La Justicia tiene institucionalmente una gran deuda pendiente con la ciudadanía: la falta de un verdadero acceso a justicia para los sectores más vulnerabilizados de la comunidad, es decir que estos sectores accedan al sistema judicial y salgan de él con sus derechos garantizados y efectivizados en un tiempo razonable.
inicia sesión o regístrate.
La Justicia tiene institucionalmente una gran deuda pendiente con la ciudadanía: la falta de un verdadero acceso a justicia para los sectores más vulnerabilizados de la comunidad, es decir que estos sectores accedan al sistema judicial y salgan de él con sus derechos garantizados y efectivizados en un tiempo razonable.
Para que esta deuda se salde es necesario la reformulación del Consejo de la Magistratura y del Jury de Enjuiciamiento a los fines de garantizar que a los cargos de jueces, defensores, fiscales y asesores lleguen los más idóneos técnica y moralmente y también que los que lleguen de esta forma estén permanentemente capacitándose y tengan el debido control en el ejercicio de sus funciones por parte de un órgano que actúe independientemente de la política partidaria. También es necesario para saldar esta deuda con la sociedad proveer de mayor dotación de personal a las dependencias que se encuentran con déficit de empleados para cumplir satisfactoriamente sus funciones como también la revisión del código de procedimientos civil y comercial para adecuarlo a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia en el 2015, y la necesidad de un código de procedimientos específico para el fuero de familia, que al no existir en la Provincia no se dispone de reglas claras y uniformes para los procesos de familia.
Dentro de esta deuda pendiente de la Justicia de la que hablo, se encuentra la satisfacción de los legítimos reclamos de los familiares que todos los viernes marchan alrededor de la plaza principal de la ciudad de Salta pidiendo por el esclarecimiento y condena de crímenes diversos, entre los cuales se encuentran los femicidios que han constituido a la Provincia de Salta en tristemente célebre por detentar la mayor cantidad de muertes por violencia de género de todo el país, pese a lo cual los poderes públicos siguen sin brindar las respuestas efectivas que se necesitan. Es así que las dependencias específicas que se han creado para dar solución a la gravísima problemática de la violencia de género: juzgados, fiscalías y defensorías específicas en violencia de género no aciertan a brindar una respuesta pronta, segura y efectiva para la protección de las víctimas de esta violencia y así lo acredita la siguiente cifra: en el año 2015 cuando entran a funcionar estas dependencias el número de femicidios ascendió a 15, en 2017 y sin terminar aún el año el número de femicidios asciende a 21. Estos números hablan por si solos, no solo el número no ha disminuido sino que ha aumentado.
La Justicia se encuentra en deuda con la ciudadanía, y esta deuda debe ser saldada de forma prioritaria y urgente.