La Sala I de la Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento del exministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, por la compra irregular de trenes a España y Portugal.
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La Sala I de la Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento del exministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, por la compra irregular de trenes a España y Portugal.
El juez federal Julián Ercolini había dispuesto el procesamiento del exfuncionario por los delitos de cohecho y administración fraudulenta y le trabó un nuevo embargo de 100 millones de pesos.
Se trata del tercer procesamiento que recayó sobre De Vido: antes había sido procesado por la tragedia ferroviaria de Once y por incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública al no haber renegociado contratos ferroviarios de transporte de pasajeros. Por esta causa está detenido en el penal de Ezeiza el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y su entonces asesor Manuel Vazquez.
La compra de material ferroviario a España y Portugal se produjo entre 2005 y 2012 y se pagaron 100 millones de euros, aunque un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) remarcó que casi la mitad del material estaba en desuso por ser chatarra.
Al prestar declaración indagatoria ante Ercolini, De Vido había presentado un escrito en el que señalaba que él estaba fuera de la competencia en lo que hace a la confección de los contratos y responsabilizó a la a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El 15 de marzo pasado, el fiscal federal Federico Delgado había pedido que Jaime y Vázquez fueran a juicio oral y público por presunto pago de sobreprecios y cobro de sobornos en la compra de trenes a España y Portugal: De Vido no había sido incluido en el requerimiento porque aún no estaba definida la ratificación del procesamiento.
Mediante un requerimiento presentado ante el juez Ercolini, el fiscal Delgado también había reclamado que la Procuración General del Tesoro "evalúe iniciar las acciones legales de recuperación" de activos en función de la defraudación al Estado Nacional por la operación.
Según consta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) incorporado a la causa, en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171 por ciento, no se controló lo adquirido y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento por ser inutilizable, por lo cual está arrumbado en depósitos ferroviarios.