En la jurisdicción policial de Rosario de Lerma los padres deberán explicar en persona a la jueza de menores por qué sus hijos están hasta altas horas de la madrugada en la calle, alcoholizados y sin rumbo cierto. Hasta el momento, solo era una consulta ante la Justicia y en pocos minutos los menores demorados eran entregados a los padres sanos y salvos. Sin importar su conducta delictiva, como ingresaban a la dependencia policial, salían sin responder por sus malos hábitos.
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En la jurisdicción policial de Rosario de Lerma los padres deberán explicar en persona a la jueza de menores por qué sus hijos están hasta altas horas de la madrugada en la calle, alcoholizados y sin rumbo cierto. Hasta el momento, solo era una consulta ante la Justicia y en pocos minutos los menores demorados eran entregados a los padres sanos y salvos. Sin importar su conducta delictiva, como ingresaban a la dependencia policial, salían sin responder por sus malos hábitos.
Todo tiene un límite. La gran cantidad de menores y adultos alcoholizados, que este fin de semana provocaron diferentes desórdenes en la vía pública y en viviendas particulares colmó la paciencia de las autoridades policiales de esta jurisdicción de alrededor de 40 mil habitantes.
Para tener una idea del dilema que se plantea en esta comunidad: solo en la madrugada del domingo se labraron alrededor de 200 actas por infringir la ley de prevención del alcohol.
Una treintena de personas ebrias demoradas por trifulcas en la calle, y otras tantas, por violencia de género en hechos de los que fue desencadenante también el alcohol.
"Hacemos todos los controles necesarios. No hay ebrio que no cause desórdenes en los barrios. Estamos pidiendo colaboración a las autoridades comunales para estos controles a comercios y locales bailables. No llega fin de año y el alcohol está marcando la pauta de los problemas que se pueden generar si no le ponemos freno", contó la comisario Liliana Viveros, coordinadora del Sector 82 que comprende las localidades de Rosario de Lerma, Campo Quijano y la zona de la ruta 51, entre La Silleta y San Luis.
Según la funcionaria, la presencia de los menores en la calle es la preocupación mayor. Peor es la situación si están alcoholizados. "Cuando los demoramos por diferentes contravenciones, hacemos llamar a los padres. Algunos se enojan y otros no vienen. La imagen de los padres se refleja en los hijos. Si los padres no vienen vamos a llamar a la jueza de menores, para que personalmente los padres le den explicaciones a la magistrada judicial", informó la funcionaria.
Entre los desórdenes, también se destacó un hecho inusual acaecido en la zona norte de la ciudad. Un grupo de menores habría arrojado una especie de bomba molotov en el interior de un vehículo particular de un policía.
El automóvil se incendió parcialmente. Por fortuna no pasó a mayores porque el fuego se disipó en el interior del vehículo. Testigos de la cuadra aseguran que vieron a menores merodear la zona.
Llamativamente, en esta jurisdicción han bajado los índices delictivos, pero los desórdenes y agresiones en los que el alcohol es el protagonista han aumentado y, sobre todo, los hechos donde participan menores de edad. "Seguimos clausurando locales no habilitados para bailables, y los controles en boliches y pub son estrictos. Ya cerramos un local que tenía menores en su interior. No vamos a bajar los brazos", dijo.
Aunque la Policía no dio información oficial, El Tribuno pudo saber que las edades de los menores demorados por permanecer en la calle alcoholizados oscilan entre 12 a 16 años.
Una acción preventiva y en resguardo de los menores
La diferencia entre un caso delictivo y menores en riesgo.
La tarea de la comisario Viveros responde a una acción preventiva a los fines de evitar que los menores sin motivo alguno deambulen por la calle en la madrugada, y que luego puedan terminar por el mal camino. En la actualidad, ante una acción delictiva, y dependiendo el tenor del hecho causado por un menor de edad, interviene la Defensoría de Menores y el juez de Garantías. Luego, en la mayoría de los casos, los menores quedan al resguardo de sus padres o tutores.
El Tribuno consultó a fuentes judiciales sobre el tema y respondieron que “es una expresión de anhelo que los padres sean responsables de sus hijos por su accionar. Firman actas de compromiso de responsabilidad cuando se los entregan, pero no es vinculante en caso de acciones judiciales. La policía actúa para protegerlos ante el estado de indefensión que son hallados en la calle. Ahora, cuando delinquen, se activan los mecanismos del Estado para contenerlos”.