El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, solicitó la detención de Juan Alberto Cerisola, exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre 2006 y 2009; Olga Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias; Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones; y Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, ante la sospecha de que el manejo indebido de los fondos remitidos por “Minera La Alumbrera Ltda.”, a través de mecanismos para dotarlos de legalidad, “debieron ser redirigidos desde el circuito de dinero previa y decididamente estructurado hacia el peculio de los involucrados en los actos de corrupción investigados”.
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El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, solicitó la detención de Juan Alberto Cerisola, exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre 2006 y 2009; Olga Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias; Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones; y Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, ante la sospecha de que el manejo indebido de los fondos remitidos por “Minera La Alumbrera Ltda.”, a través de mecanismos para dotarlos de legalidad, “debieron ser redirigidos desde el circuito de dinero previa y decididamente estructurado hacia el peculio de los involucrados en los actos de corrupción investigados”.
El pedido tiene lugar tras tomar estado público el vínculo que existiría entre "Minera La Alumbrera Ltda" y un conjunto de sociedades radicadas en paraísos fiscales -Islas Caimán e Islas Bermudas", según se desprende de la investigación periodística conocida como "Paradise Papers".
Las mencionadas autoridades de la UNT se encuentran procesadas en el marco de una causa donde se investigan presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una empresa del Estado de derecho privado, en la cual la UNT tiene participación. A su vez, dentro de su concesión, se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera”, uno de los diez mayores yacimientos de oro y cobre del mundo
En el marco de un recurso de aclaratoria, el fiscal general Gómez hizo referencia a la investigación global desarrollada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeustche Zeitung, denominada “Paradise Papers”, en la que se denuncia que la multinacional Glencore montó estructuras financieras en paraísos fiscales de las Islas Bermudas e Islas Caimán, entre las que se encuentra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Minera La Alumbrera Ltda., que es investigada por evasión fiscal y deficiencias en la política ambiental.
Minera La Alumbrera Ltda. es responsable del yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera” y de “Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio” (YMAD) -creada por Ley 14.771 del año 1959-, cuyo directorio está integrado por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, dos directores nombrados por la Provincia de Catamarca y dos directores propuestos por la Universidad Nacional de Tucumán, la cual recibía fondos provenientes de la explotación minera/industrial de dicha cantera.
Tal como consignó Gómez en su recurso de aclaratoria, “estos aportes son contundentes al momento de considerar el origen, ingreso y manejo del flujo del dinero por los funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán. Por lo que no es ininteligible el recorte que se observa en el despliegue de la investigación (…). La ingeniería financiera desplegada hacia fuera y hacia dentro de la Universidad Nacional de Tucumán indican la envergadura de la investigación de marras y que no está siendo atendida por las premisas investigativas en la instancia de grado”. Por ello, consideró oportuno que se detuviera a Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino, ya que si bien muchos de ellos dejaron de prestar funciones, lo cierto es que, a la fecha, aún hay funcionarios designados por los mismos, lo que les permitiría “alterar de alguna manera la producción de prueba o entorpecer el correcto devenir procesal”.
El recurso de aclaratoria interpuesto por el fiscal general Gómez tiene lugar luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazara las apelaciones interpuestas por las defensas de Cerisola, Cudman, Venturino y Sacca contra la resolución del titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, que procesó sin prisión preventiva a Juan Alberto Cerisola y Luis Alberto Sacca, como coautores de los delitos de administración fraudulenta contra la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, al tiempo que trabó embargos sobre sus bienes por las sumas de $50.000.000 y $10.000.000, respectivamente. En igual sentido se expresó respecto a Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, a quienes procesó como coautores de administración fraudulenta contra la Administración Pública y les embargó sus bienes por las sumas de $30.000.000 y $3.000.000, decretó el sobreseimiento de Cerisola, respecto a la imputación que le cabía por malversación de caudales públicos y dictó la falta de mérito en favor de Horacio A. Lobo - Inspector de Obras- y Juan Carlos Raimundin –ex Secretario Administrativo de la UNT-.
