El Gobierno quiere demostrar que no sólo busca combatir la corrupción, sino también recuperar los fondos públicos. Por eso, la Dirección de Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame a Cristina Kirchner y al resto de los procesados por otorgar obras públicas a Lázaro Báez con sobreprecios una indemnización de 22.500 millones de pesos, es decir, unos 1216 millones de dólares, por los delitos por los que serán juzgados.
En rigor, técnicamente, Javier Iguacel, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, se presentó como "actor civil" en la causa penal en la que el juez federal Julián Ercolini tiene previsto elevar a juicio el año próximo. Los actores civiles son aquellas víctimas que además consideran que tienen derecho a una indemnización en la propia causa penal.
Y esto es lo que hizo el Gobierno, a través de Vialidad. En seis carillas le pidió al juez Ercolini un resarcimiento porque los acusados -dijo- diseñaron un plan criminal para manejar fraudulentamente fondos del Estado en favor de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA, las empresas de Lázaro Báez donde fueron direccionadas el 80% de las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.
Ercolini ya aceptó a Iguacel como actor civil, por lo que en caso de un juicio contra los acusados el tribunal oral no sólo deberá resolver si son inocentes o no, sino que también deberá decidir el monto de la indemnización que tendrán que pagar al Estado.
Los acusados a los que se dirige la acción civil son Cristina Kirchner, el diputado desaforado y detenido Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre una lista de unos 30 acusados.
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El Gobierno quiere demostrar que no sólo busca combatir la corrupción, sino también recuperar los fondos públicos. Por eso, la Dirección de Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame a Cristina Kirchner y al resto de los procesados por otorgar obras públicas a Lázaro Báez con sobreprecios una indemnización de 22.500 millones de pesos, es decir, unos 1216 millones de dólares, por los delitos por los que serán juzgados.
En rigor, técnicamente, Javier Iguacel, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, se presentó como "actor civil" en la causa penal en la que el juez federal Julián Ercolini tiene previsto elevar a juicio el año próximo. Los actores civiles son aquellas víctimas que además consideran que tienen derecho a una indemnización en la propia causa penal.
Y esto es lo que hizo el Gobierno, a través de Vialidad. En seis carillas le pidió al juez Ercolini un resarcimiento porque los acusados -dijo- diseñaron un plan criminal para manejar fraudulentamente fondos del Estado en favor de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA, las empresas de Lázaro Báez donde fueron direccionadas el 80% de las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.
Ercolini ya aceptó a Iguacel como actor civil, por lo que en caso de un juicio contra los acusados el tribunal oral no sólo deberá resolver si son inocentes o no, sino que también deberá decidir el monto de la indemnización que tendrán que pagar al Estado.
Los acusados a los que se dirige la acción civil son Cristina Kirchner, el diputado desaforado y detenido Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre una lista de unos 30 acusados.
Los procesados
En esta causa están procesados con fallos confirmados por la Cámara Federal la ex presidenta, López, De Vido y Báez, entre otros.
El fiscal Gerardo Pollicita, por su parte, pidió hace una semana elevar la causa a juicio oral, medida en la que está trabajando el juez Ercolini, que acusó a los implicados de pertenecer a una asociación ilícita que cometió una administración fraudulenta.
Dijo el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad que los funcionarios implicados causaron un "notorio y millonario perjuicio" a Vialidad al igual que los empresarios involucrados, y por eso fue contra todos ellos.
Este expediente es parte de una megacausa por corrupción que alcanza además los casos Hotesur SA y Los Sauces SA, por lo cual es probable que apenas suba a juicio oral y sea designado un tribunal para llevar adelante el proceso se adjunten los otros dos expedientes y el conocido como la "ruta del dinero K", que investiga el juez federal Sebastián Casanello.
En el caso de la obra pública se acusa a Cristina de ser "jefa de una asociación ilícita" y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer "al amigo presidencial".
Se estima que beneficiaron a Báez con 52 contratos viales por $ 46.000 millones, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K.