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La politización de la Justicia

Sabado, 04 de noviembre de 2017 00:00

Se están haciendo comentarios sobre la Justicia y, a raíz de la renuncia de la Dra. Alejandra Gils Carbó, sobre la actuación del procurador general de la Nación y de los fiscales federales. Estimo, sin embargo, que el tema no es conocido en profundidad por la ciudadanía y, en ciertos aspectos, ni siquiera por algunos periodistas. No podría ser de otro modo, tratándose de cuestiones que son propias del conocimiento jurídico, que no están al alcance de todos. Sin embargo, reviste importancia relevante en la vida cívica de la ciudadanía.

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Se están haciendo comentarios sobre la Justicia y, a raíz de la renuncia de la Dra. Alejandra Gils Carbó, sobre la actuación del procurador general de la Nación y de los fiscales federales. Estimo, sin embargo, que el tema no es conocido en profundidad por la ciudadanía y, en ciertos aspectos, ni siquiera por algunos periodistas. No podría ser de otro modo, tratándose de cuestiones que son propias del conocimiento jurídico, que no están al alcance de todos. Sin embargo, reviste importancia relevante en la vida cívica de la ciudadanía.

Una mala experiencia

Esto desde ya, debe despertar en el ciudadano, a la vez que una convicción, un angustioso interrogante.

Es decir, por un lado, la evidencia de la importancia de escoger un procurador general de la Nación, que consolide con su honestidad, su independencia política y su conocimiento del derecho, la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Por otro, una pregunta a la que no podrá encontrar fácil respuesta: ¿cómo es que pudo ocurrir que, siendo que la Constitución Nacional le ha asignado tamaña misión a los fiscales, haya ocurrido que la procuradora general de la Nación, la máxima jerarquía entre ellos, abjurando de ese deber de defender la legalidad y de cumplir con ese objetivo, manteniéndose al margen de las presiones políticas o de cualquier otro género, se haya puesto al servicio del Poder Ejecutivo para velar por sus intereses, protegiendo además a algunos de sus integrantes de la acción penal que recaía sobre ellos y encima afianzar la politización que degrada el funcionamiento de la Justicia, al fundar una liga o camarilla política, a la que denominó "Justicia legítima", para desacreditar a la administración de justicia, calificándola indirectamente como ilegítima?

¿Es imposible, entonces, en los hechos, que no pueda asegurarse la aplicación estricta de la ley y, por lo tanto, impedir los avances del poder sobre las libertades que nos quiere garantizar el sistema republicano de la Constitución, y que lo ordenado por esta sea letra muerta?

La respuesta la encontrará el ciudadano, precisamente en la necesidad de designar un procurador general y fiscales federales dignos, honestos, capacitados jurídicamente y absolutamente libres de alineación o vinculaciones políticas.

El rol del fiscal

Al margen de la actividad que desempeñan los fiscales en las causas judiciales, en las que se investigan hechos delictivos, en ejercicio de lo que se denomina la "vindicta pública", es decir la respuesta del Estado a ese hecho dañoso, que no solo causa un mal a la víctima, sino también una lesión a la comunidad, la reforma constitucional de 1994 les ha asignado otra función de extrema importancia, en el funcionamiento de las instituciones de la Nación y en la garantía de las libertades individuales.

En la segunda parte de la Constitución Nacional, dedicada a las autoridades de la Nación, que estaba dividida en tres secciones, destinadas a los órganos entre los que se distribuye el poder del Estado, a saber: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, se agregó una sección cuarta, en la que se estructuró al Ministerio Público, integrado por el procurador general de la Nación y fiscales federales, como también por el defensor general de la Nación y demás miembros.

De modo que, sin constituirlo en un cuarto poder, lo desvincula de su pertenencia al Poder Judicial, otorgándole la categoría de órgano extra poder, ya que deja de tener relación con ninguno de los tres poderes, y a esa cualidad de órgano independiente, le suma la autonomía funcional, es decir la potestad de cada uno de sus miembros para dictaminar libremente, y le asigna la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

La imprescindible independencia

Ahora bien, y refiriéndonos ya a la actuación de los fiscales, veamos la importancia de este nuevo emplazamiento del Ministerio Público en la estructura constitucional del poder.

