La orden de prisión preventiva y el pedido de desafuero que dictó el juez Claudio Bonadío contra Cristina Fernández de Kirchner por el delito de traición a la Patria conmociona al país e invita a una reflexión profunda sobre la fragilidad de las instituciones. Dos años después de que dejó el poder y apenas electa senadora, a la expresidenta se la acusa de haber impulsado un pacto ilícito con Irán para encubrir, de forma solapada, a los funcionarios de ese país acusados de haber perpetrado el atentado criminal contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, en 1994. En el mismo dictamen, el juez ordenó las detenciones del exsecretario general de la Presidencia Carlos Zaninni, el canciller Héctor Timerman y los activistas Luis D'Elía y Fernando Esteche.
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La orden de prisión preventiva y el pedido de desafuero que dictó el juez Claudio Bonadío contra Cristina Fernández de Kirchner por el delito de traición a la Patria conmociona al país e invita a una reflexión profunda sobre la fragilidad de las instituciones. Dos años después de que dejó el poder y apenas electa senadora, a la expresidenta se la acusa de haber impulsado un pacto ilícito con Irán para encubrir, de forma solapada, a los funcionarios de ese país acusados de haber perpetrado el atentado criminal contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, en 1994. En el mismo dictamen, el juez ordenó las detenciones del exsecretario general de la Presidencia Carlos Zaninni, el canciller Héctor Timerman y los activistas Luis D'Elía y Fernando Esteche.
Para muchas personas se trata de un esperado acto de justicia, mientras que para los simpatizantes kirchneristas es una forma de persecución política. Lo cierto es que el ciudadano, al analizar todos los acontecimientos a partir del 18 de julio de 1974, experimenta razonables dudas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado. La Argentina siempre había sostenido la responsabilidad criminal de una decena de funcionarios iraníes en el atentado perpetrado por Hezbollah, una organización terrorista que respondía, en aquel entonces a los gobiernos de Teheran y Damasco. Tanto Néstor Kirchner como su esposa, en todos los foros internacionales, mostraron una actitud inequívoca que señalaba a Irán como enemigo de la Patria.
El acuerdo nunca fue transparente. Se puso en marcha después de la muerte del Néstor Kirchner. Consistía en que Argentina resignara sus atribuciones soberanas y permitiera que, en un territorio neutral, interviniera activamente y con poder de decisión en el juicio el mismo Estado que se negaba a extraditar a los funcionarios acusados.
Ese acuerdo fue sancionado con el voto de los diputados y senadores oficialistas de entonces, los mismos que hoy se niegan a acceder al desafuero que solicita el juez.
Poco después, la Justicia -previsiblemente- lo declaró inconstitucional.
En 2015, el fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia por traición a la patria y corrupción que ahora, a cargo del juez Bonadío, ha tenido el desenlace que analizamos.
Cuatro días después, Nisman apareció muerto en su departamento, ubicado en uno de los barrios más seguros de la Argentina. Hoy la causa que investiga su muerte está caratulada como homicidio.
En ese momento, el Gobierno anterior se esforzó en desacreditar a la víctima mientras proliferaban las maniobras obstructivas para la investigación de la muerte.
La denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas en un trámite sospechosamente rápido para una causa de semejante magnitud. Luego, frenada por fiscales encolumnados en la organización kirchnerista Justicia Legítima.
Es evidente que la Justicia, como sistema y como poder, no actúa con independencia y que no todos los jueces aplican los mismos criterios, lo cual es una muestra de excesiva discrecionalidad que socava la confianza de los ciudadanos.
La expresidenta denuncia, sin pruebas, una manipulación de la Justicia por parte del Gobierno, aunque resulta mucho más evidente que a lo largo de doce años de kirchnerismo esa fue una práctica constante. Basten como muestra las expulsiones de cinco miembros de la Corte de Justicia en 2004, el desplazamiento del ex procurador Esteban Righi, cuando se negó a proteger a Amado Boudou, y la suspensión arbitraria del fiscal José María Campagnoli. Pero que esto haya ocurrido antes no justificaría que se siga con esa mala praxis. La Justicia no debe ser ni parecer una forma de venganza. Al margen de militancias o razones políticas, la ciudadanía requiere que el juez Bonadío actúe con ecuanimidad y sabiduría, ya que se trata de una expresidenta procesada por traición a la Patria.
Es imprescindible que Bonadío demuestre que sus acciones están inspiradas en el espíritu y en la letra de la ley y no por el clima político. En otras palabras, que ni el gobierno actual ni nadie interfiere en la decisión, que esta se basa en pruebas suficientes y que el procesamiento no se aceleró por la fractura del peronismo, que debilito a Cristina Kirchner, ni por la exitosa elección del oficialismo en octubre.