Salta cierra el año con un déficit fiscal de $4.500 millones. Se amplió drásticamente, un 87,5 por ciento, el rojo de las cuentas públicas, ya que el 2016 había finalizado con un resultado negativo de $2.400 millones. Con las recientes medidas de ajuste, el Grand Bourg aspira a reducir un 50 por ciento el déficit el próximo año, pero advierten que el condicionante será la negociación salarial.
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Salta cierra el año con un déficit fiscal de $4.500 millones. Se amplió drásticamente, un 87,5 por ciento, el rojo de las cuentas públicas, ya que el 2016 había finalizado con un resultado negativo de $2.400 millones. Con las recientes medidas de ajuste, el Grand Bourg aspira a reducir un 50 por ciento el déficit el próximo año, pero advierten que el condicionante será la negociación salarial.
Las cifras fueron expuestas a El Tribuno por el jefe de Gabinete de la Provincia, Fernando Yarade, quien remarcó que se avanzará con la implementación de acciones para evitar que los gastos crezcan por arriba de los ingresos, una pauta enmarcada en el consenso y la responsabilidad fiscal que asumieron las provincias.
El congelamiento de sueldos de los funcionarios jerárquicos hasta el 31 de diciembre de 2018, la revisión de los contratos y la evaluación de las personas que hoy se desempeñan como planta política para determinar su continuidad son algunas de las medidas que ya se implementaron junto a la reducción de un 20 por ciento la estructura de gobierno.
En 2015, según consignó Yarade, el déficit fiscal fue de $1.400 millones y en 2016, de unos $2.400. Este año se llegó a un pico de $4.500 millones. El Presupuesto prevé para el 2018 un resultado negativo de $2.400 millones, aunque Yarade sostiene que la situación podría empeorar ya que no están consideradas las futuras paritarias.
Entre 2010 y 2016, los recursos para el pago de salarios crecieron un 674 por ciento, mientras que los recursos totales que manejó el Gobierno provincial en ese lapso se incrementaron un 512 por ciento.
En 2010 se ejecutaron partidas por $6.507 millones y $2.681 millones se destinaron a los trabajadores estatales. En 2016, las erogaciones totales, según los datos publicados por la Oficina Provincial de Presupuesto, fueron por $39.863 millones, con una partida de $20.772 millones para la masa salarial.
En el Boletín Oficial, por cierto, se siguen publicando largas listas de designaciones o prórrogas de contratos. El peso de los salarios en el gasto público salteño superó el 50 por ciento en los últimos años.
Yarade admitió que la alta concentración de recursos en el pago de salarios limita otras prestaciones del Estado para la sociedad, como el servicio de agua y asignaciones para el desarrollo económico.
Aguas del Norte, por caso, tiene un déficit operativo de 17 millones de pesos mensuales. La empresa, que volvió a manos del Estado en 2009, gastará el próximo año más de 48 millones de pesos mensuales en personal. El presupuesto prevé para la Compañía de Agua y Saneamiento unos 762 cargos. De los $1.336 millones asignados para la prestataria del servicio de agua, 636 millones se consignarán como salarios.
El Gobierno tomó una deuda por $400 millones esta semana para obras de Aguas del Norte y el actual presidente de esa empresa, Lucio Paz Posse, ya adelantó que se buscarán más recursos en organismos nacionales e internacionales, además de subir la tarifa, que hoy suma quejas en los barrios.
Si bien no tienen en sus funciones realizar construcciones o dar otras prestaciones, algunos organismos descentralizados y entes autárquicos tienen para el 2018 una elevada incidencia de los salarios sobre el total de recursos que manejan.
En el Ente Regulador de los Juegos de Azar, las partidas para sueldos llega al 80 por ciento; en la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), a un 83 por ciento y en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), al 61 por ciento.
El jueves, la Provincia tuvo que afrontar el pago de $2.100 millones para cancelar deudas que se originaron por la emisión de letras del Tesoro. Esa forma de financiamiento le permitió al Gobierno hacer frente a gastos corrientes como el pago de remuneraciones, pero las operaciones implicaron intereses por $372 millones, que contribuyen a poner más en rojo las cuentas públicas.
En una entrevista que el gobernador Urtubey dio a El Tribuno el 12 de diciembre, dijo que se buscarán otras herramientas financieras. El jueves, la Casa Rosada le dio una ayuda económica a la Provincia por $1.1000 para levantar las letras emitidas, pero funcionarios nacionales podrán monitorear las cuentas provinciales.