Para el fiscal general “el objeto de la presente instrucción está delimitado por la determinación de una entidad real de los hechos imputados a los sujetos, que en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán, intervinieron en el manejo de recursos económicos provenientes del emprendimiento industrial/minero ‘Aguas de Dionisio’, explotado por Minera La Alumbrera Ltda., como integrante de la Unión Transitoria de Empresas bajo la figura de ‘Yacimientos Mineros Agua de Dionisio’ (YMAD)”.
La investigación contra las autoridades de la UNT
La pesquisa se inició por diversas denuncias –algunas anónimas, por lo que el fiscal general actuó de oficio- y requerimientos del Ministerio Público Fiscal, que daban cuenta de la articulación de presuntas maniobras ilícitas en el manejo de fondos públicos administrados por funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán, en virtud de haberse detectado sobreprecios en nuevas edificaciones; violaciones a los límites autorizados para la contratación de obras complementarias; violación de los límites legales para la contratación directa y por concurso privado de precios establecidos por el Decreto 436/2000; compras y contrataciones que omitían el procedimiento de licitación pública; malversación de fondos públicos; inversión fraudulenta a través de la colocación de fondos a intereses y negociaciones incompatibles con la función pública respecto a 86 proyectos de la Dirección General de Construcciones Universitarias.
En ese contexto, se imputó a Juan Alberto Cerisola –rector de la UNT durante el periodo 2006/2009-, a Osvaldo Venturino -Director de Inversiones y Contrataciones-, Luis Fernando Sacca -Subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-, Horacio Alfredo Lobo -Inspector de Obras-, Olga Graciela Cudmani -Directora General de Construcciones Universitarias-, Carlos Raimundin –ex Secretario Administrativo-.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal “la inconducta endilgada a los imputados fue cuidadosamente ideada, diseñada y ejecutada por integrantes de la estructura administrativa conformada dentro de la organización de la Universidad Nacional de Tucumán”. Así, los imputados habrían dictado diversos actos administrativos, los cuales “fueron concebidos con la clara finalidad de dotar de apariencia de legalidad formal los actos ilícitos articulados el aplicación de los dineros” provenientes del Yacimiento Minero de Aguas de Dionisio (YMAD).
Requerimiento de ampliar la investigación
Por otra parte, se reiteró el pedido para ampliar la investigación sobre María Luisa Rossi de Fernández –ex vicerrectora de la UNT-, Augusto González Navarro –responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNT-, José Hugo Saab –secretario general de la Universidad-; los integrantes del directorio de YMAD, el equipo de Planeamiento y el equipo Económico de la UNT, y los integrantes del Consejo Superior ni de los representantes de las empresas contratistas.
El fiscal general también destacó que los “dineros aportados por YMAD, son la consecuencia de una explotación minera/industrial que es objeto de múltiples causas penales por supuesta contaminación ambiental” al tiempo que sostuvo que debía considerarse que los investigados habían conformado una asociación ilícita por cuanto “se está en presencia de una organización que supera ampliamente el mínimo de integrantes requeridos; hay una diferenciación prístina de roles y funciones en la asociación, que lucen observables sin esfuerzo, pues el grupo adoptó para sí los roles estipulados en la función a la división de trabajo que rige la actividad institucional de la Universidad”.
Asimismo, sostuvo que “la estructura administrativa montada con el objeto de otorgar apariencia de legalidad, la multiplicidad e informalidad de la obra pública licitada, sumado al flujo de los dineros y dividendos generados, tal como surge de los informes de los organismos de control como la SIGEN y la AGN son indicativos de que se estaría en presencia de una inconducta merecedora de ser calificada como modus operandi del delito de lavado de activos”, por lo que “resulta objetable la omisión que evidencia la sentencia criticada ya que se dejaría de lado una etapa del tracto delictivo que resulta indicativo de la intención que animó a los sujetos procesados en el manejo del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán".
Fuente: Fiscales.gob.ar