La independencia del fiscal frente a los poderes del Estado, le permite actuar en su acción de vigilancia del cumplimiento de la legalidad, es decir de que se cumplan las leyes, con el resguardo a todo tipo de presión o injerencia de cualquier grupo o factor de interés.

De modo que esa jerarquía institucional, y el amparo que recibe para el ejercicio independiente de su función, que consiste sustancialmente en velar por que se impidan los desbordes del poder, donde reside el desequilibrio entre el Estado y la sociedad, entre el poder político y el ciudadano inerme ante ese dominio desmadrado, lo constituye en el más eminente órgano de control, con raigambre constitucional.

Porque, adviértase, que la violación de la legalidad en el desempeño por parte de alguno de los tres poderes, que traspasa la línea de su competencia invadiendo la de otro poder, al margen de representar un detrimento en las atribuciones de éste, constituye un grave y peligroso atentado contra las libertades individuales, las que son, precisamente, el objetivo con que se ha concebido el sistema republicano de gobierno para garantizarlas.

El atropello a los poderes

La violación de ese principio republicano de la división de poderes, ha constituido casi una constante en la historia gobernante argentina, y el avance más allá de sus atribuciones, fue una práctica del Poder Ejecutivo que, en el último período de gobierno, ha asumido la característica de un intento de despotismo desembozado.

Y ello ha tenido lugar, a pesar de los variados organismos de control que ya existen, pero que no han sabido ejercerlo, o no han tenido la aptitud y la autoridad suficiente para efectivizarlo.

Porque, en definitiva, son organismos dependientes o asistentes técnicos de algún poder o administración del Estado, sin la independencia que los ponga al amparo de las presiones, como lo es el Ministerio Público a cargo de los fiscales federales. Aunque en realidad, quienes han de buscar y asumir esa respuesta son, primordialmente, los políticos quienes, aún entre aquellos que podemos considerar como personas calificados para desempeñarse como tales, puedan afirmar todavía, que “el procurador es un cargo de naturaleza política”, como acaba de hacerlo el senador Miguel Ángel Pichetto.

No será posible jamás la realidad de una República, y un disfrute efectivo de las libertades, sin que exista el freno al poder y a la manipulación política de la justicia, por parte de los órganos de control, en cuyo vértice se encuentra el Ministerio Público Fiscal.

Pero ese designio de nuestra Carta Magna, solo será realizable cuando se constituya ese eminente órgano de control, con un procurador general y unos fiscales federales, libres de toda manipulación o proclividad política, que es el germen maligno que está envileciendo la acción de una justicia, por la conducta de algunos de sus miembros que la prostituyen, a pesar de los esfuerzos y la dignidad de otros que la honran.

Una elección crucial

La elección del nuevo procurador general adquiere, de este modo, una importancia que no debe subestimar el Gobierno nacional. Y la ciudadanía tiene derecho a aguardar que el escogido responda, por una parte, al historial de procuradores que fueron ilustres hombres de bien y prominentes juristas -como a modo de ejemplo- Antonio Malaver, José Nicolás Matienzo, Sebastián Soler o Elías Guastavino. Y, por otra parte, para responder a una aspiración de la ciudadanía argentina, sedienta de una Justicia imparcial, equitativa y libre de presiones políticas, sin la cual, ya está persuadida, no será posible el encauzamiento y el progreso de la Nación, apetencia que acaba de depositar en las urnas.

No puedo dejar de sugerir los nombres de dos reconocidos miembros del Ministerio Público, que honrarían el cargo. Me refiero al Dr. Ricardo Oscar Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y al Dr. Raúl Omar Plée, fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Como también el de un destacado jurista, el Dr. Alejandro Fargosi. que se ha desempeñado con eficacia e independencia en el Consejo de la Magistratura. 

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