La violencia que se vivió en Buenos Aires durante el tratamiento de la reforma en el régimen de actualización de las jubilaciones plantea un desafío sobre lo que se entiende por democracia y acerca de cómo se modelará en el futuro la vida política de los argentinos. En las calles porteñas y en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación se escucharon declaraciones y se observaron conductas que se contradicen con conceptos elementales como los de "democracia representativa" y "libertad de expresión". Fue evidente que una minoría utilizó artimañas para tratar de impedir la deliberación parlamentaria. Se trata de un grupo de activistas que ni en las bancas ni en las urnas puede lograr los votos que legitimen una posición política. La pretensión de obstruir el funcionamiento de un poder del Estado es de por sí sediciosa.
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La violencia que se vivió en Buenos Aires durante el tratamiento de la reforma en el régimen de actualización de las jubilaciones plantea un desafío sobre lo que se entiende por democracia y acerca de cómo se modelará en el futuro la vida política de los argentinos. En las calles porteñas y en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación se escucharon declaraciones y se observaron conductas que se contradicen con conceptos elementales como los de "democracia representativa" y "libertad de expresión". Fue evidente que una minoría utilizó artimañas para tratar de impedir la deliberación parlamentaria. Se trata de un grupo de activistas que ni en las bancas ni en las urnas puede lograr los votos que legitimen una posición política. La pretensión de obstruir el funcionamiento de un poder del Estado es de por sí sediciosa.
Los legisladores de diversas expresiones del peronismo, unidos a los de la izquierda radicalizada, se unieron en el recinto para intentar que la violencia planificada en las calles sirviera como pretexto para frenar el tratamiento de un proyecto, discutible como toda ley, al que en ningún momento objetaron con un discurso racional. El argumento fue emocional y falaz, como ocurre cuando se justifica la violencia política.
La violencia es antidemocrática por naturaleza. En nuestro sistema, el poder emana de la voluntad ciudadana. La representación política, para garantizar la pluralidad de los pensamientos y las demandas, se determina a través del voto. Quienes intentan imponer decisiones compulsivamente actúan en forma ilegítima y con espíritu dictatorial.
Todo esto se planteó en estos días. La compulsión mostró en el mejor de los casos, confusiones ideológicas. Una de ellas fue la virtual justificación al ataque criminal contra el periodista Julio Bazán, formulada por un diputado de pasado alfonsinista, Leopoldo Moreau. No solo la libertad de expresión, sino la misma vida humana se pusieron en riesgo en ese ataque.
Desde 1983, las campañas por afuera del sistema institucional tuvieron efectos destituyentes. Raúl Alfonsín, cuya presidencia fue la única en cuyo transcurso no crecieron la desocupación y la pobreza, debió soportar 14 paros generales, insurrecciones carapintadas y saqueos organizados que terminaron adelantando el final de su mandato. Fernando de la Rúa -más allá de las valoraciones sobre su gestión- también fue derrocado con recursos ilegítimos, del que participaron algunas de las mismas corrientes políticas que operaron en estos días en las calles. Eduardo Duhalde adelantó su abandono del poder luego del asesinato de dos dirigentes de organizaciones sociales.
Muchos juristas reivindican el derecho constitucional a la protesta. Y es indiscutible que los ciudadanos tienen derecho a manifestar en las calles su oposición a determinadas decisiones adoptadas, incluso, por las autoridades legítimas. El sistema político y la representación de los asalariados en los sindicatos, sin duda, ofrecen muchas grietas. Pero también existen grietas jurídicas.
La descalificación a priori del accionar de la policía y otras fuerzas de seguridad frente a hechos de compulsión es hipócrita. Ningún régimen del mundo permite el accionar de grupos organizados para producir daños materiales y personales, por genuinas que fueran las reivindicaciones.
El dictamen de la jueza porteña Patricia López Vergara ordenando que la Policía no utilizara armas frente a la movilización del lunes pasado obliga a preguntarse cuál sería el instrumento legal de la sociedad ante organizaciones capaces de causar heridas a más de 80 agentes del Es tado.
La violencia vivida en estos días está mucho más allá de la legitimidad o no de las cuestionadas reformas fiscales que impulsa el gobierno nacional. Se escuchó a algún legislador sostener que esa violencia era generada por el contenido de las leyes, es decir, del pacto fiscal aprobado por 23 gobernadores y la presidencia. El argumento remite al pasado, cuando las organizaciones armadas decían que "la violencia en manos del pueblo no es violencia sino justicia revolucionaria".
Este es el verdadero dilema, ético, jurídico e institucional, que hoy enfrentamos, más allá de cualquier po sición política. Si hay algo que el pueblo de la Nación argentina ha ra tificado en las urnas, durante 34 años, es la opción por la justicia so cial, construida en paz y en democracia. No lo hemos logrado, pero es te es un imperativo genuino e inapelable para el Gobierno y la oposición.