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Todo lo que ocurrió el jueves en la Cámara de Diputados de la Nación fue bochornoso. La violencia desplegada por los diputados opositores, especialmente los kirchneristas y el bloque de la izquierda fue, lisa y llanamente, un ataque premeditado a las instituciones democráticas, que se repitió casi en simultáneo en la Legislatura bonaerense.
Al mismo tiempo, la desmesurada represión a los activistas que generaban desorden en las calles adyacentes al Congreso pareció una exhibición de autoritarismo de parte del Gobierno más que una forma de preservación del orden público.
Los parlamentarios y funcionarios no fueron capaces de garantizar un debate serio y plural sobre uno de los problemas más injustos de nuestro país, el deterioro del régimen previsional. Todos hicieron gala de insensibilidad.
El apuro del Poder Ejecutivo por modificar la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones se debe a que esa cláusula es la que sostiene toda la reforma fiscal y tributaria acordada con los gobernadores.
Con los mandatarios provinciales se había acordado que el nuevo cálculo garantice que el aumento de las jubilaciones nunca quede por debajo de la inflación. En esas condiciones, los senadores nacionales sancionaron la ley pero los diputados opositores retacearon el quórum y el debate.
El mecanismo de cálculo determina que el haber mínimo que cobra más de la mitad de los 6 millones de jubilados y pensionados suba en marzo de 2018 de $ 7.246 a $ 7.623 ($ 377). Es decir, no habrá un descuento en los haberes, sino un ajuste por inflación. La discusión sobre los porcentajes a aplicar, despejando dudas sobre el tema, de por sí complejo y abstracto, debió darse en el recinto, y con números, no con pancartas.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió la fórmula propuesta señalando que la anterior, diseñada por Amado Boudou y aplicada desde 2009, es inestable. Al respecto, recordó que en los años 2010, 2014 y 2016, los jubilados tuvieron pérdidas reales del 7% ya que el incremento estuvo por debajo de la inflación por aquel entonces, distorsionada por el INDEC tal como lo denunciaron las organizaciones sociales en su momento.
De todos modos, nada es concluyente. La fórmula que se pretende reformar, entre 2009 y 2017, hizo que las jubilaciones crecieran 16,7% más que los salarios y 36% más que los recursos de la Anses. Pero, por ese camino, se estima, en 2020 habría un déficit previsional de 2,3% del PBI.
Cambiemos estima que la actualización que propone no sería del 27% sino del 23% en 2018, y permitiría a la Ansés un ahorro de $ 100.000 millones. El ahora diputado Axel Kicillof no refutó ninguno de esos datos pero sostuvo que la reforma es “un palazo para los jubilados”.
Además del exministro, hay dos exdirectores del Ansés, el diputado Diego Bossio y el referente del Frente Renovador, el exdiputado Sergio Massa, que deberían asumir responsablemente, con los funcionarios macristas, una cuestión mucho más profunda y que los involucra, que es la destrucción del sistema previsional argentino.
Hay datos significativos: el 76% de los jubilados cobran menos de $ 15 mil y el Estado abona unos $ 9.500 millones anuales en jubilaciones de privilegio.
El sistema jubilatorio argentino es uno de los peores del mundo. En el Índice Global de Pensiones de Melbourne Mercer figuran Chile (67,3 puntos), Colombia (61,7 puntos), Brasil (54,8 puntos) y finalmente Argentina, con 38,8 puntos.
La entidad advierte que el nuestro carece de sustentabilidad a largo plazo por el desfase entre el número de beneficiarios y el de aportantes, el bajo nivel de ahorro, la excesiva dependencia del Estado y las jubilaciones anticipadas.
Estos datos hablan por sí solos. El intento de tratar a la fuerza esta modificación, que no es una reforma previsional sino un parche, así como el despropósito de intentar sancionarla por decreto son reflejo de una liviandad que en nada contribuye a mejorar la calidad de vida del sector pasivo.