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Evalúan funciones de 500 cargos políticos: seguiría la mayoría

Con un decreto se dispuso que se analice cada contrato. Urtubey anticipó que muchos cumplen tareas efectivas.El mandatario sostuvo que se apunta a reducir el gasto para no afectar las prestaciones de Salud, Educación y Seguridad.
Miércoles, 13 de diciembre de 2017 00:00

Fue un día agitado en el Grand Bourg. El gobernador Juan Manuel Urtubey firmó un decreto con el que dispuso que se dé de baja a más de 500 puestos designados bajo "agrupamiento político" a medida que esos contratos venzan. Cada repartición deberá evaluar si ese agente continuará o no en el Gobierno. Ayer, en tanto, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y el ministro de Economía, Emiliano Estrada, expusieron cómo se utilizarán los $52 mil millones previstos en el proyecto de presupuesto 2018.

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Fue un día agitado en el Grand Bourg. El gobernador Juan Manuel Urtubey firmó un decreto con el que dispuso que se dé de baja a más de 500 puestos designados bajo "agrupamiento político" a medida que esos contratos venzan. Cada repartición deberá evaluar si ese agente continuará o no en el Gobierno. Ayer, en tanto, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y el ministro de Economía, Emiliano Estrada, expusieron cómo se utilizarán los $52 mil millones previstos en el proyecto de presupuesto 2018.

Sobre el decreto que apunta al agrupamiento político para reducir el gasto fiscal, el mandatario, en una entrevista con El Tribuno, afirmó: "Debo hacer la salvedad de que un importante porcentaje, que vamos a determinar área por área, presta efectivas funciones administrativas en el Gobierno".

De ese modo, el mandatario indicó que quienes estén en esa condición seguirán en el Grand Bourg. Puso como ejemplo a un agente que está como agrupamiento político, pero se desempeña en mesa de entrada. "Si yo tomo una decisión drástica, sin pensar en uno por uno, esa persona se queda sin trabajo. La gente que tiene designaciones de agrupamiento político, por resolución de mi gobierno, tiene una duración anual. Se planteó que en el vencimiento de cada cargo se evalúe y se les dé otro encuadre. Así desaparecerá el agrupamiento político".

El mandatario admitió, por otra parte, que el proyecto de presupuesto que tratarán legisladores en los próximos días tiene ajustes en la obra pública (ver más página 8). Argumentó que eso se debe a la situación que atraviesa el país.

Se estima invertir unos $6 mil millones en el plan de trabajos públicos, casi lo mismo que se presupuestó para el ejercicio 2017. Urtubey remarcó que no hay una reducción en valores nominales, aunque admitió que cae unos puntos en la participación que tienen los recursos de la obra pública en todo el presupuesto. "Lo peor que podría pasar es sobrestimar los ingresos", añadió, y dijo que no se puede elevar las erogaciones a la espera de que lleguen más recursos desde la Nación.

El mandatario contextualizó su respuesta en la coyuntura fiscal de la Argentina. Precisó que la administración nacional cierra con un déficit del 7% con respecto al Producto Bruto Interno. Aseguró que en Salta, teniendo en cuenta el producto geográfico, el déficit es del 2%.

"Todas las provincias necesitamos equilibrar el gasto. Es técnicamente imposible una provincia con superávit mientras la Argentina tiene déficit. Tenemos que lograr que los recursos crezcan más que los gastos para que en el corto plazo logremos el equilibrio fiscal".

El Gobierno salteño planteó reducir un 20% la estructura del Grand Bourg, lo que implicó la eliminación de 14 secretarías de Estado. Con un decreto también se congelaron los salarios de los cargos jerárquicos hasta diciembre de 2018 y se propuso acelerar las jubilaciones de los agentes que cumplan los requisitos.

Urtubey remarcó anoche que la Provincia no cuenta con herramientas financieras para obtener fondos para gastos corrientes. Remarcó que no pueden emitir cuasimonedas. La Provincia, no obstante, emitió nueve series de Letras del Tesoro para obtener dinero y devolverlo dentro del ejercicio fiscal. Urtubey dijo que para el año que viene evalúan otras alternativas, ya que admitió que esas operaciones tienen intereses caros.

De acuerdo al proyecto de presupuesto 2018, el 78 por ciento de las partidas se destinarán a las áreas de Educación, Salud y Seguridad. El mandatario aseguró que en esos sectores no está prevista una contención del gasto. "Estamos reduciendo todo lo demás para garantizar las prestación de esos servicios y un aceptable nivel de obra pública para sostener el nivel de inversión", destacó. "El año que viene será un año más difícil para la administración provincial que para la administración municipal", dijo. Es que la coparticipación para las comunas crecerán un 27% mientras que los recursos que administrará la Provincia, un 18%.

El déficit gana lugar en la agenda 

El Gobierno salteño decretó ayer que quedarán sin efecto los contratos políticos que no cumplan funciones específicas. Son 574 personas que, según estimaciones a vuelo de pájaro, perciben sueldos que superan, acumulados, los 10 millones de pesos mensuales. La medida alcanza al agrupamiento político designado en el ámbito de la Administración Centralizada, Descentralizada y Autárquica, incluidas las sociedades del Estado, entes reguladores y demás formas societarias en las que el Estado provincial tenga participación.

Los titulares de cada jurisdicción y entes deberán informar, cuando venzan las designaciones, si los contratados justifican una nueva designación.

Presupuesto

El texto de presupuesto, a su vez, pone un cepo en las plantas de personal de los tres poderes en cerca de 72.000, a los que se deben agregar los empleados de los municipios. Solo se podrá nombrar a los reemplazantes de quienes se jubilen o renuncien. Esta decisión se suma al decreto que dispuso que el empleado público que alcance la edad de jubilarse, goce de una licencia extraordinaria con goce de sueldo hasta que le salga la jubilación.

Con un déficit previsto en $2.440 millones para 2018, se habilitará al Ejecutivo a disponer las reestructuraciones necesarias “para instrumentar la aplicación de las medidas contenidas en el Consenso Fiscal” suscrito con el presidente Mauricio Macri. 

Como muestra del celo para evitar un desborde del déficit, el proyecto de ley propone crear una comisión interjurisdiccional de seguimiento, control y políticas de reducción del déficit fiscal, la que estará conformada por dos representantes del Ejecutivo, dos diputados, dos senadores, un representante de la Auditoría, uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público y uno del Foro de Intendentes. Todos trabajarán ad honorem para evitar desbordes.

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