está prohibido.
Venden certificados por $200 sin realizar las desinfecciones
Una “industria” ilegal, enraizada en el comercio, que expone la salud pública.
Almacenes, comedores, tiendas, farmacias y locales comerciales exhiben a sus clientes certificados que indican que esos negocios fueron desinfectados en cumplimiento de las normas que protegen la salud y el medio ambiente.
Tras los sellos estampados en las constancias, sin embargo, no siempre hay una empresa que realmente exista y esté habilitada para manejar, aplicar y desechar venenos. Esas certificaciones tampoco garantizan que una fumigación haya sido efectivamente realizada y que se hayan utilizado insecticidas, ovicidas, funguicidas, rodenticidas, bactericidas, alguicidas, herbicidas o larvicidas de uso permitido.
“Hay días en que recibo entre ocho y diez llamados de gente que pregunta cuánto cuesta un certificado de desinfección. Les aclaro que los certificados no tienen ningún costo, sino el servicio que deben realizar en sus locales, con la periodicidad que establecen las normas vigentes, para proteger la salud de los clientes, empleados y su propia integridad”. Oscar Morón, el titular de la Asociación de Empresas de Control de Plagas del NOA, con sede en Salta, aclaró que esos llamados son una constante en una actividad donde la “industria de los certificados” es una irregularidad con raíces de vieja data.
El Tribuno, en efecto, la denunció en 2004, cuando en vísperas de la sanción de la ordenanza 12.157 se los vendía a valores de entre 20 y 30 pesos. Hoy, firmas y prestadores irresponsables los venden por 150 y 200 pesos, según advirtieron varias fuentes del sector consultadas para este informe.
Cada 30 a 120 días
El decreto reglamentario 917, dictado en 2008, cuatro años después de la sanción de la ordenanza 12.157, obliga a diferentes comercios y servicios a realizar las fumigaciones cada 30 a 120 días, dependiendo del rubro de actividad.
Los vehículos del transporte público y de sustancias alimenticias deben ser desinfectados cada 45 días.
En los locales donde se elaboran sustancias alimenticias y bebidas, las aplicaciones de plaguicidas deben realizarse cada 30 días.
Para los locales que comercializan y distribuyen sustancias alimenticias y bebidas, los tratamientos están normados cada 60 días. La misma periodicidad rige para los consorcios habitacionales y los depósitos de materiales en desuso.
Los locales con alto tránsito de personas deben ser tratados cada 90 días, al igual que los establecimientos hoteleros.
En los negocios que almacenan y comercializan servicios y productos no alimenticios, las desinfecciones deben efectuarse cada 120 días.
Niños y mascotas, expuestos a potentes venenos
En ferreterías, corralones, veterinarias, viveros, agroquímicas y otros negocios se comercializan plaguicidas no aptos para usos domésticos e incluso prohibidos.
Es el caso de diferentes rodenticidas granulados que se ofrecen, hasta en envases sueltos, para exterminar ratas. Esos granos, de vivos colores, atraen la atención de niños y mascotas. Además, no tienen efecto sobre las hormigas, que pueden esparcirlos con lamentables consecuencias. Muchos de los matarratas granulados carecen de los amargantes prescriptos para evitar ingestas accidentales y contienen compuestos que ya no son admitidos.
Entre 2008 y 2009, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) también prohibió otros plaguicidas que, sin embargo, son aplicados en viviendas y comercios sin medir riesgos de intoxicación.
Uno de los principios activos que prohibió la Anmat es el Clorpirifós, un insecticida organofosforado que actúa sobre el sistema nervioso de los seres humanos y afecta el desarrollo de los niños por nacer. En Estado Unidos, a partir de su prohibición, se comprobó un aumento de peso en los neonatos.
La Anmat también dispuso prohibiciones para el DDVP y otro organofosforado, el Diclorvós. Este último es un insecticida líquido altamente volátil a temperatura ambiente, característica que aumenta notablemente la posibilidad de exposición a su potente efecto tóxico por vía inhalatoria.
La Environmental Protection Agency (EPA) y la Internacional Agency for Research on Cancer (IARC) lo declararon como posible carcinógeno en humanos.
Otra plaguicida prohibido es el Dimetoato. En la línea jardín, se venden muchos productos fraccionados ilegalmente. Los más tóxicos son los insecticidas para matar pulgones o moscas blancas. Es un organofosforado con acción de contacto e ingestión de alta toxicidad, que es muy persistente y tarda mucho tiempo en degradarse. También es comercializado, sin control, en concentraciones no aptas para uso doméstico.
La ley y la trampa
Las empresas de control de plagas deben encuadrar sus servicios a elementales normas de seguridad sanitaria y ambiental. Están obligadas -entre otras cosas- a usar solo biocidas permitidos, a manejarlos y desecharlos en arreglo a la legislación nacional y provincial vigente para residuos peligrosos.
Deben contar con profesionales que asistan sus prestaciones en calidad de directores técnicos y disponer de vehículos utilitarios para el transporte exclusivo de sus equipos y productos químicos.
También están obligadas a suministrar al personal que realiza las fumigaciones indumentarias, equipos de protección homologados y capacitación.
Lejos de lo que exigen las normas vigentes, muchos prestadores cargan los plaguicidas en automóviles particulares y hasta en motos. No declaran ante los organismos de registro competentes los productos que utilizan en las desinfecciones ni acreditan los certificados de la disposición final de los envases. En la capital la operadora autorizada es Hábitat Ecológico, empresa que tiene sus instalaciones en el parque industrial. También hay operadoras privadas habilitadas en el Valle de Lerma (una en Rosario de Lerma y otra en El Carril) y una planta de reciclado que funciona en Las Lajitas.
La disposición final de los desechos fitosanitarios, como ocurre con los generadores de residuos peligrosos en general, tiene un elevado nivel de incumplimiento que se traduce en serios impactos en el medio ambiente y en los cauces que desembocan en el dique Cabra Corral.