Hay solo 18 psiquiatras en los hospitales de la provincia

La salud mental ha sido una histórica olvidada por el Estado. La ley 26.657, sancionada en 2010, propuso un cambio de paradigma, según el cual los pacientes -ahora usuarios- tienen a la internación como última alternativa. Se busca que los antiguos manicomios sean transformados en centros donde las personas con algún padecimiento mental encuentren un lugar de contención y apoyo para volver a vivir en la sociedad de manera integrada, ya sea con su familia o de manera independiente, pero siempre con un acompañamiento de profesionales de la salud.

Según datos de julio de 2016 de la Secretaría de Salud Mental de la Provincia, hay solo 11 psiquiatras repartidos en 75 centros hospitalarios del territorio provincial. Otros siete forman parte del plantel del hospital de Salud Mental Miguel Ragone. Estos profesionales trabajan en equipos interdisciplinarios junto con, al menos, un psicólogo, un trabajador social y un enfermero profesional. Esto significa que en los hospitales públicos de la provincia de Salta hay un psiquiatra cada más de 74 mil habitantes.

Si bien los recursos con los que cuenta la cartera de Salud Mental no son abundantes, se ha trabajado para capacitar a referentes en salud mental, que son integrantes del equipo interdisciplinario que pueden atender a una persona con padecimiento mental y luego hacer la derivación correspondiente. Además se ha formado a promotores de salud, que ahora rondan las 45 personas, que están preparadas para detectar factores de riesgo en las comunidades.

Sumado a eso, hace un año han diseñado un sistema de referencia y contrarreferencia para no sobrecargar al Ragone. Así, se analiza la situación de cada usuario para ver si, una vez compensado, puede volver a su casa o permanecer por el tiempo necesario, en el hospital que le corresponde.

Los equipos de Salud Mental que trabajan en la provincia realizan tareas de promoción y prevención, que implican tallares para la comunidad sobre temas como salud sexual y cuidados de la salud, como la alimentación.

Metán, Tartagal y Gûemes son los municipios del interior que cuentan con un psiquiatra.

La mayoría de las personas con padecimientos mentales son del género masculino. Los profesionales de la salud asocian esta situación con características culturales: mientras las mujeres, ante un problema, tienden a pedir ayuda y hablar, a los hombres les cuesta más hacerlo. Esto se condice también con la cantidad de suicidios y de intentos. Se estima que, por cada episodio de mujer, hay tres de varones.

Sonia Guanca, trabajadora social del hospital Ragone, reconoció la importancia de las gestiones que se hicieron para que las personas con padecimiento mental tuvieran acceso a una pensión. Esto les permite alquilar una habitación, ayudar en la casa con sus gastos, moverse y hacer talleres o cursos.

Blanca Yolanda Agero, presidenta de la Asociación de Madres y Padres por el Derecho a la Familia (Amapadefa), lamentó sin embargo que el trámite de renovación de los certificados de discapacidad demore mucho tiempo. Los turnos se dan con hasta más de seis meses de espera y durante ese período muchas personas no pueden cobrar su pensión.

Pablo, hijo de Blanca, tiene 36 años, padece esquizofrenia, nunca estuvo internado y sueña con tener una fonoteca.

La salud mental ha sido una histórica olvidada por el Estado. La ley 26.657, sancionada en 2010, propuso un cambio de paradigma, según el cual los pacientes -ahora usuarios- tienen a la internación como última alternativa. Se busca que los antiguos manicomios sean transformados en centros donde las personas con algún padecimiento mental encuentren un lugar de contención y apoyo para volver a vivir en la sociedad de manera integrada, ya sea con su familia o de manera independiente, pero siempre con un acompañamiento de profesionales de la salud.

Según datos de julio de 2016 de la Secretaría de Salud Mental de la Provincia, hay solo 11 psiquiatras repartidos en 75 centros hospitalarios del territorio provincial. Otros siete forman parte del plantel del hospital de Salud Mental Miguel Ragone. Estos profesionales trabajan en equipos interdisciplinarios junto con, al menos, un psicólogo, un trabajador social y un enfermero profesional. Esto significa que en los hospitales públicos de la provincia de Salta hay un psiquiatra cada más de 74 mil habitantes.

Si bien los recursos con los que cuenta la cartera de Salud Mental no son abundantes, se ha trabajado para capacitar a referentes en salud mental, que son integrantes del equipo interdisciplinario que pueden atender a una persona con padecimiento mental y luego hacer la derivación correspondiente. Además se ha formado a promotores de salud, que ahora rondan las 45 personas, que están preparadas para detectar factores de riesgo en las comunidades.

Sumado a eso, hace un año han diseñado un sistema de referencia y contrarreferencia para no sobrecargar al Ragone. Así, se analiza la situación de cada usuario para ver si, una vez compensado, puede volver a su casa o permanecer por el tiempo necesario, en el hospital que le corresponde.

Los equipos de Salud Mental que trabajan en la provincia realizan tareas de promoción y prevención, que implican tallares para la comunidad sobre temas como salud sexual y cuidados de la salud, como la alimentación.

Metán, Tartagal y Gûemes son los municipios del interior que cuentan con un psiquiatra.

La mayoría de las personas con padecimientos mentales son del género masculino. Los profesionales de la salud asocian esta situación con características culturales: mientras las mujeres, ante un problema, tienden a pedir ayuda y hablar, a los hombres les cuesta más hacerlo. Esto se condice también con la cantidad de suicidios y de intentos. Se estima que, por cada episodio de mujer, hay tres de varones.

Sonia Guanca, trabajadora social del hospital Ragone, reconoció la importancia de las gestiones que se hicieron para que las personas con padecimiento mental tuvieran acceso a una pensión. Esto les permite alquilar una habitación, ayudar en la casa con sus gastos, moverse y hacer talleres o cursos.

Blanca Yolanda Agero, presidenta de la Asociación de Madres y Padres por el Derecho a la Familia (Amapadefa), lamentó sin embargo que el trámite de renovación de los certificados de discapacidad demore mucho tiempo. Los turnos se dan con hasta más de seis meses de espera y durante ese período muchas personas no pueden cobrar su pensión.

Pablo, hijo de Blanca, tiene 36 años, padece esquizofrenia, nunca estuvo internado y sueña con tener una fonoteca.